31 mar. 2014

Gobierno Abierto como proceso.

publicado en La Jornada Morelos el 31 de marzo de 2014

Un Gobierno Abierto es aquel cuyos compromisos reflejan y están guiados por cuatro principios fundamentales: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, e innovación basada en ciencia. No debe ser sólo un propósito de las autoridades sino una estrategia para alcanzar una mayor gobernanza democrática y participativa. Necesita de un nuevo tipo de ciudadano, más crítico, organizado y activo, que demande mayor participación sobre las decisiones políticas, y que esté interesado en colaborar en la solución de los problemas y necesidades de la comunidad.
Álvaro Ramírez-Alujas y Nicolás Dassen escribieron el artículo “Vientos de cambio: el avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe”, publicado como la Nota Técnica 629, del Banco Interamericano de Desarrollo (Copyright © 2014 Banco Interamericano de Desarrollo). Este trabajo presenta un análisis detallado del avance en las estrategias de gobierno abierto en la región a partir de una revisión en profundidad de los contenidos plasmados en los planes de acción de los países de América Latina y el Caribe que actualmente integran la Alianza para el Gobierno
Abierto (AGA).
            Desde el lanzamiento de la AGA en septiembre de 2011, ya son 63 los países que progresivamente se han incorporado a esta iniciativa multilateral que busca, según los autores: incrementar sus niveles de transparencia y rendición de cuentas; expandir mecanismos efectivos de participación ciudadana, y generar plataformas innovadoras para fomentar la colaboración cívica a fin de crear, de manera conjunta, valor público en la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas y servicios públicos. De éstos, 15 son de América Latina y el Caribe y han presentado e implementado planes de acción que contienen un número de compromisos concretos, mensurables, con fechas estimadas de implementación en el corto o mediano plazo, y la indicación de los organismos responsables de cumplirlos. Brasil y México son miembros fundadores, y este último integrante de la copresidencia del Comité Directivo.
Los compromisos definidos por la AGA están alineados en torno a un conjunto de cinco grandes desafíos o ejes estratégicos que deben asumir los gobiernos que quieran incorporarse. Estos cinco ejes estratégicos son, de acuerdo a los autores: Mejoramiento de los servicios públicos, que busca promover la optimización e innovación en la prestación y gestión de la amplia gama de servicios públicos para la población (salud, educación, justicia, agua potable, electricidad y telecomunicaciones, entre otros); Incremento de la integridad pública, que abarca iniciativas para avanzar en ética pública, prevención y lucha contra la corrupción, acceso a la información y reformas financieras, así como también en la promoción y el afianzamiento de las libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación; Gestión efectiva y eficiente de los recursos públicos, que comprende el uso adecuado en la asignación de recursos presupuestarios, financiamiento tanto interno como externo, y aprovechamiento y conservación de los recursos naturales; Creación de comunidades más seguras, que se refiere a los avances en seguridad pública, respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección civil, entre otros; e Incremento de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas institucional y del sector privado, que se centra en promover la responsabilidad empresarial en temas tales como medio ambiente, protección del consumidor, participación de la comunidad y lucha contra la corrupción.
            México tiene 55 compromisos en su plan de acción, señalan los autores: en Mejoramiento de los servicios públicos, 7; en Incremento de la integridad pública, 22; en Gestión más efectiva de los recursos públicos, 19; en Creación de Comunidades más seguras, 0; y en Incremento de la responsabilidad corporativCuadro de texto:      

a, 7. Esto refleja que el gobierno mexicano apuesta en un inicio por el aumento de la integridad púbica y no por la creación de comunidades más seguras. La instancia de coordinación ante la AGA es la Oficina de Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, de la Presidencia de la República, y tiene un Secretariado Técnico Tripartito conformado por la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y una representación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Originalmente, se confeccionó un plan de acción un tanto apresuradamente para cumplir con el cronograma impuesto, para el cual un grupo de ocho OSC propuso más de 100 compromisos. En esa primera instancia el gobierno no incluyó muchas de esas propuestas, lo que motivó las críticas de la sociedad civil al plan por considerarlo demasiado general y poco estratégico.
Con la intención de llamar la atención sobre ciertos temas esenciales para el éxito de las estrategias de gobierno abierto, los autores han establecido “paradojas” que es necesario asumir y resolver, y que pueden considerarse como espacios de aprendizaje y mejora en el corto y mediano plazo: El concepto de gobierno abierto es… demasiado abierto, ya que existen diferencias en la forma de abordar y presentar los “compromisos” en los planes de acción, así como la falta de una definición común; Un gobierno digitalizado no es lo mismo que un gobierno abierto, ya que la mera publicación y divulgación de datos en formatos abiertos o el uso de plataformas digitales para mejorar la entrega de servicios o la interacción con los ciudadanos, pese a que contribuyen a fortalecer la vida democrática, no cambian ni la forma ni el fondo del ejercicio del poder público; Redacción autorreferente, ya que se utiliza un lenguaje abstracto y lejano a las narrativas propias de los ciudadanos; Más de lo mismo versus demasiado de lo nuevo, ya que dentro de los planes de acción, existen diferencias sustantivas de enfoque; y Para avanzar en la consolidación de gobiernos abiertos se requiere un mayor compromiso, una mayor participación y un mayor involucramiento de los actores que, justamente, están fuera de él, ya que requiere “ciudadanizar” el discurso y que exista una “apropiación cívica” de las prácticas de gobierno abierto.
            Los autores proponen las siguientes reflexiones sobre los debates futuros que deberán darse en torno a la idea de gobierno abierto: Orientar los planes de acción hacia las necesidades de la gente, al centrar los esfuerzos en las necesidades de los ciudadanos, considerando mecanismos para garantizar una oferta de iniciativas que vayan en directo beneficio de las personas; El gobierno abierto no se agota en el gobierno: hacia un nuevo modelo de sociedad, al ver que este movimiento va más allá de las fronteras de lo estatal para penetrar de manera profunda en la sociedad, pasando de la lógica de “mi plan es escucharte” a “nuestro compromiso es que trabajemos juntos”; y El debate entre el acceso a la información, la privacidad y la seguridad, al equilibrar estos temas y trabajar en marcos regulatorios que ayuden a resolver dilemas y controversias, cuidando la adaptación a los distintos contextos institucionales, culturales y políticos.
            En Morelos, debemos impulsar al Gobierno Abierto como el proceso de gobernanza a seguir, no sólo haciendo que las acciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sean transparentes y con rendición de cuentas, sino transformando el rol de los ciudadanos, de receptores pasivos de servicios a generadores de valor y conocimiento; de meros espectadores a protagonistas cada vez más comprometidos en los asuntos públicos más allá del proceso electoral.

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