30 jun. 2014

Avance Social en Morelos

publicado en La Jornada Morelos el 30 de junio de 2014.

Desde su creación en 2004, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo descentralizado cuyas atribuciones son normar y coordinar la evaluación de la política y los programas de desarrollo social; aprobar los indicadores de gestión, de servicios y de resultados de dichos programas; y determinar los criterios y lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza. La operación eficaz, eficiente, transparente y solvente de esta institución es de enorme relevancia para conocer porque México sigue teniendo a más de la mitad de su población en situación de pobreza. Es un deber social y moral identificar cómo están trabajando las instituciones y programas relevantes a este tema, con la finalidad de poder impulsar y multiplicar aquellos casos de éxito. Analicemos el avance social en Morelos.
            El CONEVAL publicó su reporte bienal que permite observar el proceso que han seguido las entidades federativas, analizar qué tanto han avanzado de 2011 a la fecha e identificar cuáles son las áreas de oportunidad en las que aún se debe trabajar para lograr la institucionalización de los elementos de monitoreo y evaluación (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas 2013.México, DF: CONEVAL, 2013). El objetivo de este documento es proporcionar información a las entidades federativas acerca del avance que presentan sus instrumentos de monitoreo y evaluación, mediante la identificación de los ejercicios realizados hasta el momento.
            El Estado de Morelos presentó un avance de 2011 a 2013 en el índice global. En 2011, registró un índice de 30.6 por ciento en la institucionalización de los instrumentos de monitoreo y evaluación. En 2013, logró un avance global de 38.9 por ciento, lo que significa un incremento de 27.1 por ciento respecto a 2011 de manera global. Sin embargo, a nivel nacional, pasó de la posición diecisiete en 2011 a la veinte en 2013. Es importante el cambio que ha tenido de un año a otro; sin embargo, Morelos no está avanzando en este tema tan rápidamente como los otros estados.
            Normativamente, el estado cuenta con elementos que dan pie al monitoreo y la evaluación de los programas de desarrollo social. A pesar de esto, identifica el Reporte, aún carece de regulación para ciertos instrumentos clave, como los criterios para la creación de programas nuevos y la información que deben contener los padrones, y debe trabajar en la regulación de un padrón único de beneficiarios y establecer la información que deben contener las reglas de operación; los requisitos que ha de cumplir el evaluador; los diversos tipos de evaluaciones que se pueden implementar; la publicación de éstas; el seguimiento a los resultados de las evaluaciones; la información que los indicadores de resultados y de gestión deben reportar; y el marco normativo relacionado con el área responsable de la evaluación.
            La Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos establece que, internamente, las dependencias y entidades deben evaluar en forma permanente sus programas. Esto genera que, al menos, las secretarías de Desarrollo Social, de Salud y de Educación tengan la atribución de evaluar programas relacionados con el desarrollo social. Sin embargo, el Reporte plantea, no hay esquema de coordinación entre estas dependencias. Por último, no se identificó evidencia pública y oficial de elementos de monitoreo y evaluación que hubieran desarrollado alguno de los tres organismos. Por otro lado, los elementos en materia de monitoreo y evaluación desarrollados han sido ejercicios desarticulados que no proporcionan información integral para la toma de decisiones. Por tanto, el reto que afronta Morelos es implementar los elementos que por ley se establecen, de tal modo que pueda obtenerse información oportuna de todas las intervenciones sociales para una toma de decisiones basada en los resultados alcanzados.
            El Reporte sugiere oportunidades de mejora para el Estado de Morelos y aquí presentamos cinco relevantes:
1.     Contar con criterios para la creación de programas nuevos ayuda a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos; en este sentido, se sugiere que el estado formule normativa para regular este elemento. Entre dichos criterios se encuentran: elaborar un diagnóstico de la problemática a atender; designar la dependencia encargada de operar el programa; establecer la vinculación del programa con el Plan Estatal de Desarrollo; incluir información del programa, como los objetivos, la población objetivo, el tipo de apoyos que se entregan, entre otra, así como los indicadores para el monitoreo y la evaluación de los programas.
2.     Normar e impulsar la creación de un padrón único de beneficiarios de los programas sociales, de tal manera que puedan identificarse la complementariedad o duplicidad de los apoyos brindados, así como referir los que provienen de la Federación y del Estado. Para esto, es necesario definir los criterios y lineamientos para su conformación a fin de que la información que brinden las dependencias para la integración del padrón sea homogénea.
3.     Si bien algunos programas cuentan con reglas de operación, es fundamental extender esta práctica a todos, así como determinar los criterios específicos y homogéneos para la elaboración de éstas. La difusión de las reglas de operación también permite transparentar el acceso a los programas.
4.     Dar continuidad a la práctica de presentar información sobre el presupuesto desglosado por programa y extenderla a todos los programas, puesto que es un factor necesario para implementar el presupuesto basado en resultados; ya que contar con esta información permite fijar metas y exigir resultados a la unidad responsable.
5.     En virtud de que el objetivo de evaluar es generar información para mejorar las políticas públicas, es recomendable poner en marcha un sistema de seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones, para retroalimentar el proceso de planeación y operación de las políticas públicas.
            En Morelos, debemos impulsar la creación de un sistema de monitoreo y evaluación del avance social, que requiere generar criterios y lineamientos que respalden su realización homogénea y sistemática, y definir a los actores encargados de su ejecución, así como las responsabilidades y los mecanismos de coordinación entre ellos. La tarea de monitoreo y evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social debería ser asignada a una sola área de gobierno con autonomía técnica.

23 jun. 2014

La pesca en 2030


publicado en La Jornada Morelos el 23 de junio de 2014.
Uno de los retos más importantes a nivel mundial es cómo alimentar a los 9 billones de personas que se proyecta vivirán en el año 2050. Es un problema que se debe resolver de forma conjunta entre autoridades, científicos, profesionistas y el público general, y al mismo tiempo deben de planearse las acciones con etapas intermedias, por ejemplo al 2030. Un hecho prometedor, aunque poco considerado, es el enorme potencial que tiene el pescado para asegurar la alimentación de los más pobres. Por un lado, la pesquería, en general, se ha dedicado a capturar pocas variedades, sobre-explotando las zonas más prometedoras del planeta. Por otro, la acuicultura en su mayoría cría variedades que sólo la clase media puede adquirir, aunque ha permitido que sea más accesible a los consumidores en todo el mundo. El desarrollo sustentable de esta industria requiere proteger las áreas naturales de captura y para cría, desarrollar tecnologías más eficientes y competitivas que se adapten a diversas condiciones locales y sean adoptadas en variadas condiciones socio-económicas, y lograr que sea un producto al alcance de los estratos más pobres de la sociedad.
El Banco Mundial publicó, en diciembre de 2013, un reporte sobre la pesquería y la acuicultura en el año 2030 (FISH TO 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. WORLD BANK REPORT NUMBER 83177-GLB. © 2013 International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank). El reporte utiliza modelos económicos para analizar la oferta y la demanda de pescado para consume humano y encontrar la tendencia en su balance mundial; así como las oportunidades, en especial de los países en desarrollo, para mejorar la gestión de las pesquerías y la acuicultura con la finalidad de cubrir la demanda de peces como alimento humano de manera sustentable.
Durante la últimas tres décadas, la producción de peces ha aumentado, tanto de pesquerías (69 a 93 millones de toneladas anuales) como de acuicultura (de 5 a 63 millones de toneladas anuales), señala el reporte. A nivel mundial y en 2011, el pescado representaba el 16.6 por ciento de la oferta de proteína animal y el 6.5 por ciento de toda la proteína para consumo humano. El pescado contiene un usualmente bajo contenido de grasas saturadas, carbohidratos y colesterol, y además provee no sólo proteínas de alto valor sino una amplia gama de micronutrientes esenciales, incluyendo vitaminas, minerales y omega-3. Incluso en pequeñas cantidades, una dieta con pescado puede lograr la seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, en algunos países y para ciertas especies, la acuicultura se expande a expensas del ambiente natural y la pesquería de captura utiliza tecnologías que logran grandes volúmenes con enormes ineficiencias y también daños al ambiente marino.
Con base en la tendencia de captura, en pesquería y acuicultura,  y consumo de pescado de 115 países o regiones y con un programa de simulación numérica que considera el crecimiento  y el ingreso de la población, este reporte ofrece una visión al año 2030 de la oferta y demanda de este alimento a nivel mundial, y permite analizar diferentes políticas públicas y el efecto de eventos relevantes. Los análisis consideran de manera permanente tres temas prioritarios: la salud de los cardúmenes para la pesquería de captura a nivel mundial; el papel de la acuicultura para completar la demanda de pescado no cubierta por la pesquería y, potencialmente, para reducir la presión en la oferta de pescado capturado por pesquería, y las implicaciones de cambios globales en los mercados de pescado, ya sea por el efecto del cambio climático en la producción o por el efecto del consumo en zonas como China o África sub-sahariana.
 El reporte establece que la acuicultura continuará cubriendo la creciente demanda global de pescado frente a una captura estable por las pesquerías. Para el año 2030, el modelo predice que la oferta de este alimento será cubierta en un 60 por ciento por la acuicultura y, a partir de esa fecha, dominará aún más a la captura por pesquería. Consecuentemente, es imperativo para la economía y la alimentación mundial asegurar un desarrollo exitoso y sustentable de la acuicultura global. La inversión en esta área debe considerar toda la cadena de valor industrial. Las políticas públicas deben proveer un ambiente de negocios que apoye la innovación tecnológica de la acuicultura, en áreas como insumos, genética y crianza, salud, procesamiento del producto, y mercadeo y distribución. También, es necesario que se desarrolle a la pesquería, tanto en su tecnología de captura y procesamiento como en reformas a la gobernanza que permitan recuperarse a las innumerables zonas sobre-explotadas del planeta.
            En Morelos, debemos impulsar con mayor decisión el fortalecimiento de la acuicultura, al establecer un programa científico, innovador y comercial. Se han logrado grandes avances en esta área. Sin embargo, tenemos los conocimientos, el clima y a los inversionistas necesarios para hacer que esta industria sea aún más destacada a nivel nacional y posicionarla como elemento fundamental de nuestra seguridad alimentaria y nutricional.  

16 jun. 2014

Democratización universitaria

publicado en la Jornada Morelos el 16 de junio de 2014.
-->
Un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una propuesta inclusiva para iniciar una reforma educativa en México. Establecieron que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.  En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. (Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime y Bárzana García, Eduardo (Coord.).(2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea].Primera edición [México]: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012. http://www.planeducativonacional.unam.mx). A continuación analizaremos con mayor detalle el papel de la universidad para el avance democrático.
Adriana Chiroleu, profesora titular de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario e Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en Argentina, publicó “Alcances de la democratización universitaria en América Latina”, en la Revista Iberoamericana de Educación, No. 65/1, 15 mayo 2014. En este artículo analiza los alcances concretos del proceso de democratización universitaria y el contenido que en diversos países latinoamericanos asume esta meta común. 
En las últimas décadas diversos gobiernos en América Latina han puesto énfasis en la profundización de la democratización de la educación superior asociada a menudo únicamente con la expansión cuantitativa, establece la autora. Una revisión teórica de las diversas modalidades y alcances de las políticas desarrolladas permite, sin embargo, identificar su carácter complejo, histórico y las múltiples interpretaciones de la palabra “democratización”. El concepto de democratización puede abordarse desde la perspectiva social, en sentido amplio o en sentido restringido. La primera acepción da cuenta de la extensión de algún derecho, o acceso a bienes, a un gran número de personas. Esto implica que la expansión -a secas- de este bien para que alcance a más sectores de la sociedad podría considerarse una forma de democratización. Sin embargo, advierte que esto debe relacionarse con la definición de educación que se tenga. Si por ésta se entiende un bien del que se extrae un beneficio (cualquiera que éste sea), acceder a un nivel de estudios del que se estaba excluido, supone democratización. Por sí mismo, este acceso no anula exclusiones anteriores ni supone que los diferentes grupos sociales tengan oportunidades equivalentes de obtener resultados similares en el tránsito educativo. La segunda acepción, lleva a una definición más restringida de democratización que pone el acento en la reducción de las desigualdades sociales. Aplicando el mismo razonamiento anterior, si los diplomas que se obtienen en las diversas instituciones habilitan oportunidades sociales y laborales diferentes, entonces aunque supongan una ampliación de los horizontes y las posibilidades de sus detentadores, no operarán sobre la desigualdad social. Se trataría entonces de un proceso de democratización parcial, incompleto o trunco.
            La igualdad de oportunidades que ofrece a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de su mérito, no busca reducir las desigualdades sino las discriminaciones, asegura la autora. Si todas las personas están igualadas en el punto de partida las posiciones jerarquizadas que se obtengan se consideran “justas” pues están abiertas a todos. Pero es notorio que las posibilidades de éxito de jóvenes provenientes de los sectores altos, medios y bajos, generalmente no resultan equivalentes.
Los sistemas de educación superior en Argentina, Brasil, México y Venezuela son claramente diversos en términos de cobertura, grado de diversificación y sector de gestión prevaleciente, entre otros, señala la autora. Comparten sin embargo una representación inequitativa de los diversos grupos socioeconómicos sobre la cual han procurado incidir en la última década especialmente las políticas anteriormente reseñadas. La democratización universitaria rescatada como meta de la política pública constituye aún un proyecto en ejecución, pero cabe resaltar el mayor compromiso de los gobiernos en el reconocimiento de la problemática universitaria.
La autora concluye señalando algunas cuestiones insoslayables para avanzar en este proceso: las exclusiones operadas en los niveles anteriores al superior se constituyen en un cuello de botella de importancia central; la política universitaria y la de las propias instituciones ha puesto el énfasis en el ingreso a los establecimientos y no en la generación de posibilidades similares de permanencia y egreso, lo cual se traduce en una menor representación entre los graduados de los jóvenes pertenecientes a los quintiles de menores ingresos familiares; se ha iniciado el tránsito de una atención de la demanda social como si la sociedad fuera homogénea, a una que procura salvaguardar los derechos de minorías tradicionalmente excluidas del nivel por causas económicas, étnicas u otras situaciones particulares; el aumento en el nivel de cobertura de la matrícula no opera per se en la reducción de las desigualdades sociales; la diversificación institucional frecuentemente viene acompañada de segmentación y diferenciación institucional (especialización social de las instituciones) y en este caso, se da una fuerte tendencia a la reproducción de las desigualdades sociales sin que se den a menudo transformaciones virtuosas; el apoyo económico a los estudiantes de sectores económicos desfavorecidos debe alcanzar un nivel adecuado para permitirle concentrarse en los estudios postergando el ingreso al mundo del trabajo; y la expansión institucional amplía la oferta pero si no se actúa sobre otras variables como la dualidad del mercado escolar, la calidad de los aprendizajes ofrecidos, los disímiles capitales escolares de los ingresantes y las diversas posibilidades de egreso del nivel, la expansión será sinónimo de inflación, manteniendo casi intactas las desigualdades vigentes.
            En Morelos, debemos acordar con precisión las visiones, objetivos y procesos de las instituciones educativas en los diversos niveles de formación. En ejemplo extremo, ni las primarias y secundarias deben otorgar cursos de licenciatura y posgrado, ni las universidades deben ofrecer materias de nivel básico. También, los problemas sociales que deben atender las universidades, tanto públicas, autónomas o no, como privadas, son de tal magnitud e importancia, que no deben invadir las esferas del gobierno, los partidos políticos o las organizaciones no gubernamentales. Las universidades cumplirán con su deber democratizador al aceptar a la mayor cantidad de alumnos con un nivel de conocimientos adecuado, al comprometer que sus funciones de investigación, docencia, extensión y gestión administrativa se realicen con el mayor rigor académico, profesional, transparencia y solvencia, y al establecer programas de enseñanza–aprendizaje equitativos socialmente que impulsen la igualdad.

9 jun. 2014

De la escuela al trabajo

publicado en La Jornada Morelos el 9 de junio de 2014


Durante la última década y a nivel mundial, se ha observado un deterioro significativo en las condiciones de inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. Si bien la juventud es un periodo que se caracteriza por la baja oferta laboral y la alta volatilidad, los sucesivos aumentos en la tasa de desempleo de este grupo demográfico y la elevada proporción de jóvenes que no estudian y tampoco trabajan han despertado el interés por encontrar las causas detrás de este problema fundamental.
Mariana Viollaz, investigadora del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, publicó el artículo “Transición de la escuela al trabajo. Tres décadas de evidencia para América Latina, en la Revista de la CEPAL, número 112, de abril 2014.
Realiza un análisis detallado de diversos indicadores laborales para 10 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela), que inicia con un breve repaso de la evolución de la oferta laboral de los jóvenes, y estudia el comportamiento de diversos indicadores del mercado de trabajo para jóvenes y adultos a lo largo de las últimas tres décadas, distinguiendo entre hombres y mujeres y entre niveles educativos.
            La autora destaca distintas características y dinámicas de los mercados laborales. En primer lugar, el análisis de la evolución de indicadores laborales reveló que la situación de los jóvenes se ha deteriorado en el transcurso del tiempo con una mejora hacia finales de la década de 2000. El periodo de transición entre la etapa de formación y el ingreso al mercado de trabajo se ha prolongado debido a la extensión de la etapa de estudios, pero la situación de los jóvenes que permanecieron en el mercado laboral se ha debilitado. A pesar de esta mejora en el nivel de calificación, la tasa de desempleo aumentó al igual que la tasa de informalidad, denotando el surgimiento o endurecimiento de barreras a la entrada del sector formal, que son particularmente difíciles de sortear para los jóvenes de bajo nivel educativo. Esto sugiere que los esfuerzos realizados para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo deben mantenerse para prolongar la recuperación. En segundo lugar, los jóvenes que enfrentan perspectivas desfavorables al entrar por primera vez al mercado de trabajo logran ingresar en una trayectoria típica del ciclo de vida laboral a medida que acumulan experiencia. Esto permite que los jóvenes pertenecientes a cohortes de nacimiento más actuales logren en la edad adulta mayores tasas de empleo, menores tasas de desempleo y un mejor salario horario que los adultos pertenecientes a cohortes anteriores. En el caso de la informalidad laboral, su nivel decrece al pasar de la juventud a la adultez, pero las generaciones más recientes no logran igualar el desempeño de generaciones pasadas, lo que indica la existencia de algún tipo de penalidad relacionada con la condición de informalidad en la juventud. Esto ocurre principalmente entre los individuos de nivel educativo primario. Aún cuando el empleo en el sector informal puede cumplir el papel de entrenamiento laboral y acumulación de experiencia, este análisis muestra que la experiencia en el sector informal durante la juventud puede no ser suficiente para generar la movilidad hacia empleos protegidos en la madurez.
El análisis desde una perspectiva de género reveló, según la autora, que las mujeres jóvenes se han incorporado al mercado de trabajo, pero la proporción de las que no estudian y tampoco trabajan sigue sobrepasando con creces el valor registrado por los hombres; y entre aquellas que participan activamente en el mercado de trabajo, su tasa de desempleo también supera el valor obtenido por ellos.
Las mejores perspectivas laborales de los jóvenes hacia fines de la década de 2000 repercutieron fuertemente en algunos casos entre las mujeres: la mejora salarial fue más marcada para ellas, al igual que la reducción en la informalidad laboral.
            La elevada tasa de desempleo de la población juvenil junto con un nivel de educación creciente también conduce a plantear un interrogante sobre la calidad del sistema educativo en la región, indica la autora. América Latina ha mostrado avances significativos en las últimas décadas en términos de acceso, pero también se ha detectado una mayor segmentación en resultados educativos y calidad de la oferta. En un contexto de acceso desigual a las oportunidades educativas es posible esperar que las inequidades sociales persistan e incluso se amplíen en la transición desde el sistema educativo al mercado laboral. Aquí se abre un espacio para la acción en el plano educativo, mediante medidas orientadas a ampliar y fortalecer la enseñanza en los niveles educativos iniciales y garantizar la formación para el trabajo como una manera de suavizar la transición al mundo laboral asegurando la adaptación a los cambios productivos y tecnológicos. Otra estrategia de empleo consiste en facilitar el crecimiento de emprendimientos o actividades productivas propias. La disminución de las limitaciones que impiden que los desempleados desarrollen una actividad propia representaría un apoyo a las iniciativas de los jóvenes, por ejemplo, mediante la eliminación de barreras legales y restricciones crediticias.
Por último, plantea la autora, es relevante que en toda política que se implemente se consideren las diferencias en la inserción y condiciones de empleo de hombres y mujeres y se eliminen aquellas que son una manifestación del fenómeno de discriminación en el mercado de trabajo.
            En Morelos, debemos considerar que la mejora en la calidad de la primera experiencia juvenil en el mercado de trabajo es fundamental. Aún cuando la creciente inestabilidad del mercado laboral atenta contra la necesidad de cierta permanencia en el empleo de los jóvenes, las medidas de políticas que logren afianzar la posición de éstos, en términos de estabilidad y calidad de sus empleos, tendrán efectos duraderos en el ciclo de vida de los individuos.

2 jun. 2014

Participación pública y planeación ambiental

publicado en La Jornada Morelos el 2 de junio de 2014


La participación pública se entiende como la incorporación de actores de los sectores gubernamental, empresarial, académico y de la sociedad civil, que estén interesados o afectados por un problema específico, y que tomen decisiones con la finalidad de formular y dar seguimiento a las políticas derivadas y en un espacio organizado desde la esfera gubernamental. En estos términos, la participación es tanto un medio como un fin, ya que procura un lugar para la negociación y permite la integración social. En la solución de problemas ambientales es imprescindible reconocer la necesidad de hacer efectivo este proceso.
Mariana Villada-Canela, del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, publicó el artículo “El rol de la información y la participación pública en la planeación ambiental”, en la revista Investigación Ambiental 2013, 5 (2). Este artículo examina la literatura sobre el uso y conocimiento de la información para la planeación ambiental y, además, contribuye al entendimiento y evaluación del papel de la información como un medio de validación de decisiones ya tomadas, un mecanismo para ejercer poder y exhibir los intereses en la participación, o una limitante ante la naturaleza técnica de la información ambiental.
            La información es una serie de datos generados mediante técnicas o a partir de la práctica, con significado y propósito. En la planeación ambiental, la información hace referencia al estado de los sistemas naturales y a la presión ejercida por los sistemas humanos, establece la autora. Se define también como la referente al estado, causas, consecuencias y soluciones del problema ambiental. Esta definición alude a una primera característica de la información ambiental: es la base de conocimiento que permite cambiar actitudes y prácticas, así como basar argumentaciones en la toma de decisiones.
            Existe una controversia entre la práctica y la teoría de la participación en la planeación ambiental y, con el fin de comprender de dónde surge, la autora explora tres orientaciones teóricas para la toma de decisiones: una derivada del paradigma positivista, una que lo complementa y otra que cuestiona ese positivismo. La primera privilegia el uso y conocimiento de la información como una forma de racionalizar el proceso decisorio. La segunda permite el aprendizaje y el equilibrio de los conflictos entre participantes. En cambio, la tercera muestra que en ocasiones pueden ser más fuertes las presiones de los grupos debido a un interés específico, al margen de la argumentación científica. Así, las diferencias entre estas tres orientaciones teóricas permiten contrastar lo observado en la práctica.
            Por un lado, la orientación positivista se relaciona con una toma de decisiones tecnocrática, apunta la autora. Los expertos aparecen representados como creadores de conocimientos que desempeñan importantes papeles en la definición de políticas y, por tanto, son legitimados en el tratamiento de temas controversiales. También, indica que la necesidad de consultar a los científicos es una evidencia del dominio tecnocrático y de la exclusión de actores que no son expertos y que no tienen preparación técnica, prevaleciendo así la racionalidad científica. Por otro, existe una orientación sustantiva que complementa a la positivista al tomar en cuenta sus limitaciones, en donde la apropiación y uso de la información tienen como objetivo incrementar el aprendizaje entre participantes. Esta orientación exhibe la función “iluminadora” en la toma de decisiones, proporcionando el conocimiento faltante, educando y cambiando la forma en que los actores piensan y resuelven el problema.  
            Ante lo anterior aparece una tercera orientación, derivada de la práctica. La autora presenta que el uso de la información está inmerso en normas sociales que lo hacen altamente simbólico y no siempre obedecerá a las orientaciones positivista y sustantiva porque: mucha de la información recopilada tiene poca relevancia para las decisiones; a menudo justifica decisiones ya tomadas o se genera después de haberla solicitado; hay quejas sobre su indisponibilidad e ignorancia de la que sí está disponible; o se genera más de la necesaria. Se sugiere entonces que la información es usada para otras razones que racionalizar la toma de decisiones o ser la base del aprendizaje de los participantes.
            La apropiación y uso de la información entre participantes para la toma de decisiones responde a estas tres orientaciones, propone la autora. Éstas sirven de base a la definición y el análisis del papel que desempeña la información cuando los participantes la usan, la poseen o se apropian de ella de acuerdo a sus fines. Los roles de la información en la planeación ambiental son tres. Primero, el instrumental, donde la elección de la información está basada en la mejor ciencia y datos relevantes para la identificación del problema ambiental, su valoración y la propuesta de alternativas de solución. Segundo, el conceptual, donde la aplicación o el uso de la información son indirectos y sirve para ampliar el conocimiento, la educación y la concientización sobre los problemas ambientales y decidir sobre ellos. Y tercero, el simbólico, que se subdivide a su vez en tres conceptos: de procedimiento, donde la información permite dar cumplimiento al marco legal e institucional, designar responsabilidades a funcionarios, grupos de interés y ciudadanos para demostrar que la toma de decisiones se realiza de forma racional y técnicamente competente; como recurso de poder, donde la información es un medio para mantener, evidenciar o alterar las relaciones de poder en la toma de decisiones; legitima puntos de vista, decisiones, derechos e intereses usando, rechazando o alterando la información; y el excluyente, donde la información se vuelve una condicionante de la participación al minar los argumentos de los menos instruidos técnicamente, mantenerlos descartados del proceso, polarizando el debate y delimitando su inclusión en las negociaciones.
            Los aspectos que deben tomarse en cuenta para garantizar una participación amplia, corresponsable y especialmente informada son, según la autora: la apertura gubernamental a la toma de decisiones; la adecuada identificación de actores y su información; la coordinación entre agencias y actores, en distintos ámbitos administrativos; la identificación de otras restricciones institucionales; la disposición de espacios de participación y comunicación; y la consideración de motivaciones, intereses y afectaciones existentes, según los saberes técnicos, conocimiento local o posesión de información pertinente.
            En Morelos, debemos considerar que en la planeación ambiental, las autoridades y los actores involucrados tratan con conflictos ya establecidos, inequidades en la información, diferentes experiencias técnicas y capacidades de los participantes; por lo que existen simultáneamente varios espacios técnicos y políticos. Es fundamental fomentar un rol más realista de la información y la participación en el análisis de un problema ambiental.