El Estado mexicano tuvo rasgos autoritarios
porque ejerció un tutelaje directo sobre los derechos sociales de los grupos
que desarrollaban actividades tanto en la producción industrial como en la
administración pública. Se le caracterizó como social autoritario porque éstos
estuvieron organizados por un partido político hegemónico. La transformación
posterior del Estado fue resultado de cambios en el modelo económico que se expresaron
a través del desmantelamiento de los esquemas estatales de subsidios y
transferencias generalizadas, tanto a la producción agrícola como al consumo.
Miguel Ángel Vite Pérez, profesor-investigador
del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, del
Instituto Politécnico Nacional, publicó un ensayo sobre “México, ¿Hacia la
consolidación de un modelo de igualdad de oportunidades para una sociedad
fragmentada?” en la Revista Perfiles Latinoamericanos (No. 44, 2014). Este
ensayo tiene como propósito la construcción de explicaciones acerca de los
fundamentos de la asistencia social estatal dirigida a la atención de una parte
de los grupos sociales vulnerables, en un contexto de crisis del modelo de la
igualdad de posiciones y su sustitución por el modelo de la igualdad de
oportunidades, donde lo más importante son los méritos individuales.
En el capitalismo postindustrial, plantea
el autor, la crisis de la sociedad del trabajo generó un desplazamiento del
modelo de la igualdad de posiciones por el de la igualdad de oportunidades,
principalmente porque el trabajo asalariado dejó de ser el principal generador
de derechos sociales o protecciones sociales. No obstante, dichas protecciones
sociales fueron administradas o gestionadas por un sistema de bienestar
estatal. También, el trabajo asalariado como fuente de derechos sociales reforzó
la creencia de que la igualdad de posiciones se basaba en políticas de
redistribución con un impacto en la disminución de las desigualdades sociales.
En este caso, el modelo de la igualdad de posiciones estuvo centrado en la
reducción de las inequidades sociales entre las diferentes posiciones, mientras
que la intervención estatal fue para garantizar el bienestar de los que
ocupaban las posiciones más frágiles.
El bienestar social está configurado
por un conjunto heterogéneo de elementos articulados mediante las políticas
sociales. Esto significa, según el autor, que el bienestar social es una de las
estrategias de poder que sirven para gestionar algunas de las necesidades y
carencias de los grupos que no han podido colocarse en una situación de
igualdad de oportunidades. La organización de un sistema de bienestar social se
basó en un aparato de estado; es decir, en instituciones especializadas que
justificaron su presencia a través de la ideología de la justicia social. En
este caso, las nociones de dispositivo y aparato de estado tienen en común lo
siguiente: aluden al poder y a sus estrategias de reproducción que no solamente
ocurren a través de la ideología, sino mediante el control de la vida humana.
La definición de dispositivo hace referencia a una relación de poder, donde el
saber-cómo y la subjetividad permiten la gobernabilidad de los individuos.
El Estado neoliberal creó los
dispositivos mercantiles en el bienestar colectivo, convirtiendo a los
ciudadanos parcialmente en clientes o consumidores y a algunos de los pobres en
sujetos de asistencia o ayuda focalizada para supuestamente superar algunas de
sus carencias relacionadas con su limitada capacidad para generar ingresos y
consumo. Del mismo modo, considera el autor, para rehacer la solidaridad entre
los pobres convertidos en sujetos de la asistencia estatal, se estableció un
esquema organizativo identificado con el capital social que fomentaría el
compromiso cívico, transformado en la base del mejoramiento de las condiciones
de vida de la comunidad o grupo.
Considera
el autor que, los programas gubernamentales de transferencias condicionadas fue
una manera de introducir nuevas formas de organización para que los
beneficiarios cumplieran con los propósitos de cohesión social cuando intervenían
en la realización de obras colectivas. Sobre todo cuando la acción estatal había
dejado de ser un derecho ciudadano para transformarse en una responsabilidad
compartida entre el mercado, el individuo y la comunidad.
La fragmentación de una sociedad se
puede observar mediante un acceso diferenciado a las protecciones sociales
necesarias para la reproducción de los diversos grupos sociales, señala el
autor. Por tal motivo, se encuentran simultáneamente modernas clínicas
privadas, hospitales públicos y centros de salud, hay además seguridad privada,
seguridad pública y no seguridad, o también sistemas de pensiones privadas y mínimas
garantizadas por el Estado. En otras palabras, la fragmentación social
significa exclusión o acceso limitado a las instituciones de bienestar o una
integración diferenciada debido a la segmentación de los instrumentos de la política
económica y social. Lo anterior ha creado una nueva desigualdad social que
tiene una interpretación más cualitativa que cuantitativa, sobre todo porque se
ha identificado la fragmentación social con la desintegración de los lazos de
solidaridad, lo que ha sido favorable a una gradual individualización de las
relaciones sociales; es decir, el bienestar se ha vuelto un asunto personal o
individual, y en consecuencia, se acaba midiendo sólo por el monto del ingreso
y por la capacidad de consumo.
En Morelos, debemos replantear el
modelo de la igualdad de oportunidades aplicado en México donde se establece
que las familias en pobreza extrema requerirían necesariamente de la educación
de sus hijos. Sin embargo, en un contexto de crecimiento de las actividades
económicas informales, sus capacidades y habilidades no son importantes ante la
escasez de empleo formal y debido a los bajos salarios. La vulnerabilidad social
es resultado de una ciudadanía precaria, lo que ha puesto en evidencia la contradicción
existente entre la igualdad formal y las desigualdades sociales reales donde no
existen mecanismos estatales de bienestar con un carácter universal.
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