16 feb. 2015

La pobreza en América Latina.

--> publicado en La Jornada Morelos el 16 de febrero de 2015.
 
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan hoy el reto de seguir impulsando los avances significativos en la reducción de la pobreza y el desempleo, así como ampliar los incipientes progresos en la distribución del ingreso, junto con la consolidación democrática, la estabilidad macroeconómica y las políticas sociales. Dichos logros parecen estar encontrando límites, que se traducen en la disminución del ritmo o el estancamiento de los procesos de reducción de la pobreza y la indigencia (extrema pobreza), y de mejora de la distribución del ingreso, especialmente después de la crisis internacional de 2008.
María Nieves Rico, Daniela Trucco y Xavier Mancero coordinaron la elaboración del documento “Panorama Social de América Latina 2014” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (LC/G.2635-P), Santiago de Chile, 2014). Presentan las mediciones de la CEPAL de la pobreza por ingresos y se analiza la pobreza desde una perspectiva multidimensional. La aplicación de estos dos enfoques a los datos sobre los países de la región permite reforzar la idea de que, más allá de los avances logrados en la última década, la pobreza persiste como un fenómeno estructural que caracteriza a la sociedad latinoamericana.
            La tasa de pobreza por ingresos de América Latina en 2013 fue de un 28.1 por ciento de la población, en tanto que la indigencia, o pobreza extrema, alcanzó el 11.7 por ciento, indica el documento. Estos porcentajes equivalen a 165 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 69 millones son personas en situación de pobreza extrema. Estos valores dan cuenta de que la tasa de pobreza y de indigencia se mantuvieron sin diferencias significativas con respecto a los niveles observados en 2012.
En comparación con las cifras de 2002, período en que se registró el valor más alto de los últimos 15 años, la caída acumulada de la pobreza por ingresos es de casi 16 puntos porcentuales, de los cuales 10.4 puntos porcentuales corresponden a la disminución lograda hasta 2008, a una tasa anual del 1.7 por ciento, plantea el documento. Entre 2008 y 2013, el ritmo de descenso fue más modesto y la caída acumulada fue de 5.4 puntos porcentuales, lo que equivale a una tasa anual del 1.0 por ciento; desde 2011 en adelante, se observa un estancamiento de la tasa de pobreza regional en torno al 28 por ciento. En lo que respecta a la pobreza extrema, se registró una trayectoria similar. Se produjo una caída de 6.4 puntos porcentuales entre 2002 y 2008, y de 1.2 puntos porcentuales desde este último año hasta 2013. En forma similar a lo ocurrido con la tasa de pobreza, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema se ha mantenido entre el 11 y el 12 por ciento durante el último trienio.
En lo que respecta a la evolución de la pobreza por país, el documento destaca que entre 2006 y 2012 sólo dos países tuvieron un incremento en el porcentaje de pobres e indigentes: Honduras pasó de 68.9 a 69.2 por ciento, y se mantuvo en 45.6 por ciento, respectivamente, y México que pasó de 31.7 a 37.1 por ciento y de 8.7 a 14.2 por ciento, respectivamente.
El documento expone los resultados de la aplicación de un índice multidimensional de pobreza en 17 países de América Latina. Este índice representa un avance con respecto a la exploración de dimensiones y umbrales de pobreza efectuada en la edición 2013 del “Panorama Social” y constituye el resultado de una colaboración entre la CEPAL y Oxford Poverty & Human Development Initiative.
El índice que presenta el documento tiene como principales novedades: i) la agregación de dimensiones no monetarias y monetarias, de manera de minimizar los errores de inclusión y exclusión en la identificación de las personas pobres; ii) la consideración de privaciones en materia de empleo y protección social, ampliando las dimensiones que se utilizan para medir la pobreza, junto con la incorporación de un indicador de rezago escolar, y iii) nuevos umbrales de privación para dimensiones usualmente empleadas en la medición de la pobreza, a fin de contar con estándares más actualizados de la realidad latinoamericana.
El procedimiento para construir este índice, según el documento, consiste en: i) seleccionar las dimensiones e indicadores y ponderarlos; ii) fijar el umbral de pobreza multidimensional (k) o la proporción de privaciones (ponderadas) que una persona debe evidenciar para ser identificada como pobre, y iii) calcular el puntaje de privación de cada persona y determinar, según el contraste entre su puntaje y el valor de k, si es pobre o no en términos multidimensionales.
En todos los países se produjo una caída de la incidencia de la pobreza multidimensional entre 2005 y 2012, establece el documento. Las bajas más notorias tuvieron lugar en Argentina, Uruguay, Brasil,  Perú, Chile y Venezuela, y fueron equivalentes a una disminución del índice mencionado del 7 por ciento o más por año, mientras que en El Salvador, México, Honduras, y Nicaragua se registraron caídas de sólo el 1 por ciento o menos por año.
En la región existen notables diferencias de un país a otro, no solo en cuanto a la cantidad de recursos que efectivamente pueden movilizar hacia los sectores sociales, sino también respecto del esfuerzo macroeconómico que representa el presupuesto público social, apunta el documento. Naturalmente, la capacidad de dar mayor prioridad macroeconómica al gasto social depende de un sinnúmero de variables económicas, políticas y sociales. Una de las variables determinantes son los ingresos fiscales, que imponen un cierto límite al presupuesto total. En 1990-1991 (o el período más cercano con datos disponibles), países como el Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Trinidad y Tobago destinaron menos del 7 por ciento del PIB a los sectores sociales; por el contrario, Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela destinaron a estos sectores un 15 por ciento o más.
En Morelos, debemos hacer una mejor planificación de los gastos, junto con el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de evaluación, que apunten a aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, ya que los márgenes actuales de expansión del gasto son menores. Los ahorros así obtenidos, junto con una transferencia del presupuesto contra el combate a la violencia, se deberían aplicar para apoyar a los 110,000 morelenses que se encuentran en situación de extrema pobreza por ingresos.