29 jul. 2013

Datos gubernamentales abiertos

publicado en La Jornada Morelos el 29 de julio de 2013

Existen dos movimientos básicos de la sociedad civil que luchan por una mayor apertura de las bases de datos, información y documentos guardados por las instancias públicas. El movimiento por los “Derechos a la Información” promueve el acceso a la información desde una perspectiva de los derechos humanos, mientras que el movimiento por los “Datos Gubernamentales Abiertos” promueve la apertura de la información por motivos sociales y económicos. Compartir esta última información beneficia a la sociedad al crear condiciones para otorgar servicios que sean socialmente incluyentes e impulsen una democracia participativa. Existe un traslape significativo entre ambos movimientos, porque en ambos se pretende aumentar la transparencia gubernamental, de tal manera que todos los miembros de la sociedad puedan disfrutar el valor social y económico inherente de la información que ha sido generada y recolectada con fondos públicos.

            Bárbara Ubaldi escribió un artículo sobre “Datos gubernamentales abiertos: Hacia un análisis empírico sobre las iniciativas en datos gubernamentales abiertos” que fue publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ubaldi, B. (2013), “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en). Describe los principios, conceptos y criterios básicos que enmarcan las iniciativas para alcanzar que los datos gubernamentales estén abiertos a la sociedad (DGA), presenta una llamada de alerta sobre los retos que esta agenda ofrece al sector público y sugiere un marco metodológico para conducir dichas iniciativas.

            Los datos son el nivel más bajo de abstracción desde los que se derivan la información y después el conocimiento, plantea la autora. El flujo de información se considera un sustento fundamental de una democracia robusta y de una economía productiva, que permite sostener una buena gobernanza y estimular un crecimiento económico basado en conocimientos. Lo anterior cambió la manera en que los gobiernos valoran, administran, usan y comparten la información, tanto a su interior como con la sociedad; así, se impulsó el acceso público de la información como uno de los derechos humanos indispensables. En la medida que el enfoque se centra en el valor potencial económico y social de la información, aumenta el énfasis en la accesibilidad a los reportes y análisis que procesan dicha información. La OCDE ha definido a la información del sector público como los productos y servicios de información que han sido generados, creados, recolectados, procesados, preservados, mantenidos, diseminados o financiados por un gobierno o una institución pública, y que consideran los requerimientos y restricciones legales pertinentes.

            Las bases de datos que se consideran como referencia para el análisis de iniciativas relativas a DGA incluyen, según la autora: información de negocios, que incorporan los de la Cámara de Comercio y negocios oficiales; propiedad intelectual, como registros y patentes; información geográfica, direcciones, fotos aéreas, edificaciones, catastros y relieves geológicos; legislación, decisiones formales, leyes y tratados; meteorológica, datos del clima y pronósticos; sociales, estadísticas sobre economía, empleo, salud, población y administración pública; y transporte, condiciones de tráfico, obras en calles, rutas públicas y registro vehicular.

            Se ha definido un nuevo concepto llamado BigData, que se trata de una colección de conjuntos de bases de datos tan grande y complicada que es muy difícil de utilizar con herramientas de administración y procesamiento de datos tradicionales, ya que se requiere capturar, almacenar, buscar, compartir, transferir, analizar y visualizar simultáneamente una enorme cantidad de datos cuantitativos y cualitativos. La necesidad de manejar tal cantidad de datos es irreversible, asegura la autora, porque la información y los conocimientos que se obtienen es de mucha mayor calidad al poder correlacionar, por ejemplo, tendencia de los mejores negocios, esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, prevención de enfermedades, avances legislativos y combate al crimen.

            Los datos gubernamentales se deben considerar abiertos si se hacen públicos de acuerdo a los siguientes principios, establece la autora: completos, todos los datos públicos están disponibles ya que no están sujetos a privacidad, seguridad o limitación de privilegios; primarios, son recolectados de las fuentes, en el nivel menos agregado y sin modificar; oportunos, se hacen disponibles rápidamente para preservar su valor; accesibles, están disponibles al mayor número de usuarios para cualquier propósito;

electrónicos, se presentan estructurados para permitir su procesamiento automatizado; indiscriminados, al alcance de cualquiera sin requisitos de registro; y libres, disponibles en formatos que nadie tiene control exclusivo y que no están sujetos a protección estricta de propiedad intelectual.

            Existen asuntos clave que no están resueltos y que, de acuerdo con la autora, deben ser analizados y debatidos para conceptualizar, desarrollar e implantar las iniciativas de DGA, así como para definir las políticas públicas que lleven a su puesta en marcha. En particular, se deben considerar el alcance de los asuntos conceptuales, las necesidades emergentes de los gobiernos y la sociedad, la armonización de definiciones, la solución de posibles conflictos legales, y avanzar en el análisis empírico y sus indicadores.

            En Morelos, el establecimiento de una plataforma de Datos Gubernamentales Abiertos deben mejorar las relaciones entre los representantes de los sectores público, privado y social. Ésta permitirá que tengamos un gobierno transparente y con solvencia comprobada, una mayor corresponsabilidad de la sociedad civil y una integración de los empresarios en la proveeduría de servicios, entre otros beneficios. El twitter es para intercambiar noticias, lo que necesitamos es implantar un sistema de BigData para generar electrónicamente conocimientos de las correlaciones entre Plan Estatal de Desarrollo, próximos Programas Sectoriales, alianzas público-privadas, cambios a leyes publicados, fideicomisos establecidos, convenios firmados y datos geo-referenciados sobre la situación económica, social y ambiental, entre otros.

 

22 jul. 2013

Mega-incertidumbres en el porvenir

publicado en La Jornada Morelos el 22 de julio de 2013

La planeación siempre se enfrenta al reto de cómo considerar eventos de gran importancia cuya ocurrencia tenga incertidumbre; es decir, no sabemos si sucederán o no, y si suceden tampoco conocemos el impacto que tendrán. Existen posibles eventos clave para el desarrollo de la humanidad de los que se tiene un conocimiento difuso, poco preciso, y su predicción es imposible o poco plausible.  En la práctica de la prospectiva se les denomina “comodines”, “cisnes negros” o “elementos portadores de futuro disruptivos” y se tratan planteando diferentes escenarios de lo que podría suceder si aparecieran con intensidades distintas. En muchas ocasiones no se introducen en la planeación por simplicidad pero puede llevar a muy serios errores predictivos su no inclusión y, sobretodo, a no implantar acciones en el presente que disminuyan su impacto negativo o potencien su lado positivo, según sea el caso.

            Michael Marien, quien fuera editor de la publicación Future Survey, entre 1979 y 2008, de la Sociedad Mundial del Futuro, y en la actualidad es director de GlobalForesightBooks.org, escribió un artículo sobre “Doce Mega-incertidumbres para las Próximas Décadas” (Twelve Mega-Uncertainties for the Decades Ahead, World Future Review 5(2) 94–98, 2013), donde delinea grandes incertidumbres que se traslapan y merecen ser analizadas con seriedad por aquellos que realizan planeación de largo plazo. Considera que sólo si enfrentamos pronto a estas complejas incertidumbres se podrá lograr un mejor nivel de vida para la mayoría de las personas. A continuación se presentan algunas de las situaciones publicadas en este artículo.

            Calentamiento Global Antropogénico, ¿cuánto y cuándo? El autor cita a expertos que aseguran el planeta se ha calentado ya un grado centígrado desde la época pre-industrial y que no se podrá evitar que llegue a dos grados, donde empiezan los problemas serios. Además, la mayoría de los científicos del clima consideran que es muy probable se alcance un aumento de cuatro grados en el periodo 2050-2100, por no tomar ahora las medidas adecuadas, y que un aumento de seis grados es posible. Una causa directa de este calentamiento global antropogénico es el aumento en el nivel del mar y la proyección tendencial es que subirá 30 o 60 centímetros al 2050. Sin embargo, el autor cita a expertos que ligan dicho aumento de nivel con lo que le suceda a Groenlandia; ya que si se derrite la capa de hielo en esta zona en las próximas décadas, entonces el aumento en el nivel del mar se podría acelerar y alcanzaría los 7.5 metros, situación catastrófica para la humanidad. En las próximas décadas, ¿qué tan probables serán estos eventos? Diferentes expertos asignan valores que van del 2 al 20 por ciento.

            ¿Agotaremos nuestras reservas de recursos esenciales? Cada vez es más difícil satisfacer el aumento en la demanda de agua potable, petróleo convencional, tierra arable y minerales, señala el autor. Cita a expertos que señalan el fin del acceso fácil a los recursos y el inicio de una cruenta competencia mundial para tener la propiedad de lo que queda, con un seguro aumento en los precios. Se estima es muy probable una disminución seria en la oferta de cadmio, oro, mercurio, telurio y tungsteno para el 2030.

            En 2050, ¿cuál será la población mundial? Las proyecciones tendenciales más comunes indican que serán 9,600 millones de personas en el 2050, estabilizándose en 10,000 millones al 2100. Crecimiento del 50 por ciento de aquí al 2050, considerando que éramos 7,100 millones a fin del 2012. Sin embargo, no podemos descartar una fuerte declinación por una pandemia u otra guerra mundial, una declinación suave porque la mayoría de la población alcanza un nivel socio económico que fomenta el control de la natalidad, un aumento suave por avances médicos y mejoras en la salud o un aumento rápido por avances biotecnológicos de ruptura que eviten el envejecimiento. El autor cita a un panel de expertos que predice, con una confianza del 67 por ciento, que la esperanza de vida al nacer será de 100 años antes del 2040. Además, se pregunta si habrá empleo decente para todos, al considerar la terrible situación actual para los jóvenes, que puede ser agravada por un mal manejo de la tecnología digital y la robótica.

            La transición energética, ¿será rápida y eficiente? Ya se empieza a cambiar la base energética del mundo, de combustibles fósiles a energías renovables, que son más seguras, menos contaminantes y disponibles para todos. Sin embargo, esta transición tardará décadas y la mezcla final variará de país a país. Las energías solar, eólica, geotérmica, hidráulica y de la biomasa ya son competidoras del petróleo, gas, carbón y nucleoelectricidad y, también, se podrán unir tecnologías que aprovechen las algas de los océanos, la geotermia profunda de roca seca caliente y las corrientes marinas, entre otras. Sin embargo, esta transición con características sustentables, que mitigaría el calentamiento global antropogénico, generaría más empleos y reduciría la contaminación por desechos peligrosos y radioactivos, está siendo retrasada por el uso de gas de lutita y de petróleo de arenas alquitranadas, que requieren de tecnologías muy agresivas contra el ambiente, pero cuya explotación es más económica que la de hidrocarburos convencionales.

            En Morelos, debemos establecer estrategias para avanzar en el desarrollo sustentable, con visión de largo plazo y que permitan plantear alternativas de políticas públicas que puedan responder a la evolución de estas grandes incertidumbres. Sin lugar a dudas la beca-salario es fundamental hoy, pero ¿en qué y con qué estarán trabajando los morelenses en las próximas décadas?

15 jul. 2013

Empleo, desarrollo e igualdad

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publicado en La Jornada Morelos el 15 de julio de 2013
La capacidad del mercado de trabajo para generar empleos de calidad y proteger a los que no lo tienen y a los jubilados es esencial para la cohesión social e indicativa de la calidad del desarrollo de un país, establece la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Según diversos autores, los problemas que presenta el mercado de trabajo en México se deben principalmente a una estrategia de desarrollo sustentada en la exportación intensiva, basada en trabajo no calificado y en bajos salarios, y a su inserción en un sistema de producción internacional compartida, que se ha mantenido invariable desde los años noventa y genera poco empleo formal en el país. Lo anterior no sólo pone en duda la utilidad de crear nuevas formas de contratación, como las que se incluyeron en la Reforma de la Ley Laboral en 2012, sino que dado el contexto de extrema debilidad en que se encuentran los trabajadores, podrían dar lugar a una mayor precarización de los empleos sin los beneficios esperados y prometidos a los ciudadanos.
            Graciela Bensusán, consultora de la Sede Subregional de la CEPAL en México, preparó el documento titulado “Reforma laboral, desarrollo incluyente e igualdad en México”, que fue publicado en la Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL, No. 143 (de las Naciones Unidas, ISSN: 1680-8800, LC/L.3624, LC/MEX/L.1098, Copyright © Naciones Unidas, abril de 2013). Inserto en el actual debate mundial sobre el empleo y en el que se generó en México en torno a la reforma de la legislación laboral de noviembre de 2012, en este documento se analiza el papel que las instituciones laborales pueden desempeñar en el país en el marco de un desarrollo incluyente que coloque la generación de empleo formal en el centro de las políticas macroeconómicas y sectoriales y cierre las brechas de desigualdad originadas en los mercados de trabajo, con un horizonte de largo plazo. Se pregunta si la reforma recientemente aprobada puede contribuir a lograr este objetivo y, en caso contrario, qué tipo de cambios deberían experimentar la legislación y la política laboral para promoverlo.
            La autora parte de la necesidad de reorientar la estrategia de desarrollo del país, considerando a las instituciones y políticas laborales como un instrumento clave para mejorar la calidad de los empleos y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Retoma la perspectiva de la CEPAL sobre el cambio estructural y la convergencia productiva, así como las ventajas de los modelos de capitalismo coordinados por su capacidad de reducir la desigualdad que se genera en los mercados de trabajo. Desde ese ángulo, muestra las principales limitaciones de la reforma en la legislación laboral mexicana, tanto en lo que se refiere a la apuesta que hizo por la flexibilidad laboral y la mejora en los índices de competitividad, como recurso para incrementar la generación del empleo y la productividad, y por el déficit que registra en términos de la democratización del mundo del trabajo.
            A la luz de la revisión de los principales indicadores del mercado de trabajo, concluye la autora que las prioridades que surgen de la situación laboral real no fueron consideradas suficientemente ni de la mejor manera en la reforma. La dimensión social y política de la reforma tuvo un menor alcance que la económica, pero también hay que decir que esta última, la más polémica, no tuvo un enfoque desregulador ni promovió una flexibilidad extrema. Más bien, a cada oportunidad que se abrió a los empleadores, correspondió una restricción, aunque no una compensación efectiva para los trabajadores que pudieran resultar afectados por una mayor volatilidad del empleo, como sería un seguro de desempleo.
            México deberá hacer ajustes mucho más profundos en sus regulaciones e instituciones de aplicación, por no decir en el modelo laboral en su conjunto, si realmente quiere avanzar hacia la convergencia productiva y la disminución de la pobreza y la desigualdad, establece la autora. En particular, debe propiciarse la estabilidad laboral a través de garantías más efectivas y oportunas frente a los despidos injustificados y seguros de desempleo para evitar la pérdida de ingresos, pero a la vez debería garantizarse el derecho a la capacitación de por vida, para mejorar la forma de empleo de los trabajadores. Habrá que ver en qué medida las nuevas normas de contratación y las restricciones a la subcontratación ponen un freno al uso de esta estrategia como instrumento para abatir condiciones de trabajo y costos laborales, pero seguramente se enfrentarán serios problemas para hacerlas efectivas y sólo se utilizarán si existen actores colectivos dispuestos a movilizarse para defenderlas en contra de un uso abusivo por parte de los empleadores, así como una vigilancia mucho más estricta de la autoridad a lo largo de las cadenas productivas donde prolifera el empleo subcontratado.
            La reforma de 2012 buscó incrementar en México las oportunidades del pago por hora con plenos derechos, pero como se vio la modalidad que impuso —el pago de un salario remunerador de ocho horas ante el desempeño de una sola— difícilmente podrá llevarse a la práctica, sostiene la autora. Aunque la regulación del trabajo de tiempo parcial no podría convertirse en una solución para los grupos más vulnerables debido al bajo monto de los salarios que perciben, lo cierto es que garantizar de manera extendida el pago de aportaciones a la seguridad social en estos casos es un avance comparado con la actual situación de desprotección.
            En Morelos, debemos hacer un esfuerzo por extender las prestaciones de los asalariados hacia los trabajadores informales. Es deseable reforzar programas sociales de transferencias de beneficios en áreas como la salud, la educación, la alimentación y la cultura.

8 jul. 2013

Cultura para el Desarrollo


publicado en La Jornada Morelos el 8 de julio de 2013
La inclusión efectiva de la cultura en las estrategias nacionales e internacionales de desarrollo exige avanzar en la producción de nuevas informaciones y datos que evidencien, exploren y evalúen las múltiples, ricas y variadas formas de contribución de la cultura a los procesos de desarrollo. Sin embargo, la diversidad de las culturas, la particularidad de cada situación y contexto social, histórico y político, así como la dificultad de medir sus aspectos más intangibles, han sido unos de los obstáculos fundamentales para la generación de datos estadísticos comparables internacionalmente. Preguntas fundamentales son: ¿de qué manera contribuye la cultura al desarrollo de un país?, ¿cómo interacciona con otras áreas prioritarias del desarrollo? y ¿cómo se gestionan los recursos de la cultura para apoyar la sustentabilidad de los procesos de cambio?
            Guiomar Alonso Cano y Melika Caucino, especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), escribieron el artículo intitulado “Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo”, que fue publicado en la Revista Cultura y Desarrollo, No. 9, 2013. Describen que la UNESCO ha puesto a disposición de la comunidad internacional una metodología llamada “Batería de Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo” (BICD) que mide el papel que juega la cultura en los procesos de desarrollo a nivel país.
            Esta BICD aborda la cultura tanto en su acepción amplia de valores y normas que orientan la conducta humana como en su sentido restringido de sector de actividad organizada, señalan los autores. Su punto de partida fue establecer con claridad el marco conceptual que debía sostener a los indicadores propuestos. Se define la cultura en dos sentidos. Por un lado, en su sentido amplio (antropológico) como el conjunto de normas, valores, saberes, creencias, modos de vida y prácticas simbólicas que orientan la conducta individual y organizan el comportamiento colectivo. Por otro lado, en su sentido restringido (sectorial) como un conjunto de actividades que organiza las diferentes manifestaciones de la creatividad intelectual y artística - tanto pasada como presente- y que incluye individuos, organizaciones e instituciones implicados en su transmisión y renovación. Asimismo, define desarrollo como un proceso de cambio y transformación de las sociedades y expansión de libertades.
            La BIDC es una herramienta estadística de sensibilización dirigida a instancias nacionales e internacionales del desarrollo. Tiene 22 indicadores, organizados en 7 dimensiones clave, que muestran las relaciones e interdependencias entre cultura y desarrollo e informan de la formulación de políticas y medidas, tanto culturales como de desarrollo. A continuación se describen dichas dimensiones, acorde con lo presentado por los autores.
            Con la dimensión Economía se trata de demostrar la contribución directa del sector cultural al crecimiento económico a través de tres variables: el aporte de las actividades culturales al producto interno bruto de los países; el empleo generado por las ocupaciones culturales y los gastos de los hogares en bienes y servicios culturales.
            La dimensión Educación es para analizar la prioridad acordada por las autoridades públicas para el desarrollo de un sistema educativo que valore la interculturalidad, la diversidad cultural y la creatividad; promocione la apreciación de la cultura entre el público; incida en la creación de públicos informados, e influya en el empoderamiento cultural de sus ciudadanos y la promoción de una clase creativa competitiva.
            La dimensión Gobernanza e Institucionalidad evalúa y analiza los mecanismos normativos, políticos e institucionales susceptibles de favorecer los derechos culturales, promover la diversidad y fomentar la cultura como parte esencial del desarrollo. Aborda los compromisos y resultados en materia de gobernanza e institucionalidad cultural a través del grado de acción de las autoridades públicas en la formulación e implementación de marcos normativos, políticos e institucionales. Cubre también la disposición de infraestructuras culturales y los espacios para participar en procesos mediante los cuales se formulan e implementan las políticas culturales.
            La dimensión Participación Social trata sobre la libertad de acceder a las actividades y al consumo de bienes y servicios culturales, así como al desarrollo de prácticas culturales, y tiene el potencial de incidir en la calidad de vida de los individuos, por ende, en el desarrollo. Esta dimensión mide los niveles de participación en la vida cultural y las posibles fracturas o exclusiones existentes, con la intención de evaluar y aproximarse al nivel de vitalidad cultural, a la apropiación social de las actividades culturales y a las divisiones o exclusiones existentes en el seno de una sociedad.
            La dimensión Comunicación evalúa en qué medida se promueve una interacción entre la cultura y la comunicación. Aborda en sus tres sub-dimensiones el respeto y promoción del derecho a la libertad de expresión, entendida como pilar del desarrollo de sociedades participativas y abiertas y condición de un entorno favorable para la creatividad y la diversidad cultural. Asimismo, trata la promoción para acceder a las tecnologías digitales, en particular a internet, y mide también la diversidad de contenidos de ficción en la televisión pública.
            La dimensión Equidad de Género es aspecto central del desarrollo sustentable. La igualdad de oportunidades sociales, económicas, políticas y culturales para que toda la población pueda gozar de libertades en estos campos sin ninguna discriminación es una meta prioritaria. Los valores y aptitudes culturales pueden incidir en que la discriminación contra mujeres persista, pero también pueden influir para que se reduzca y desaparezca. Además, los valores y aptitudes culturales son permeables a las políticas y medidas activas en favor de la equidad de género y no son estáticos sino que evolucionan y se refuerzan mutuamente.
La dimensión Patrimonio Cultural, entendida desde una perspectiva holística (incluyendo el patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, mueble e inmueble), es a la vez un producto y un proceso que proporciona a las sociedades atributos heredadas del pasado o creados en el presente y otorgados en beneficio de las generaciones futuras. Estos recursos son una “riqueza frágil”, que requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y singularidad, ya que, una vez perdidos, no son recuperables.
            En Morelos, es necesario implantar la BICD para contribuir a fomentar procesos de diálogo interinstitucional sobre las relaciones entre cultura y desarrollo, al reforzar nuestras capacidades en materia de estadísticas y su tratamiento. Su puesta en marcha de manera participativa es un aspecto clave a la hora de promover altos niveles de apropiación de los resultados y por lo tanto facilitar su uso efectivo en la formulación de políticas y medidas más informadas.

1 jul. 2013

Impacto económico de políticas sociales.

publicado en La Jornada Morelos el 1 de julio de 2013

En las últimas décadas se han hecho importantes avances en cuanto a metodologías, herramientas y calidad de información para la evaluación del impacto social de las políticas sociales, como lo muestran las actividades del Consejo Nacional de Evaluación. Hoy es posible tener información valiosa en relación al impacto de diversas políticas en dimensiones tan relevantes como la pobreza, la desigualdad y la situación en salud. Asimismo, se puede contar con información sobre el impacto redistributivo de las políticas sociales, lo que se logra a través del análisis del tamaño y características de la población beneficiaria de la inversión social efectuada. No obstante lo anterior, existe poco conocimiento sobre el impacto económico de la política social.
            Rodrigo Martínez, Amalia Palma, Lorena Flores y María Paz Collinao, de las oficinas de la Comisión Económica para América Latina, publicaron el artículo intitulado “El impacto económico de las políticas sociales” (Colección Documentos de Proyectos, LC/W.531, Copyright © Naciones Unidas, febrero de 2013. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile), donde avanzan en el entendimiento de la relación entre la política social y la economía, los recursos involucrados en su financiamiento y el impacto económico que ésta genera.
            El modelo de desarrollo que implanta el Estado sobre un país determina las prioridades de política y sus mecanismos de operación, con mayor o menor participación del sector privado, nos recuerdan los autores. Por el lado macroeconómico, las políticas fiscal, económica y monetaria son las herramientas a través de las cuales los gobiernos estabilizan la economía. Por el lado de la política social, se definen las prioridades para mejorar la calidad de vida de la población. A partir de la política tributaria y del gasto público, en particular la inversión social, el Estado puede redistribuir, asignar o aportar en los ingresos de los hogares, lo cual produce un impacto directo en la economía, a niveles local, regional o nacional.
            Los impactos de la política social son de tres tipos, señalan los autores: social, que se refleja en la variación generada en los indicadores sociales que justifican la implementación de acciones en cada función (salud, educación, etc.) y se mide como el cambio que se presenta en la población objetivo entre la situación previa a la implementación de una determinada gestión social y la alcanzada como resultado de ésta; redistributivo, que se refiere a la valoración económica de los bienes y servicios que son transferidos a la población, se mide como la incidencia que dicha valoración tiene en el ingreso total de los hogares, y permite identificar el grado de transferencia de recursos a los hogares y dimensionar la progresividad o regresividad del gasto; y económico, que se refiere a los beneficios o pérdidas económicas que la política social genera con su intervención, directa o indirecta, en los distintos agentes, producto de los impactos sociales generados por los bienes y servicios transferidos a los hogares, cuantificados en términos del incremento en activos y del potencial productivo resultante, así como de los impactos que se producen en el mercado de bienes y servicios sustitutivos y complementarios a los productos distribuidos o fomentados, por los programas y proyectos sociales.
            De los tres tipos de impacto indicados, el económico ha sido el menos trabajado en la literatura, en parte producto de que normalmente no es concebido como parte de los objetivos directos de la política social, sino como una externalidad o efecto indirecto, establecen los autores. Sin embargo, éste puede tener alta relevancia dependiendo del tamaño de los programas sociales, de las características de sus productos. Así como de sus requerimientos de producción, que afectan la demanda de bienes y servicios especializados y, por tanto, de los distintos agentes involucrados en dichos procesos productivos; de sus impactos sociales, que al modificar la situación inicial de la población disminuyen los costos directos, derivados de la mitigación de sus consecuencias y de la oportunidad de generar nuevas demandas; y de las decisiones autónomas de quienes reciben beneficios, así como los efectos en la conducta de consumidores que dichas decisiones producen entre los no beneficiarios.
            Algunos ejemplos de impactos económicos de las funciones sociales son los siguientes, de acuerdo con los autores: educación, fomenta la productividad de los trabajadores, haciendo que estén más capacitados y habilitados para el mercado laboral; salud, genera un incremento en la capacidad productiva, con beneficios para las personas y para las unidades productivas, donde las clínicas privadas y las aseguradoras de salud generan un impacto en el sector privado y en la economía de países; seguridad, alimentaria y nutricional, donde la desnutrición y el sobrepeso y obesidad generan costos personales y sociales, y cuya disminución supone ahorros directos para la economía de los países en salud, educación y particularmente en productividad; protección social, que al asegurar un nivel de recursos a las personas y mitigar los efectos de las crisis económicas o del desempleo, facilita la existencia de un nivel mínimo de consumo en la población, inyectando recursos directamente al mercado por la vía de la demanda, con un efecto directo en el empleo, en la medida que entre sus funciones está la regulación del mercado laboral y con ello la promoción del empleo decente; protección del medioambiente, donde los métodos para la reducción de la contaminación y la protección ambiental pueden tener un impacto económico; vivienda y servicios relacionados, con un impacto indirecto a través del gasto en vivienda sobre el sector construcción, el que tiene una importante participación en el PIB de la región; y cultura y recreación, donde la producción de bienes y servicios culturales lleva generalmente a la puesta en marcha de actividades económicas privadas, por ejemplo a través de las remuneraciones pagadas en el empleo privado.
            En Morelos, es imprescindible evaluar el impacto económico de las políticas sociales, en particular con relación a los programas de transferencias económicas condicionadas a resultados, ya que entregan recursos a los hogares destinados al consumo. Éstos pueden afectar el mercado, al igual que pueden tener un impacto en el sector productivo o en el trabajo.