2 jun. 2014

Participación pública y planeación ambiental

publicado en La Jornada Morelos el 2 de junio de 2014


La participación pública se entiende como la incorporación de actores de los sectores gubernamental, empresarial, académico y de la sociedad civil, que estén interesados o afectados por un problema específico, y que tomen decisiones con la finalidad de formular y dar seguimiento a las políticas derivadas y en un espacio organizado desde la esfera gubernamental. En estos términos, la participación es tanto un medio como un fin, ya que procura un lugar para la negociación y permite la integración social. En la solución de problemas ambientales es imprescindible reconocer la necesidad de hacer efectivo este proceso.
Mariana Villada-Canela, del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, publicó el artículo “El rol de la información y la participación pública en la planeación ambiental”, en la revista Investigación Ambiental 2013, 5 (2). Este artículo examina la literatura sobre el uso y conocimiento de la información para la planeación ambiental y, además, contribuye al entendimiento y evaluación del papel de la información como un medio de validación de decisiones ya tomadas, un mecanismo para ejercer poder y exhibir los intereses en la participación, o una limitante ante la naturaleza técnica de la información ambiental.
            La información es una serie de datos generados mediante técnicas o a partir de la práctica, con significado y propósito. En la planeación ambiental, la información hace referencia al estado de los sistemas naturales y a la presión ejercida por los sistemas humanos, establece la autora. Se define también como la referente al estado, causas, consecuencias y soluciones del problema ambiental. Esta definición alude a una primera característica de la información ambiental: es la base de conocimiento que permite cambiar actitudes y prácticas, así como basar argumentaciones en la toma de decisiones.
            Existe una controversia entre la práctica y la teoría de la participación en la planeación ambiental y, con el fin de comprender de dónde surge, la autora explora tres orientaciones teóricas para la toma de decisiones: una derivada del paradigma positivista, una que lo complementa y otra que cuestiona ese positivismo. La primera privilegia el uso y conocimiento de la información como una forma de racionalizar el proceso decisorio. La segunda permite el aprendizaje y el equilibrio de los conflictos entre participantes. En cambio, la tercera muestra que en ocasiones pueden ser más fuertes las presiones de los grupos debido a un interés específico, al margen de la argumentación científica. Así, las diferencias entre estas tres orientaciones teóricas permiten contrastar lo observado en la práctica.
            Por un lado, la orientación positivista se relaciona con una toma de decisiones tecnocrática, apunta la autora. Los expertos aparecen representados como creadores de conocimientos que desempeñan importantes papeles en la definición de políticas y, por tanto, son legitimados en el tratamiento de temas controversiales. También, indica que la necesidad de consultar a los científicos es una evidencia del dominio tecnocrático y de la exclusión de actores que no son expertos y que no tienen preparación técnica, prevaleciendo así la racionalidad científica. Por otro, existe una orientación sustantiva que complementa a la positivista al tomar en cuenta sus limitaciones, en donde la apropiación y uso de la información tienen como objetivo incrementar el aprendizaje entre participantes. Esta orientación exhibe la función “iluminadora” en la toma de decisiones, proporcionando el conocimiento faltante, educando y cambiando la forma en que los actores piensan y resuelven el problema.  
            Ante lo anterior aparece una tercera orientación, derivada de la práctica. La autora presenta que el uso de la información está inmerso en normas sociales que lo hacen altamente simbólico y no siempre obedecerá a las orientaciones positivista y sustantiva porque: mucha de la información recopilada tiene poca relevancia para las decisiones; a menudo justifica decisiones ya tomadas o se genera después de haberla solicitado; hay quejas sobre su indisponibilidad e ignorancia de la que sí está disponible; o se genera más de la necesaria. Se sugiere entonces que la información es usada para otras razones que racionalizar la toma de decisiones o ser la base del aprendizaje de los participantes.
            La apropiación y uso de la información entre participantes para la toma de decisiones responde a estas tres orientaciones, propone la autora. Éstas sirven de base a la definición y el análisis del papel que desempeña la información cuando los participantes la usan, la poseen o se apropian de ella de acuerdo a sus fines. Los roles de la información en la planeación ambiental son tres. Primero, el instrumental, donde la elección de la información está basada en la mejor ciencia y datos relevantes para la identificación del problema ambiental, su valoración y la propuesta de alternativas de solución. Segundo, el conceptual, donde la aplicación o el uso de la información son indirectos y sirve para ampliar el conocimiento, la educación y la concientización sobre los problemas ambientales y decidir sobre ellos. Y tercero, el simbólico, que se subdivide a su vez en tres conceptos: de procedimiento, donde la información permite dar cumplimiento al marco legal e institucional, designar responsabilidades a funcionarios, grupos de interés y ciudadanos para demostrar que la toma de decisiones se realiza de forma racional y técnicamente competente; como recurso de poder, donde la información es un medio para mantener, evidenciar o alterar las relaciones de poder en la toma de decisiones; legitima puntos de vista, decisiones, derechos e intereses usando, rechazando o alterando la información; y el excluyente, donde la información se vuelve una condicionante de la participación al minar los argumentos de los menos instruidos técnicamente, mantenerlos descartados del proceso, polarizando el debate y delimitando su inclusión en las negociaciones.
            Los aspectos que deben tomarse en cuenta para garantizar una participación amplia, corresponsable y especialmente informada son, según la autora: la apertura gubernamental a la toma de decisiones; la adecuada identificación de actores y su información; la coordinación entre agencias y actores, en distintos ámbitos administrativos; la identificación de otras restricciones institucionales; la disposición de espacios de participación y comunicación; y la consideración de motivaciones, intereses y afectaciones existentes, según los saberes técnicos, conocimiento local o posesión de información pertinente.
            En Morelos, debemos considerar que en la planeación ambiental, las autoridades y los actores involucrados tratan con conflictos ya establecidos, inequidades en la información, diferentes experiencias técnicas y capacidades de los participantes; por lo que existen simultáneamente varios espacios técnicos y políticos. Es fundamental fomentar un rol más realista de la información y la participación en el análisis de un problema ambiental.