29 abr. 2013

Políticos de calidad

publicado en La Jornada Morelos el 29 de abril de 2013
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Un asunto de relevancia actual es el de la profesionalización de la política. Esto se debe a dos circunstancias: el desarrollo en el mundo del trabajo del concepto de profesión y el avance de la democracia representativa en sociedades cada vez menos segmentadas. En términos de políticos como representantes y como gestores: ¿cómo armonizar que personas vivan para la política y, también, vivan de la política? La complejidad de la política moderna hace posible que una persona realice esta actividad durante toda su vida, sea un profesional de la misma. Entonces, como todo profesional, debe ser evaluado y los resultados deben ser de carácter público.
            Manuel Alcántara Sáez, catedrático de ciencia política de la Universidad de Salamanca e investigador en el Instituto de Iberoamérica de dicha Universidad, escribió un artículo intitulado “De políticos y política: profesionalización y calidad en el ejercicio público”, en la Revista Perfiles Latinoamericanos, Vol. 41, Enero/Junio 2013, donde discute un aspecto fundamental de la representación política: la calidad de la política en sistemas donde los políticos tienen un carácter claramente profesional. Además, plantea los requisitos que debe cumplir el político profesional en el terreno de su dedicación y de la remuneración que percibe, y formula un modelo ideal de los elementos constitutivos de un político de calidad, con especial interés en el proceso formativo que integra la carrera de un político.
            El modelo de democracia representativa ha enfatizado la idea de que los políticos son reclutados, formados y proyectados hacia las instituciones por los partidos; pero esto no siempre es así, señala el autor. La propia dinámica democrática, junto con otros factores de índole social, cultural o económica, posibilita modelos diferentes en los que los políticos pueden configurar carreras independientes. Sin embargo, los estudios sobre la calidad de la política han avanzado en los últimos años divorciados de la atención a la existencia de políticos de calidad. El éxito de la política se vincula con su material humano, que debería ser de alta o, al menos, de suficiente calidad. La intensidad y la extensión del tiempo dedicado a la política, o sea, la exclusiva dedicación a ella y una amplia experiencia, configuran una carrera política. Ésta recibe el calificativo de profesional cuando se incorpora a ella la dimensión económica, es decir, el salario y aquellas otras prebendas complementarias que reciben los políticos.
            La propuesta que defiende el autor implica que el político profesional de calidad realice su actividad de manera continua y exclusiva, posea el mayor talento relevante posible y goce de gran experiencia. La excelencia se establece en los términos de la relevancia del talento y la experiencia, que admiten un mayor rango de variabilidad. El talento combina las dotes personales innatas, las mixtas y las adquiridas. Por dotes innatas se entienden aquellas específicas que tienen su máxima expresión, aunque no única, en la inteligencia y en la posesión de un mínimo de capacidad física que permita afrontar jornadas interminables, así como hacer frente al estrés que se acumula cotidianamente. Las dotes adquiridas son, fundamentalmente, las desarrolladas a través de procesos de educación formal, y su máximo horizonte es un título universitario de posgrado; pero vienen acompañadas de otro tipo de educación más especializada en cuestiones vinculadas al diseño de políticas públicas, la economía política, las relaciones internacionales y la estadística, entre otras. En cuanto a las dotes mixtas, son aquellas de corte básicamente instrumental; aunque tienen un fuerte componente fenotípico, pueden ser mejoradas gracias al entrenamiento o al aprendizaje, y son indispensables en la labor cotidiana del político con relación a su autocontrol, al manejo de la dinámica de grupos, y a la comunicación tanto en lo relativo a su faceta oral como a la imagen.
            Hay dos elementos que sí pueden incorporarse y estar presentes en el proceso de entrada en la política de quienes quieran hacer de la misma una profesión, apunta el autor. En primer lugar, se trata de la exposición pública de un currículo que explicite el talento con relación a las dotes adquiridas y a la experiencia. Exhibición que puede llevarse a cabo muy fácilmente y sin costo alguno mediante su colocación en una página web. Paralelamente, los candidatos a políticos deben poner de relieve sus dotes innatas y mixtas, frente a un público interesado, participando en debates públicos con otros candidatos, o con actores sociales tanto en arenas donde estén presentes los medios de comunicación como en aquellas otras con académicos y otros profesionales, donde puedan ser interrogados y tengan la oportunidad de mostrar sus conocimientos y habilidades.
            La tarea de formación del político no sólo consiste en un proceso de crecimiento personal de habilidades y de conocimientos; también estriba en la capacidad de establecer vínculos con el mundo externo de técnicos e intelectuales. Esta permanente apertura, que comporta la pérdida del monopolio de la profesión, es un buen antídoto contra la endogamia y una oportunidad para hacer socialmente más porosa a la clase política.
            En Morelos, los partidos políticos y las academias deben establecer de manera conjunta criterios de evaluación y mecanismos para conocer las dotes personales innatas, mixtas y adquiridas de nuestros políticos. Cambiaría drásticamente nuestra calidad de vida, política, social y aún económica.

23 abr. 2013

Pobres con servicios energéticos

Publicado en La Jornada Morelos el 22 de abril de 2013

Para los países en desarrollo es fundamental encontrar mecanismo que permitan vincular a los pequeños productores rurales con los mercados formales y también lograr que los consumidores de pocos ingresos compren bienes y servicios modernos y de calidad. En el área de servicios energéticos se deben formar alianzas público-privadas que mejoren el sistema de abastecimiento y permitan que los pobres tengan acceso a electricidad y calor de proceso para servicios de salud, educación, transformación del sector agropecuario y actividades culturales y sociales.

            Emma Wilson, Rachel Godfrey Wood y Ben Garside, escribieron el artículo intitulado “¿Energía sustentable para todos? Conectando a las comunidades pobres con servicios modernos de energía” (IIED Sustainable Markets Linking Worlds Series, Working Ppaper No 1, Sustainable energy for all? Linking poor communities to modern energy services. ISBN 978-1-84369-865-4,©International Institute of Environment and Development 2012. www.iied.org, consultado el 20 abril 2013) que explora mejoras en modelos de abasto y en asociaciones multisectoriales para llevar a los pobres servicios modernos de energía, de manera económica y sustentable.

            Los modelos de abasto de energía son la combinación de tecnología, financiamiento y administración que se necesitan para entregar energía a los usuarios, definen los autores. Estos modelos de abasto pueden ser diseñados como empresas, proyectos de desarrollo o programas gubernamentales; sin embargo, la innovación en los elementos clave del modelo hará posible que se impulse un desarrollo sustentable. Plantean un marco analítico que permite identificar cuatro elementos prioritarios para llevar servicios de energía a los pobres y, al mismo tiempo, determinar las acciones que deben realizar los diversos actores del sistema: contexto socio cultural de la comunidad huésped, tal como cohesión de la comunidad, preferencias culturales, expectativas del servicio público propuesto, habilidades locales y estructuras de liderazgo; ambiente facilitador, determinado por las normas e incentivos dispuestos por el gobierno y por bancos y agentes financieros; modelo de abasto, que es diseñado e implantado por el proponente del programa o proyecto energético, y servicios adicionales de apoyo, que son necesarios para incrementar la sustentabilidad global de los modelos de abasto de energía enfocados a los pobres, al ayudar a superar barreras existentes en los mercados.

            El modelo de negocios específico, propuesto por los autores, para este sistema de abasto de energía tiene dos funciones claves: producción, que incluye las actividades productivas, los recursos y los actores principales, y la mercadotecnia, que considera a los diferentes consumidores, las relaciones entre ellos y los canales de distribución. Un elemento fundamental es la inexiste o pequeña capacidad de pago de los consumidores a los que se enfocan estos servicios energéticos. Por lo tanto, es imprescindible identificar el valor de la propuesta, que en el caso de programas o proyectos para los más pobres debe considerar ventas a los no tan pobres, así como su incidencia en programas más amplios de beneficio social; tales como, reducción a la pobreza, protección de bosques y mejoras a la salud, entre otros. El valor de dicha propuesta, además de enfocarse a los pobres, también debe apuntar a los productores y distribuidores que tendrán beneficios económicos. Finalmente, es indispensable que el modelo de abasto mantenga un balance sostenible entre costos e ingresos, por lo que es crucial el establecimiento de tarifas, costeo de productos y aplicación estratégica de subsidios para implantar servicios enfocados a los pobres.

            Para alcanzar la propuesta de valor descrita en la implantación y operación sostenible de servicios modernos de energía, los autores señalan tres elementos claves. Primero, los recursos, tanto físicos como intelectuales, humanos y financieros, siendo estos últimos los más importantes para iniciar un proyecto; ya que es importante el uso de fuentes de energía locales, como biomasa, viento, agua y el sol, así como emplear recursos humanos e intelectuales de la región. Además, se debe considerar el desarrollo de cadenas de valor inclusivas para el diseño y producción de bienes e infraestructura. Segundo, adecuar a las condiciones locales las actividades normales de los casos de negocio, que incluyen diseño, producción, investigación de mercados, mercadotecnia y administración; ya que será necesario llevar a cabo procesos participativos y de apoyo para incorporar a los pobres a que puedan colaborar plenamente en los proyectos. Tercero, los socios, que en un proyecto enfocado a los pobres no serán los de un negocio convencional, serán los gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas sociales y las propias comunidades.

            El acceso económico a los servicios es el tema crucial en la cobertura de las necesidades de los pobres, aseguran los autores, por lo que los costos deben mantenerse al mínimo sin comprometer la calidad, durabilidad y seguridad. Los subsidios y financiamiento a fondo perdido son siempre imprescindibles y se deben establecer de manera precisa, transparente y sostenible.

            En Morelos, debemos reconocer que la puesta en marcha de un sistema moderno de abasto de energía para los pobres requiere de una planeación diferente a la convencional y de la colaboración de los sectores publico, privado y social, en apoyo a la comunidad. También, es necesario crear un ambiente facilitador de políticas, normas y servicios que estén acordes con el contexto socio cultural de sus preferencias, cohesión y organización. Finalmente, asegurar que el éxito del abasto de energía se debe medir en función de los beneficios que los pobres alcancen para impulsar su desarrollo sustentable.

15 abr. 2013

Mujeres en 2020.

publicado en La Jornada Morelos el 15 de abril de 2013

El Instituto Nacional de las Mujeres (www.inmujeres.gob.mx) tiene un acervo estadístico de indicadores demográficos y económicos que establece la participación de la mujer en muy diversas actividades en México. Reúne encuestas de muchas instituciones nacionales. A continuación se presentan algunos datos de interés, para el año 2010. La participación es prácticamente igualitaria en: promedio de escolaridad para la población de 15 años y más; ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada; matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica, y en condición de pobreza patrimonial. El porcentaje de participación de las mujeres en diversas actividades es: 35 por ciento del total de diputados federales son mujeres; 25, diputadas locales; 35, jefas de hogar, y 35, población económicamente activa de 14 años y más. Sin embargo, en otras áreas su participación es mayor que la de los hombres, para bien o para mal: 26 por ciento, docentes; 8, esperanza de vida al nacer; 19, horas promedio semanales de trabajo doméstico y extradoméstico; 867, intervenciones quirúrgicas de planificación familiar; 211, lesiones por consecuencia de violencia familiar; 5, población alfabeta de 15 años y más, y 170, promedio de horas a la semana destinadas a las actividades domésticas. Adicionalmente, el 3 por ciento de los hombres consume algún tipo de droga, mientras que sólo el 0.7 de las mujeres las consume. En resumen, las mujeres han alcanzado equidad en aspectos de educación y salud, la brecha es enorme en áreas de política y laboral, y la mujer sigue con la mayor carga y responsabilidad de la familia y de la sociedad.
            The Futures Company, una empresa consultora en innovación y pensamiento estratégico (www.thefuturescompany.com), publicó un artículo titulado “Mujeres 2020: Nosotras Mismas, Nuestros Mundos y Nuestros Futuros” (Women 2020: Our Selves, Our Worlds, Our Futures, The Futurist, May-June 2013, Vol. 47, No. 3). Dicho artículo muestra que una mejor comprensión de las mujeres, por sí mismas y por el papel que juegan y jugarán en las sociedades, es de gran importancia ya que ellas son potencialmente una nueva fuerza de crecimiento económico mundial y porque los cambios en cómo piensan y actúan tienen repercusiones muy amplias en la sociedad y la cultura. También, centra su atención en la disparidad entre las velocidades en que las mujeres progresan en aspectos económicos y en la que alcanzan prominencia en áreas sociales, siendo generalmente la primera más rápida.
            Es a través de la toma de decisiones que las mujeres impactarán a las sociedades, ya que muestra su capacidad catalizadora de cambio, asegura el artículo. Todas y todos debemos entender como esta toma de decisiones es afectada por la etapa de la vida, estilo de vida y poder de compra. En la medida que las mujeres invierten en ellas mismas los matrimonios se posponen por más años. La tensión entre tradición y modernidad se agudiza en la medida que aparecen nuevos mercados dedicados a las mujeres. Por ejemplo, el 43 por ciento de las mujeres de la “Generación X” en Inglaterra y Estados Unidos consideran ya no tener hijos para mantener su nivel y tipo de vida.
            Los grandes cambios que están ocurriendo en el rol de la mujer en el lugar de trabajo están teniendo un impacto en todo, desde el Producto Interno Bruto hasta la vida familiar, indica el artículo. De vital importancia es cómo se adaptan los empleadores a estos cambios y su habilidad para lograr el mejor resultado de su fuerza de trabajo. En algunos países la participación de la mujer en el empleo empieza a llegar a un punto de saturación en términos estadísticos. En otros, el empleo de mujeres representa una fuerza incipiente para el desarrollo económico. Desafortunadamente, las mujeres son mucho más empleadas en la economía informal y ocupan muy pocas posiciones de alto nivel. Por ejemplo, sólo 12 de las compañías en Fortune 500 son dirigidas por mujeres y aquellas que promueven a las mujeres a posiciones directivas son más exitosas económicamente. En general, las mujeres tienen un sueldo menor que los hombres para la misma posición, 90 por ciento Estados Unidos y Europa o 70 por ciento en Japón y Corea del Sur. Aún en los mercados donde se paga igual por mismo trabajo, esta situación cambia drásticamente después de que una mujer tiene descendencia, al incrementarse la brecha; es fundamental contar con establecimientos que cuiden a los hijos de manera económica.
            Cómo las mujeres piensen en ellas mismas y expresen sus identidades también tienen un efecto importante en la cultura popular y en los patrones de consumo, plantea el artículo. Las mujeres se enfrentan con mayores oportunidades de elección, percibidas o reales, y que varían de manera dramática entre distintas regiones del mundo. Estas decisiones abarcan desde cómo priorizar las actividades diarias o cómo planear sus etapas en la vida; la tensión entre carrera y familia. Históricamente, la feminidad estuvo definida por los hombres en términos de belleza y atractivo sexual, ahora aparece un ideal femenino definido por las propias mujeres: las mujeres quieren ser aquellas que otras mujeres admiran.
            En Morelos, mujeres y hombres, debemos ser conscientes de los cambios que irán ocurriendo en el empoderamiento de las mujeres sobre temas como ingresos, laborales, derechos humanos, patrones de consumo, innovación, entretenimiento, desarrollo, progreso, feminidad, masculinidad, y necesidades individuales y sociales, tanto reales como percibidas. Dichos cambios seguro tendrán efectos positivos sobre nuestra economía, sociedad, ambiente y gobernanza.

8 abr. 2013

Gobernanza de la innovación en México

publicado en La Jornada Morelos el 8 de abril de 2013

La necesidad de contar con un Estado activo en la definición y financiamiento de políticas públicas de innovación y competitividad es una realidad desde que se evidenció que las fuerzas del mercado, por sí solas, no llevan al crecimiento económico sostenible con desarrollo social e igualdad. Además, no puede haber desarrollo económico en México sin una visión regional en el diseño e implantación de políticas industriales que consideren las fortalezas y debilidades locales. Por lo anterior, es imprescindible identificar, organizar, consensuar y operar un sistema de innovación regional en Morelos que permita generar sinergias entre los sectores público, privado y social y que, en particular, esté sustentado en nuestra sólida capacidad de generar conocimientos.
            Federico Stezano, Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, y Ramón Padilla-Pérez, Oficial de Asuntos Económicos,
Unidad de Desarrollo Económico, Sede Subregional de la CEPAL en México, escribieron la nota técnica (# IDB-TN-512) “Gobernanza y coordinación entre el ámbito federal y estatal en las instituciones y programas de innovación y competitividad en México” para el Banco Interamericano de Desarrollo, División de Competitividad e Innovación, Departamento de Instituciones para el Desarrollo (http://www.iadb.org, copyright © Banco Interamericano de Desarrollo, marzo 2013). Este trabajo se centra en el análisis de las capacidades y debilidades de los gobiernos estatales en México para ejecutar políticas propias y coordinarse con las autoridades federales, así como el efecto de la concurrencia de estas autoridades sobre la gobernanza de las políticas de competitividad e innovación. Analizaron las dinámicas institucionales, el perfil de especialización productiva y las trayectorias de innovación en tres estados de México (Baja California, Jalisco y Puebla), y su interacción con tres programas federales de Ciencia, Tecnología e Innovación (FOMIX, PROSOFT y PEI).
            El punto de partida de este trabajo es la baja productividad que ha caracterizado a la economía mexicana en las últimas tres décadas. Esta economía, apuntan los autores, tiene un perfil de especialización productiva orientado a mercados externos con bajas tasas de crecimiento y es vulnerable a la entrada de nuevos competidores en los mercados internacionales. La incorporación de mayor valor añadido a través de inversiones en tecnología e innovación es un desafío central y se conoce el papel de las políticas públicas de innovación y competitividad para fomentar un crecimiento económico de largo plazo basado en una productividad creciente.
            Dadas las marcadas diferencias en las capacidades productivas y tecnológicas de los estados en México, las políticas estatales y su coordinación con las federales son de gran importancia, aseguran los autores. La política industrial es la intervención de los gobiernos para movilizar recursos hacia sectores particulares con el objetivo de fomentar la competitividad, la productividad y el crecimiento económico. Estas políticas deben ser entendidas como un medio para alcanzar metas de desarrollo económico como la creación de empleo de calidad, la generación de mayor valor agregado nacional, el combate contra la desigualdad y la protección del medio ambiente. La política industrial en un sentido amplio comprende desde políticas que afectan a las industrias nacientes, hasta políticas comerciales, e incluye las que crean el ambiente jurídico y económico para que operen las empresas, y pueden abarcar las siguientes políticas: de ciencia, tecnología e innovación, de educación y de construcción de habilidades, comerciales, sectoriales de competitividad y de competencia.
            Los autores ofrecen elementos para contestar dos preguntas centrales para el diseño de políticas de innovación y competitividad en México: ¿cuáles son las capacidades y debilidades claves de los estados para diseñar y ejecutar políticas locales y para coordinarlas con las federales? y ¿cómo influye y qué impacto tiene en la gobernanza y efectividad de las políticas públicas la concurrencia de diferentes autoridades federales y estatales? La capacidad de los gobiernos estatales para definir sus sectores prioritarios y su perfil de especialización productiva y tecnológica es clave. Esta definición se basa en diagnósticos, evaluaciones y ejercicios prospectivos que permiten planear procesos de desarrollo de mediano y largo plazos, con el apoyo de ejercicios periódicos de evaluación de resultados. Esta vía es fundamental para comenzar a construir agendas de competitividad e innovación estatales con una correlación concreta con las problemáticas y necesidades de los actores locales.
            La obtención de los recursos federales por parte de los estados, está relacionada con la capacidad de diseñar programas locales y cabildear con el gobierno federal, así como con las capacidades de las empresas, universidades, centros de investigación y cámaras empresariales locales para plantear y llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Señalan los autores, que se destaca así una necesidad en las organizaciones estatales de gobierno de fortalecerse para: articular de manera continua a los actores relevantes de la innovación; diagnosticar periódicamente las fortalezas y debilidades clave en innovación, ciencia y tecnología de los actores del estado; realizar ejercicios de prospectiva que permitan delimitar prioridades sectoriales de la entidad, y diseñar, ejecutar y evaluar programas y políticas estatales en la materia.
            La evidencia acumulada en estudios anteriores sobre la coordinación entre los niveles federales y locales de gobierno en México muestra, de acuerdo con los autores, que el papel central del gobierno federal en la estructura estatal de fomento a la competitividad y la innovación se debe a que muchas entidades carecen de capacidades para desarrollar iniciativas propias en la materia, o no consideran al diseño y ejecución de programas estatales en la materia como núcleo importante de una política de largo plazo de la entidad. En el discurso oficial, estos estados argumentan que existe una alineación de sus objetivos y orientaciones con los del gobierno federal. Sin embargo, la dificultad para generar políticas y programas estatales responde a dos factores a modificar: la falta de capacidades organizacionales y de recursos financieros y humanos para diagnosticar prioridades de desarrollo locales, y diseñar y ejecutar políticas para apoyar actividades de investigación y desarrollo que atiendan a esas prioridades, y la falta de visión y planeamiento que establezcan con claridad los objetivos de desarrollo prioritarios de mediano y largo plazos.
            En Morelos, debemos reconocer que el financiamiento de la innovación, investigación y desarrollo presenta economías a escala que justifican el diseño de programas centralizados y también que el apoyo a pequeñas y medianas empresas tiene un mayor impacto si se hace a través de políticas locales, debido a las necesidades y orientación particulares que éstas presentan. Entonces, es necesario realizar ejercicios de evaluación que ayuden a establecer en qué casos es eficiente contar con programas federales o estatales de fomento a la competitividad. Lo anterior establecerá una nueva dinámica de relación entre los dos niveles de gobierno que podría llevar a la formulación conjunta y consensuada de objetivos de innovación y competitividad desde una visión de mediano y largo plazo, y también a la evaluación del diseño e impacto de los mecanismos federales actuales como base para el diseño de instrumentos nuevos o complementarios que se diferencien en función de las capacidades de nuestro estado.

3 abr. 2013

Desarrollo sustentable en América Latina post-2015

publicado en La Jornada Morelos el 1 de abril de 2013

A tres años de que se cumpla el plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la comunidad internacional se encuentra en un proceso de reflexión y debate sobre la agenda para el desarrollo después del año 2015. En este proceso se ha avanzado hacia una visión crecientemente compartida sobre los ejes principales que deberían guiar esa estrategia: el crecimiento económico inclusivo, el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental, la creación de empleo y trabajo decente para todos, el establecimiento de las bases para la igualdad, y el cumplimiento de los derechos. América Latina es hoy una región eminentemente urbana y de ingreso medio que esconde una gran heterogeneidad que se manifiesta dentro de los países en las desigualdades de ingreso, acceso y oportunidades, y territoriales.
            La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) recientemente publicó un trabajo titulado “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: Seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post-2015 y Río+20. Versión preliminar” (LC/L.3590 • Marzo de 2013 • 2013-122 © Naciones Unidas). Este documento busca continuar el proceso de discusión sobre los ODM y los lineamientos de una nueva agenda para el desarrollo en la región, con la participación de la CEPAL y de los organismos de las Naciones Unidas. Su propósito es avanzar hacia una visión compartida sobre la orientación y los contenidos principales de esa agenda e intentar dar respuesta a algunas interrogantes: ¿Cuáles son las brechas estructurales que impiden el crecimiento económico con igualdad y sostenibilidad ambiental? ¿Qué significa ser una región de ingreso medio? ¿Cómo se transita del paradigma de desarrollo actual a otro basado en una perspectiva de derechos que promueva la igualdad y la sustentabilidad? ¿Cuáles deben ser las principales características del nuevo paradigma de desarrollo para avanzar hacia la sustentabilidad económica, social, ambiental e institucional?
            El examen de los principales indicadores revela que América Latina y el Caribe lograron avances importantes hacia el cumplimiento de los ODM, particularmente en las metas de reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y el acceso al agua. Estos progresos, sin embargo, no son suficientes para cerrar las brechas y superar los rezagos que han caracterizado a la región. El desarrollo de las dos últimas décadas pone claramente de manifiesto sus deficiencias estructurales. Algunas pueden resumirse, según el reporte, en que: no basta con el crecimiento económico si no se incorpora la relación intrínseca que tiene con el medio ambiente y su protección, y el desacople en el uso de energías contaminantes; no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades sobre la base del género, la etnia y el territorio, que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo; no basta con lograr mayor productividad si no se traduce en una mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos; no basta proveer educación si no es de calidad y no permite la inserción laboral, una mayor conciencia cívica, una participación política informada y una mejor integración en la sociedad; no basta con extender la atención médica si no está al alcance de todos y no otorga protección frente a los riesgos ambientales; no basta con la incorporación de las mujeres al mercado laboral si no se enfrenta la discriminación basada en el género y se asegura su autonomía física y empoderamiento; no basta con un Estado que logra finanzas públicas ordenadas y una macroeconomía que mantiene bajo control la inflación si no cumple cabalmente su rol de orientador del desarrollo sustentable en el largo plazo, para lo que se requiere cambiar la estructura impositiva y elevar la recaudación; no basta con una política social asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la desigualdad.
            El reporte presenta los siguientes mensajes que sintetizan los principales hallazgos y tienen la intención de informar a los gobiernos de la región sobre las posibilidades y las grandes orientaciones que podría adquirir la nueva agenda para el desarrollo: es preciso mantener el foco en las brechas pendientes de los ODM, ya que todavía quedan varias metas por cumplir; la región está cambiando y los asuntos emergentes deben ser atendidos en la nueva agenda para el desarrollo; se requiere un modelo basado en derechos, igualdad y sostenibilidad ambiental que reconozca los límites existentes; el umbral mínimo de bienestar se ha elevado y el cambio se debe asentar en políticas de Estado con vocación universalista (protección social, salud, educación y empleo), con derechos y de calidad; el cambio hacia el desarrollo sustentable exige señales adecuadas que se deriven de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales, con un sector privado corresponsable; es preciso establecer formas más variadas de medir los avances, que complementen al Producto Interno Bruto, con el fin de informar mejor las decisiones para el desarrollo sustentable; y se ha de privilegiar la coherencia de políticas globales para el desarrollo sustentable, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, el fomento de la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de los mecanismos de participación social.
            En Morelos, los objetivos de desarrollo sustentable han de dar el salto cualitativo requerido: superar la pobreza mediante la búsqueda de mayor igualdad, pasar de la provisión de la ingesta calórica mínima a la nutrición de calidad, de las enfermedades de la pobreza a la vida sana, y del acceso básico a satisfactores como el agua, la energía y la vivienda a hábitats y asentamientos humanos de calidad. Podemos crecer con mayores niveles de inclusión, protección, participación e igualdad social, menor exposición a los impactos negativos de la volatilidad externa, mayores niveles de inversión productiva, más generación de empleo decente y de calidad, y mayor sostenibilidad ambiental y resiliencia ante los desastres.