28 jul. 2014

Participación de las mujeres indígenas.

publicado en La Jornada Morelos el 28 de julio de 2014.

El avance de la democracia, el progreso hacia la plena igualdad y el ejercicio de los derechos sin restricciones en América Latina será posible si se asegura la visibilidad y participación efectiva de aquellos grupos y personas que siempre han sido excluidas y discriminadas, tal como ocurre con las mujeres indígenas. Sólo de este modo será posible que las democracias del siglo XXI sean expresión de la valoración de la diversidad. Así, se debe seguir avanzando en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, considerando los estándares mínimos que rigen a nivel mundial, y que para los pueblos y mujeres indígenas se sintetizan en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

            Dirk Jaspers-Faijer, director del CELADE-División de Población, y de Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género, ambos de la CEPAL, coordinaron el estudio “Mujeres indígenas: nuevas protagonistas para nuevas políticas” (LC/L.3842, CEPAL, 2014). Éste aborda de manera diversos ámbitos de información de las mujeres indígenas y presenta un panorama regional sobre las mujeres indígenas en relación a su autonomía física, socioeconómica y adopción de decisiones; así como sus dinámicas demográficas particulares, su situación de vulnerabilidad demográfica, su distribución territorial y sus migraciones.

            El documento plantea que la construcción de estadísticas sobre los pueblos indígenas deberá tener en cuenta las diferentes cosmovisiones, tanto las de los propios pueblos como las de la sociedad dominante. Se debe trata de diseñar instrumentos con preguntas y categorías pertinentes para la realidad y los intereses de cada pueblo. La complejidad de la construcción cultural de género en los pueblos indígenas es un tema muy poco explorado en la literatura sobre estas mujeres. En general, la producción de conocimiento sobre las relaciones de género y la situación de desigualdad de las mujeres las ha hecho invisibles y, por ende, la información disponible es insuficiente para la adopción de decisiones en materia de políticas públicas sólidamente fundadas.

Las distintas formas de ser mujer en el mundo indígena están conformadas por las construcciones particulares de género de los pueblos a los que pertenecen, por las diversas realidades socio territoriales de cada uno de ellos, así como por las adecuaciones en relación con la sociedad dominante, asegura el estudio. Por eso, las mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo, sino que presentan una gran diversidad de situaciones, necesidades y demandas. Los Estados están obligados a asumir la necesidad de generar políticas que tomen en cuenta la heterogeneidad de las mujeres indígenas de la región en la respuesta a su amplia gama de demandas en relación al empleo, la salud, la educación y el cuidado. En este sentido, las metodologías desarrolladas por las propias mujeres indígenas permiten visibilizar las relaciones de poder dentro y fuera de las comunidades, utilizando principios de su cosmovisión, pero también cuestionando los elementos de ella que generan la violencia.

Las dinámicas demográficas deben ser tomadas en cuenta en el diseño y la aplicación de políticas y en la asignación de recursos para responder a la amplia gama de demandas, señala el estudio. Por tratarse de una población con una estructura por edades afectada por las condiciones de la migración hacia las ciudades, se plantean importantes desafíos sociales que pueden implicar no sólo ampliar la infraestructura sanitaria, la cobertura del sistema educativo y de salud, la oferta de viviendas y servicios básicos, sino también la necesidad de incorporar un enfoque intercultural y de derechos humanos en estas políticas. El difícil acceso a la educación formal e informal es otro de los aspectos que las mujeres indígenas identifican frecuentemente como una limitarte para la participación, y que se deriva de un escenario histórico marcado por el racismo y la discriminación. La falta de formación se vincula también con las barreras lingüísticas que afrontan y la falta de acceso a las nuevas tecnologías de la información.

Las acciones afirmativas de carácter legislativo sobre equidad de género y paridad étnica, incluyendo la reglamentación de leyes de cuotas, representan una de las medidas contra la discriminación de las mujeres indígenas en la política formal, propone el estudio. Sin embargo, la situación de racismo y discriminación estructural histórica, acentuada por el patriarcado, crean una realidad tan compleja de abordar que es necesario pensar en estrategias integrales, que incluyan diferentes aspectos para incrementar la participación política de las mujeres indígenas en distintos niveles de toma de decisiones. Es preciso diseñar e implementar instrumentos de monitoreo del marco que regula su participación política, a fin de conocer los avances y los obstáculos en el proceso. Así, enfrentar la situación de discriminación y exclusión que viven las mujeres indígenas requiere abordar de un modo integrado la perspectiva de género con la de los pueblos indígenas y considerar el concepto de bienestar desde la mirada de los pueblos y, a la vez, su situación dentro de las comunidades, sus prioridades y necesidades, incluyendo el acceso y control de los territorios. Además, explorar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres indígenas, mediante el estudio contextualizado de la forma en que las normas y los valores culturales y simbólicos producen y reproducen las diferencias de género, es central para la implementación de las políticas públicas destinadas a terminar con la discriminación étnica y de género.

Es fundamental que las mujeres indígenas se incorporen de manera explícita en la formulación de políticas públicas en este tema. Y, sin el respeto y la garantía del ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, no será posible alcanzar la tan anhelada igualdad que se persigue esta región. Así, las políticas orientadas hacia las mujeres indígenas requieren, según el documento: articular las políticas de género y las políticas hacia los pueblos indígenas; considerar la interculturalidad y la construcción de género de los pueblos indígenas; considerar las dinámicas demográficas de las mujeres indígenas: estructura de edades, migración, fecundidad; atacar el racismo y la discriminación, enfrentando las diversas expresiones de la violencia contra las mujeres indígenas; generar más información y de mejor calidad sobre las mujeres indígenas; visibilizar las relaciones de poder y de género al interior de las comunidades indígenas enfrentando la violencia en contra de las mujeres indígenas; tener presente su heterogeneidad socio-territorial y sus necesidades y demandas; mejorar el acceso a la educación formal e informal y al conocimiento de su propia lengua; apoyar la políticas de empleo que eviten la segregación ocupacional, la discriminación salarial y la inseguridad laboral; e incentivar la participación política y la paridad étnica y de género mediante la ley de cuotas y otros mecanismos.

            En Morelos, debemos diseñar y construir sistemas de información sobre las necesidades de las mujeres indígenas, que nos permitan establecer e implantar políticas públicas para que ellas participen directamente en la construcción de su bienestar en el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

21 jul. 2014

Innovación gubernamental.

publicado en la Jornada Morelos el 21 de julio de 2014.

Los gobiernos federal, estatales y municipales siempre enfrentan la demanda ciudadana por más y mejores servicios y, en consecuencia, deben también afrontar la presión por alcanzar mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, siempre insuficientes. Esto requiere crear una situación propicia para idear soluciones nuevas para problemas públicos; es decir, para la innovación pública, entendida como un proceso continuo que lleva a la creación de nuevos servicios o nuevas formas de entrega de los servicios existentes, a nuevas políticas, metodologías administrativas y sistemas de información. La innovación debe ser parte no sólo del sector privado, sino también debe ser fundamental en el quehacer público.

Thiago Alvim, Alejandro Barros, Alejandro Pareja y María Inés Vásquez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), escribieron el documento “GobernArte: el arte del buen gobierno.  Experiencias innovadoras de gobiernos subnacionales en la gestión de trámites para ciudadanos y empresas” (Nota técnica del BID; 662. Mayo 2014). En él se describen tres procesos innovadores para la mejora de la gestión y, a partir de estos casos, se identifican los principales resultados y su impacto en los ciudadanos y empresas de sus respectivos Estados, para puntualizar algunos de los desafíos que dichos procesos innovadores deben afrontar para su consolidación.

Los gobiernos deben ser proactivos en la generación de ambientes propicios para la innovación, facilitando que las buenas ideas para el sector público se transformen en productos y resultados. En esta línea, el documento establece que se deberían promover las siguientes estrategias: reducción de la aversión al riesgo, típica en los funcionarios con poder de decisión; líderes comprometidos con la innovación; flujo libre de información dentro de una agencia y entre agencias; sistematización de la innovación incorporando a la estrategia de la organización una estrategia para el desarrollo de la innovación; reclutamiento de perfiles más diversos (en formación, experiencia, habilidades y formas de pensar); análisis, discusión y diseminación del aprendizaje surgido de las innovaciones no exitosas; colaboración entre agencias; establecimiento de redes de colaboración y alianzas con los ciudadanos, la academia, las empresas y las organizaciones no gubernamentales; creación de comunidades de práctica; instrumentación de canales de innovación para viabilizar el potencial innovador de los funcionarios; adaptación de la normativa, especialmente la de compras publicas; y evaluación permanente de nuevas tecnologías para definir si corresponde incorporarlas.

El proceso de innovación en el sector público está, en el plano internacional, muy poco institucionalizado, asegura el documento. Esto quiere decir que, si bien se vienen desarrollando innovaciones, el proceso como tal no figura en los presupuestos, ni en los organigramas ni en los mapas de procesos y, por lo tanto, no se está sacando partido de todo su potencial. Los gobiernos más avanzados en este aspecto son Australia, Dinamarca y Finlandia, entre otros, y están intentando institucionalizar el proceso de innovación con enfoques bastante diversos. Más allá del mecanismo que se escoja para este propósito, sí parece haber cierto consenso respecto al tipo de soluciones que constituyen las innovaciones en la actualidad. Las tecnologías de la información (TI) continuarán cumpliendo un rol importante en las innovaciones, facilitando a los gobiernos la satisfacción de la demanda por servicios en línea, el avance en la personalización de la entrega de servicios (considerando las distintas necesidades de los individuos) y la reducción de costos.

Otra línea de innovación muy activa es la que se enfoca en la mejora del acceso a los servicios, procurando acercarlos todo lo posible a los usuarios, plantea el documento. De especial relevancia son los centros multiservicios basados en el paradigma de ventanilla única y la multicanalidad que permite mayor personalización en la entrega de los servicios. En cuanto a innovaciones relacionadas con la eficiencia, continúa avanzando el modelo de servicios compartidos, mediante el cual se racionaliza la infraestructura y los servicios a través de todo el Estado. Cada unidad ya no tendrá que adquirir servidores ni software de base, ni mantenerlos, sino que le serán brindados por el Gobierno central. Se trata de una aplicación del modelo cloud computing (computación en la nube) mediante el cual no solo se reducen costos y se gana en seguridad, sino que conlleva una mayor flexibilidad a la hora de reforzar o disminuir capacidades.

Las experiencias innovadoras muestran, según el documento, que los gobiernos deben buscar nuevas formas de relacionarse con sus ciudadanos, más cercanas, menos verticales y que tengan como base la adecuada identificación de sus requisitos. Estas experiencias comparten algunas características que invitan a pensar en algunos de los elementos que deberían estar presentes en un proceso innovador en la gestión pública. En primer lugar, apoyarse en prácticas de gestión modernas, que promuevan el trabajo en equipo y la colaboración interinstitucional, y faciliten la toma de decisiones para adecuar la gestión y prestación de los servicios a nuevos estándares de calidad. En segundo lugar, contar con equipos técnicos sólidos que puedan abrir y mantener un espacio dentro de las administraciones para sus respectivos proyectos. Estos equipos, con el respaldo de las autoridades del más alto nivel, logran mostrar desde un inicio los beneficios que traerían las innovaciones tanto a los funcionarios involucrados en la gestión de los proyectos como a las altas autoridades. En tercer lugar, es clave la identificación de soluciones tecnológicas que se adecuen a las necesidades de cada Estado y a la realidad de cada gobierno, privilegiándose el uso de software libre o desarrollados internamente por sus equipos técnicos. Finalmente, tener como eje a los ciudadanos, al identificar las principales demandas ciudadanas en materia de trámites y servicios, y diseñar las soluciones que las atiendan más apropiadamente.
            En Morelos, debemos diseñar y ejecutar un amplio programa de innovación gubernamental que permita cambiar la cultura de la administración pública y que tenga como objetivo el logro de resultados de manera eficaz, eficiente, transparente y con solvencia.

14 jul. 2014

Acciones inmediatas contra el Cambio Climático.

publicado en la Jornada Morelos el 14 de julio de 2014.

Achim Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha planteado: Si alguien propone que se podrían salvar cada año alrededor de 2.5 millones de vidas, reducir las pérdidas agrícolas globales anuales en casi 30 millones de toneladas y frenar el cambio climático en cerca de medio grado Celsius... ¿qué harías? Actuar, por supuesto… También, Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ha escrito que vivimos en un planeta cuya temperatu­ra global es la más alta de los últimos 11,000 años, como resultado, en buena medida, de las actividades humanas, y que México es uno de los países más vulnera­bles a los efectos de tal transformación. ¿Por qué los gobiernos, las sociedades y los individuos no actúan decididamente? Tal vez, porque hemos sido educados para que nuestras acciones tengan beneficios de corto plazo y, en general, pensamos que cambiar la tendencia del calentamiento global será el resultado de largo plazo de nuestras acciones cotidianas. Sin embargo, sí es posible actuar y alcanzar beneficios ya.

La Coalición de Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes de Vida Corta (CCAC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático publicaron la traducción al español del documento “HORA DE ACTUAR para reducir los contaminantes climáticos de vida corta” (http://www.unep.org/spanish/ccac/). Este documento destaca que para el combate al Cambio Climático existen esfuerzos con efectos identificables a corto plazo y destaca la reducción de los llamados contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), como el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y muchos hidrofluorocarbonos (HFC).

El documento identifica a cada uno de estos CCVC. El carbono negro es el componente principal del hollín. Se produce como resultado de la combustión incompleta de los combustibles fósiles y de la biomasa en motores diesel; por la quema residencial de combustibles sólidos, como el carbón, la madera y el estiércol, y en algunas instalaciones industriales, como los hornos ladrilleros tradicionales. El metano (CH4) es un poderoso gas de efec­to invernadero con una vida atmosférica de aproximadamente doce años. Casi el 60 por ciento del metano proviene de acti­vidades humanas. La agricultura (cría de ganado y producción de arroz), la producción y la distribución de combustibles, y la gestión de residuos urbanos y aguas re­siduales, representan 97 por ciento de las emisiones antropogénicas globales de metano. El ozono (O3) se conoce como un gas secunda­rio porque no se emite directamente sino que se forma por la oxidación, producida por la luz solar, de gases precursores, como el metano (CH4), el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles que no provienen del metano (COVNM) y los óxidos de nitrógeno (NOx). El O3 troposférico es el principal com­ponente de niebla urbana y un oxidante al­tamente reactivo, que cuando se inhala puede causar bronquitis, enfisema, asma y dañar permanentemente el tejido pulmonar. Finalmente, los hidrofluorocarbonos (HFC) son poten­tes gases de efecto invernadero hechos por el hombre, y se usan en los aires acondicio­nados, proceso de refrigeración, retardantes de flama en espumas aislantes, disolventes y aerosoles.

            Una valoración coordinada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según el documento, identificó 16 medidas de mi­tigación de CCVC de aproximadamente ciento treinta controles ya existentes. Dichas medidas son, de acuerdo al documento: 1. Reemplazar estufas tradicionales de leña por estufas a base de combustibles más limpios (Gas Natural y LP); 2. Reemplazar las formas tradicionales de cocinar y calentar por estufas eficientes de leña; 3. Reemplazar estufas y fogones de leña con desperdicios de madera reciclada y aserrín; 4. Reemplazar piezas de carbón con ladrillos de carbón para cocinar y calentar; 5. Reemplazar los hornos de ladrillos artesanales con pozos verticales y hornos tipo Hoffman; 6. Reemplazar los hornos tradicionales de cocción con hornos modernos de recuperación; 7. Instalar filtros de partículas diesel para vehículos para carretera e industriales; 8. Eliminar vehículos diesel con altos niveles de emisiones; 9. Prohibir las quemas a cielo abierto de residuos agrícolas; 10. Airear intermitentemente los campos de cultivo de arroz anegados continuamente; 11. Reducir las emisiones de metano de ganado; 12. Desgasificar pre-mina y recuperar y oxidar del CH4 de las ventilaciones de aire provenientes de las minas de carbón; 13. Recuperar y usar el gas y las emisiones fugitivas de la producción de petróleo y gas natural; 14. Reducir las filtraciones en los ductos de transporte de gas a larga distancia; 15. Separar y tratar residuos municipales biodegradables y colectar gas residual; y 16. Modernizar el tratamiento de aguas residuales con recuperación de gas y control de flujo excesivo.

            La implementación completa de estas 16 medidas para 2030, establece el documento, podría prevenir una pro­porción significativa de las seis millones de muertes anuales que se estima guardan re­lación con la contaminación del aire, así como evitar pérdidas anuales que podrían superar las 135 millones de toneladas provenientes de las cuatro principales cosechas anuales, lo que representa un incremento de hasta 4 por ciento del total de produc­ción mundial anual. También, sería posible evitar  del orden de 0.5 °C de calentamiento global adicional para 2050 y 0.7 °C en el Ártico para 2040. Esto podría dis­minuir el actual crecimiento del calentamiento global a la mitad para 2050 y a dos tercios en el Ártico para 2040. Asimismo, reducir las perturbaciones en los patrones de lluvia daría lugar a monzones más estables; desacelerar el derretimiento de los glaciares representaría menores interrupciones en las corrientes oceánicas y un aumento no tan se­vero en los niveles del mar, las inundaciones y marejadas; y reducir la contaminación del aire ayudaría a preservar ecosistemas clave, como la selva amazónica. Además, evitar el crecimiento de los HFC con más potencial de calentamiento a nivel global, podría evitar un 0.1 °C adicional de calentamiento global para 2050 y hasta 0.5 °C para 2100.

            En Morelos, debemos poner en marcha op­ciones rentables y a la mano para enfrentar los CCVC, como prevenir las emisiones de carbono negro de motores diesel y de los hornos ladri­lleros; aprovechar el metano de los vertederos de desechos orgánicos como fuente de energía y el uso de nuevas tec­nologías para evitar el uso de los HFC. Lo que proporcionaría beneficios extraordinarios a corto plazo en términos de salud pública, seguridad alimentaria y protec­ción del clima.

7 jul. 2014

Articulación entre plan y presupuesto

publicado en La Jornada Morelos el 7 de julio de 2014.

Desde un punto de vista conceptual no es posible un divorcio entre un plan y un presupuesto, pues carece de sentido definir un qué sin que exista un con qué. También, carece de sentido establecer un gasto sin un por qué, cómo, cuándo, dónde y quién lo ejercerá. Lo que usualmente sucede es que cuando se elabora un presupuesto, las prioridades de gasto están definidas por el plan, pero no ese plan que está publicado y aprobado como mera formalidad político-administrativa; sino por otro plan, que está en la mente de las autoridades, muy condicionado por la coyuntura política y económica del gobierno.
Jorge Máttar, director, y Daniel E. Perrotti, funcionario, ambos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), editaron el documento “Planificación, prospectiva y gestión pública: Reflexiones para la agenda de desarrollo” (ISBN 978-92-1-121831-2 e ISBN 978-92-1-056240-9, Número de venta S.14.II.G.13. LC/G.2611-P. Copyright © Naciones Unidas, 2014).  El documento consta de una colección de artículos que presenta puntos de vista diversos sobre la planificación y sus funciones en América Latina y el Caribe que, en la hora actual, deberían alinearse para fortalecer y acelerar el logro de los objetivos del desarrollo con igualdad.
            Uno de los capítulos fue escrito por Nelson Shack, quien fue director nacional de Presupuesto
Público en Perú y actualmente es consultor internacional, sobre la articulación entre el plan y el presupuesto. En él, establece que debiéramos tener presentes los siguientes aspectos fundamentales para un mejor proceso de articulación entre el plan y su presupuesto:
Se debe buscar potenciar sinérgicamente el cumplimiento tanto de las funciones del plan (resultado del proceso de planificación) como del presupuesto (resultado del proceso de presupuestación), señala el autor. Al respecto, recuerda que las funciones esenciales de la planificación son la prospección, la coordinación y la evaluación, en tanto que el presupuesto debe preservar  la solvencia fiscal de mediano plazo del sector público, promover una entrega eficiente de bienes y servicios públicos y asignar los recursos públicos de acuerdo con las prioridades gubernamentales. Sin embargo, en general, el gran ausente sigue siendo la prospectiva a largo plazo.
No cualquier plan puede articularse con cualquier presupuesto. Un presupuesto que sea totalmente inercial no podrá integrarse a un plan. De manera análoga, propone el autor, un presupuesto no podrá articularse con un plan que no se pueda operar, en el sentido de estar estructurado en prioridades y estrategias técnica y fiscalmente viables, de implementación sucesiva y ordenada, con objetivos esenciales, reducidos en número y objetivamente verificables a través de indicadores.
La articulación se produce en un contexto cultural, histórico e institucional determinado y con una dinámica distinta dependiendo del nivel jerárquico organizacional en que tenga lugar, apunta el autor. Por tanto, las aplicaciones informáticas, los sistemas administrativos, el registro de información y los diseños institucionales y organizativos deben reconocer estas diferencias para poder soportar un verdadero proceso de integración.
Dicha articulación depende de la existencia de un mínimo nivel de capacidad instrumental, que esté difundida y de la que la burocracia se haya apropiado. La existencia de un marco fiscal de mediano plazo suficientemente desarrollado y de un adecuado proceso de formulación presupuestaria, así como el uso de una apropiada clasificación programática del presupuesto son indispensables para tal articulación, según el autor. Es necesario que conceptos como marco lógico, línea de base, indicador de desempeño, análisis estratégico, articulación de políticas y programas, entre otros (así como su aplicación cotidiana en la gestión y en el proceso de toma de decisiones) sean categorías tan frecuentes en el lenguaje de los operadores como lo son las categorías presupuestales más típicas; por ejemplo, objeto de gasto, fuente de financiamiento, presupuesto institucional de apertura y otras similares.
En general, identifica el autor, que todo esfuerzo eficaz por implantar o mejorar los procesos de programación fiscal plurianual e incrementar su relevancia en el proceso de toma de decisiones públicas (con apropiados mecanismos de transparencia y comunicación a la ciudadanía) contribuirá a mejorar en la práctica los procesos de articulación entre el plan y el presupuesto.
            La articulación contará con un entorno más propicio en la medida en que se disponga de costos por actividades, indicadores de desempeño y mecanismos de monitoreo y evaluación de la gestión, y una orientación general de la administración hacia el logro de resultados para el desarrollo, considera el autor. La solución no requiere necesariamente dictar una ley, sino más bien empezar por cambiar los procesos de trabajo permanentes de la burocracia, orientándolos más hacia los resultados en el mediano y largo plazo. El refuerzo legal es necesario, pero no suficiente.
La articulación será más factible en la medida en que la institucionalidad asegure altos estándares de calidad y estabilidad de la burocracia, en particular de los mandos intermedios, opina el autor. Al final de cuentas, la integración es posible gracias al trabajo de las personas que conforman un servicio civil flexible y meritocrático.
            En Morelos, debemos reconocer que no se deben priorizar las inversiones sino los problemas que son necesarios resolver. De esa manera, las inversiones vinculadas a un plan de solución de los problemas priorizados se podrán alinear y ordenar naturalmente según criterios lógicos, como nivel de ejecución, estudios de preinversión, grado de pobreza de los beneficiarios, costo de operación y mantenimiento, entre otros.