Desde su creación en 2004, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo
descentralizado cuyas atribuciones son normar y coordinar la evaluación de la
política y los programas de desarrollo social; aprobar los indicadores de
gestión, de servicios y de resultados de dichos programas; y determinar los
criterios y lineamientos para la definición, identificación y medición de la
pobreza. La operación eficaz, eficiente, transparente y solvente de esta
institución es de enorme relevancia para conocer porque México sigue teniendo a
más de la mitad de su población en situación de pobreza. Es un deber social y
moral identificar cómo están trabajando las instituciones y programas
relevantes a este tema, con la finalidad de poder impulsar y multiplicar
aquellos casos de éxito. Analicemos el avance social en Morelos.
El
CONEVAL publicó su reporte bienal que permite observar el proceso que han
seguido las entidades federativas, analizar qué tanto han avanzado de 2011 a la
fecha e identificar cuáles son las áreas de oportunidad en las que aún se debe
trabajar para lograr la institucionalización de los elementos de monitoreo y
evaluación (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades
federativas 2013.México, DF: CONEVAL, 2013). El objetivo de este documento
es proporcionar información a las entidades federativas acerca del avance que
presentan sus instrumentos de monitoreo y evaluación, mediante la
identificación de los ejercicios realizados hasta el momento.
El
Estado de Morelos presentó un avance de 2011 a 2013 en el índice global. En
2011, registró un índice de 30.6 por ciento en la institucionalización de los
instrumentos de monitoreo y evaluación. En 2013, logró un avance global de 38.9
por ciento, lo que significa un incremento de 27.1 por ciento respecto a 2011
de manera global. Sin embargo, a nivel nacional, pasó de la posición diecisiete
en 2011 a la veinte en 2013. Es importante el cambio que ha tenido de un año a
otro; sin embargo, Morelos no está avanzando en este tema tan rápidamente como
los otros estados.
Normativamente,
el estado cuenta con elementos que dan pie al monitoreo y la evaluación de los
programas de desarrollo social. A pesar de esto, identifica el Reporte, aún
carece de regulación para ciertos instrumentos clave, como los criterios para
la creación de programas nuevos y la información que deben contener los
padrones, y debe trabajar en la regulación de un padrón único de beneficiarios
y establecer la información que deben contener las reglas de operación; los
requisitos que ha de cumplir el evaluador; los diversos tipos de evaluaciones
que se pueden implementar; la publicación de éstas; el seguimiento a los
resultados de las evaluaciones; la información que los indicadores de
resultados y de gestión deben reportar; y el marco normativo relacionado con el
área responsable de la evaluación.
La
Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos establece que,
internamente, las dependencias y entidades deben evaluar en forma permanente
sus programas. Esto genera que, al menos, las secretarías de Desarrollo Social,
de Salud y de Educación tengan la atribución de evaluar programas relacionados
con el desarrollo social. Sin embargo, el Reporte plantea, no hay esquema de
coordinación entre estas dependencias. Por último, no se identificó evidencia
pública y oficial de elementos de monitoreo y evaluación que hubieran
desarrollado alguno de los tres organismos. Por otro lado, los elementos en
materia de monitoreo y evaluación desarrollados han sido ejercicios
desarticulados que no proporcionan información integral para la toma de
decisiones. Por tanto, el reto que afronta Morelos es implementar los elementos
que por ley se establecen, de tal modo que pueda obtenerse información oportuna
de todas las intervenciones sociales para una toma de decisiones basada en los
resultados alcanzados.
El
Reporte sugiere oportunidades de mejora para el Estado de Morelos y aquí presentamos
cinco relevantes:
1.
Contar con criterios para la creación de
programas nuevos ayuda a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos;
en este sentido, se sugiere que el estado formule normativa para regular este
elemento. Entre dichos criterios se encuentran: elaborar un diagnóstico de la
problemática a atender; designar la dependencia encargada de operar el
programa; establecer la vinculación del programa con el Plan Estatal de
Desarrollo; incluir información del programa, como los objetivos, la población
objetivo, el tipo de apoyos que se entregan, entre otra, así como los
indicadores para el monitoreo y la evaluación de los programas.
2.
Normar e impulsar la creación de un padrón
único de beneficiarios de los programas sociales, de tal manera que puedan
identificarse la complementariedad o duplicidad de los apoyos brindados, así
como referir los que provienen de la Federación y del Estado. Para esto, es
necesario definir los criterios y lineamientos para su conformación a fin de
que la información que brinden las dependencias para la integración del padrón
sea homogénea.
3.
Si bien algunos programas cuentan con reglas
de operación, es fundamental extender esta práctica a todos, así como
determinar los criterios específicos y homogéneos para la elaboración de éstas.
La difusión de las reglas de operación también permite transparentar el acceso
a los programas.
4.
Dar continuidad a la práctica de presentar
información sobre el presupuesto desglosado por programa y extenderla a todos
los programas, puesto que es un factor necesario para implementar el
presupuesto basado en resultados; ya que contar con esta información permite
fijar metas y exigir resultados a la unidad responsable.
5.
En virtud de que el objetivo de evaluar es
generar información para mejorar las políticas públicas, es recomendable poner
en marcha un sistema de seguimiento a las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones, para retroalimentar el proceso de planeación y operación de las
políticas públicas.
En
Morelos, debemos impulsar la creación de un sistema de monitoreo y evaluación
del avance social, que requiere generar criterios y lineamientos que respalden
su realización homogénea y sistemática, y definir a los actores encargados de
su ejecución, así como las responsabilidades y los mecanismos de coordinación
entre ellos. La tarea de monitoreo y evaluación de las políticas y los
programas de desarrollo social debería ser asignada a una sola área de gobierno
con autonomía técnica.
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