26 ago 2013

Igualdad de oportunidades y tecnología digital

publicado en La Jornada Morelos el lunes 26 de agosto de 2013


En todos los países se han establecido planes para promover la igualdad de oportunidades entre los sexos que, en muy diversos rangos, han logrado avances para el desarrollo de la mujer en las sociedades. También, en cada país se ha establecido una agenda digital para consolidar una sociedad de la información que permita una mayor equidad de oportunidades en el desarrollo económico y social de los individuos dentro de su contexto social. Ambas acciones buscan transformaciones en las normas que estructuran las relaciones entre el Estado, los mercados, el individuo y la sociedad.  Resulta natural pensar en implantar políticas públicas que creen sinergias para alcanzar la igualdad y la equidad de los sexos que, a su vez, impulsen el desarrollo de cada uno de los ciudadanos en nuestras sociedades.
            Ana Laura Rodríguez Gustá, investigadora y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, escribió el artículo “Interferencias en la conexión: las TIC en los planes de igualdad de oportunidad y las agendas digitales de América Latina” que será publicado en la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Vol. 8, No. 24, 2013. El propósito de este trabajo es presentar un panorama de las vinculaciones existentes entre los Planes de Igualdad de Oportunidades (PIO) como una expresión del compromiso del Estado con la equidad de género y las modalidades en que la introducción, las condiciones sociales de apropiación y los impactos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) aparecen como asuntos a ser abordados en dichos planes. A efectos de completar la relación entre los lineamientos generales de las políticas públicas de género en la región –enunciados en los PIO– y las TIC, se examinan, además, las agendas digitales a fin de identificar cuáles son las vinculaciones que las mismas establecen respecto de la situación social de las mujeres y sus derechos.
            América Latina es el continente más desigual del mundo. Las diferencias de género, junto con las existentes en la distribución de la riqueza y las discriminaciones que sufren los y las afrodescendientes y los pueblos originarios, producen sociedades donde la exclusión es un eje organizador del poder social, económico y político, establece la autora. Por ello, la relación entre la equidad de género y la inclusión social a partir de los nuevos entornos tecnológicos no es simple, puesto que la pobreza y la desigualdad son problemas fundamentales, al punto que una mayor vinculación entre institucionalidad y equidad se ha vuelto esencial para la gobernabilidad democrática.
            En las últimas dos décadas y, en especial, a partir de los noventa, la mayoría de los países de América Latina han desarrollado instituciones dedicadas a las temáticas de género en el seno del Estado, afirma la autora. En particular, se han constituido agencias en los Poderes Ejecutivos con el mandato específico de formular e implementar acciones que corrijan la desigualdad entre varones y mujeres. Dichas agencias, que pueden ser consejos, institutos, vicepresidencias, o ministerios, de acuerdo con el país, han tenido a su cargo la elaboración de políticas públicas de género, siendo los planes de igualdad de oportunidades (PIO) una de las manifestaciones más emblemáticas de su labor. Éstas pretenden ser comprensivas en las medidas orientadas a instaurar mayores grados de igualdad de género y, además, se instituyen como los lineamientos rectores en la materia. En tal sentido, conforman una matriz básica de trabajo a partir de la cual las restantes acciones públicas deberían alinearse en cuanto a sus objetivos.
            Respecto de cómo están incorporadas las TIC a las propuestas de acción para instaurar la igualdad de oportunidades y derechos entre varones y mujeres, podemos clasificar a los países en las siguientes categorías, propone la autora: a) Estados donde las TIC son significativas en los PIO, contando, por ejemplo, con discusiones específicas (Uruguay); b) naciones donde son incorporadas bajo una mirada sectorial, abordándolas como parte de las transformaciones en los ámbitos de la cultura, el empleo o la educación (Brasil, Perú y México); y c) países donde las TIC no están mencionadas en los PIO pero la problemática de género está abordada a partir de las recientes agendas digitales (Bolivia y Chile), en el marco de la preocupación por alcanzar una mayor inclusión digital.
            Las políticas de igualdad de género apuntan a resolver injusticias socio-económicas como así también de orden simbólico relativas a las pautas sociales de representación, interpretación, y comunicación, señala la autora. Esta doble consideración implica que cuando las TIC ingresan en el ámbito de las políticas de género, ya no es suficiente garantizar el acceso físico a computadoras e Internet, sino que se requiere de un amplio conjunto de políticas adicionales, como lo son, por ejemplo, las de participación ciudadana, alfabetización digital e inclusión social, ampliamente concebidas. La literatura sobre género y TIC reconoce que el acceso equitativo es una condición fundamental, ya sea por parte de mujeres individuales o por colectivos de mujeres, aunque es insuficiente frente a las dinámicas sociales relativas a la desigualdad entre ambos sexos.
            Pese a la relevancia indiscutible de las TIC en la transformación de la sociedad actual, resta un largo trecho por recorrer en cuanto a las políticas públicas de TIC desde una óptica de género, concluye la autora. A su vez, las agendas digitales, incluso las guiadas más claramente por una preocupación por la igualdad social, no se han adentrado a vincular sus propuestas y acciones con las cuestiones de la desigualdad de género. Respecto de este último punto, la escasa incorporación de dicha problemática en estas agendas devela que no existe una integración horizontal en las políticas públicas. Esto es todavía una tarea pendiente, en particular en temáticas novedosas como las tecnológicas. En definitiva, y más allá de las excepciones, los PIO y las agendas digitales conforman mundos paralelos al menos en sus planteamientos programáticos.
            En Morelos, debemos identificar las problemáticas de la desigualdad de género a partir de la estructuración de una sociedad de la información y utilizarla como punto de partida para edificar nuevos procesos para alcanzar la igualdad de género propiciados por los cambios tecnológicos.

20 ago 2013

Ciencia y sociedades del conocimiento

publicado en La Jornada Morelos el 19 de agosto de 2013
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El conocimiento se ha convertido en un poderoso motor para el desarrollo económico y para las transformaciones sociales que se realizan en un mundo donde la dimensión científico-tecnológica constituye la piedra angular de la sociedad y la nueva economía y las redes de comunicación representan las principales características de su estructura general. Las sociedades del conocimiento simbolizan la superación de la sociedad de la información. La idea de sociedad de la información se basa en avances tecnológicos que corren el riesgo de ofrecer poco más que “una masa de datos imprecisos” para aquellos que no pueden beneficiarse de ella. La información por sí sola no es suficiente para aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece el conocimiento. Por lo tanto, una visión más holística y un enfoque más integral del desarrollo son necesarios.
            Ernesto Fernández Polcuch y Alessandro Bello, especialista principal y consultor, respectivamente, de la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el
Caribe, escribieron el artículo “Ciencia y Sociedades del Conocimiento Sostenibles” en la revista Cultura y Desarrollo, No. 9, 2013, sobre la transformación la sociedad de la información en sociedades del conocimiento, que comparten y utilizan el conocimiento para la prosperidad y el bienestar, de manera sostenible.
            El ser humano por su naturaleza quiere aprender, explorar, crear e inventar estimulado por el deseo de mejorar su propia condición espiritual y material, afirman los autores. La ciencia ha sido, a lo largo de los siglos, una poderosa herramienta en esta perpetua búsqueda. El actual rápido crecimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha reducido la distancia y el tiempo entre los lugares y ha creado nuevos valores económicos y sociales. En efecto, las ciencias y las tecnologías han creado un enorme potencial para la información y el intercambio de conocimientos, para la creación de nuevos patrones de comunicación y el intercambio de ideas, así como para su elaboración y su planificación. Es evidente, entonces, la importancia de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y su relevancia para la construcción y el mantenimiento de sociedades del conocimiento.
            La CTI puede y debe impulsar la búsqueda de un desarrollo más equitativo y sostenible, una producción de conocimiento distinto que satisfaga las necesidades y que contribuya a la solución de los problemas de la sociedad, consideran los autores. Por ende, se requiere un nuevo rol de la ciencia y de los científicos en la sociedad, a través una interacción continua con los restantes actores sociales no involucrados directamente en la actividad científica y por medio de una distribución social de la expertez. El resultado es que la división entre la ciencia y la sociedad, se sustituye por un sistema integrado ciencia-sociedad, en el que la formulación de problemas y la negociación de soluciones pasan por un nuevo espacio público donde la ciencia encuentra al público (el usuario) y el público a la ciencia.
            La producción de bienestar social, así como la respuesta ante amenazas o peligros, pasan por el desarrollo de conocimientos técnico-científicos en sinergia con una pluralidad de conocimientos prácticos, teóricos y actividades sociales, plantean los autores. Así, la ciencia y la tecnología son cada vez más reconocidas como fundamentales para crear sociedades sostenibles de conocimiento. Las sociedades del conocimiento son actores de implementación de procesos de desarrollo gracias a la creación y el fortalecimiento de capacidades para identificar, producir, procesar, transformar y difundir información de utilidad, con el fin de construir y aplicar el conocimiento para el desarrollo humano. La investigación está en la base de los procesos creadores de conocimientos. El conocimiento útil para el desarrollo sustentable, sin embargo, no es una adquisición y acumulación pasiva de innovaciones e investigaciones sino más bien una producción local.
            La innovación es el elemento fundamental del crecimiento económico para todas las naciones y contribuye, a través de su elaboración en las sociedades del conocimiento, a que el progreso sea de todos y para todos, aseguran los autores. Distintas organizaciones e instituciones han pedido una nueva orientación y un enfoque más amplio de la innovación, además de la creación de una “cultura de la innovación”. Antes de todo, porque la innovación es siempre mas frecuentemente interpretada como un proceso social y cultural, y también porque cada vez más las investigaciones se enfocan en la relación entre el éxito de la innovación y su adaptación dentro de una sociedad o un grupo. De hecho, muchas de las llamadas innovaciones tecnológicas son en realidad innovaciones socio-técnicas, pues las competencias organizacionales, los vínculos entre empresas, las cadenas de valor añadido y las estructuras de la industria también tienen que ser renovadas.
            Una sociedad del conocimiento es, según los autores, aquella en la que los distintos actores económicos y sociales toman sus decisiones e implementan sus acciones, accediendo en forma dinámica al acerbo existente de conocimiento (ya sea científico o tradicional) y complementando cuando sea necesario con actividades de investigación y desarrollo, que expanden el núcleo de las sociedades del conocimiento.
            En Morelos, debemos establecer a la educación y comunicación en ciencias como una herramienta fundamental para que la sociedad utilice efectivamente el conocimiento para la toma de decisiones en todos los ámbitos. Aprendiendo ciencias se desarrollan los ciudadanos de las sociedades del conocimiento, así como sus capacidades de analizar y resolver problemas cotidianos cada vez más complejos. Estos ciudadanos, alfabetizados en ciencias, constituyen la piedra fundamental de las sociedades del conocimiento y éstas, a su vez, ponen a disposición nuevas herramientas para formar ciudadanía. Este círculo virtuoso de establecimiento de ciudadanías del conocimiento se nutre y a la vez transforma la cultura de las sociedades.

12 ago 2013

Macroeconomía y crecimiento en América Latina

publicado en La Jornada Morelos el 12 de agosto de 2013


Mayor solidez de las finanzas públicas, menores niveles de inflación y desempleo, y avances en materia de pobreza y distribución del ingreso constituyen una buena base para lograr un aumento en los niveles de inversión, principal canal a través del cual se materializa el cambio estructural y el incremento de la productividad. Los requerimientos para el desarrollo son multidimensionales ya que incluyen aspectos de desarrollo productivo e institucional y deben abarcar el ámbito de todas las políticas económicas. Sin embargo, la contribución de las políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria y cambiaria) es clave, ya que previene la acumulación de desequilibrios que desembocan en crisis. Así, se crean las condiciones necesarias para desplegar acciones contracíclicas (las que estimulan la economía en tiempos de recesión) que permitan sostener el crecimiento del producto y el empleo, y resulten en tasas de interés reales que apoyen la inversión y un tipo de cambio real que favorezca la competitividad de los sectores transables (los que producen bienes y servicios que se exportan o que compiten con las importaciones).
            La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013, documento anual de la División de Desarrollo Económico. La elaboración de esta edición estuvo encabezada por Juan Alberto Fuentes, mientras que la coordinación estuvo a cargo de Sandra Manuelito y Jürgen Weller. (www.cepal.org/de, visitada 10 agosto 2013). Analizan el desempeño reciente de las economías de la región y sus perspectivas para el año, y discuten aspectos de largo plazo del desarrollo económico de América Latina y el Caribe.
            El estudio destaca que durante 2013 la región ha seguido enfrentando una situación económica mundial muy variable, como consecuencia de la lenta resolución de la crisis de la deuda en varios países de la zona del euro, los episodios de alta incertidumbre ante el agravamiento de la situación en algunos de esos países, las respuestas políticas en economías desarrolladas que han redundado en un significativo aumento de la liquidez mundial, y la desaceleración de algunas grandes economías asiáticas. El resultado constata que, salvo en unos pocos casos, el crecimiento del PIB per cápita ha sido muy bajo y la convergencia hacia los niveles de los países más desarrollados ha sido escasa. También, menciona el bajo nivel de inversión y la dependencia respecto del ahorro externo, cuyas fluctuaciones han determinado en gran medida la elevada variabilidad del crecimiento, con un insuficiente avance en el aumento de la productividad.
            El gradual fortalecimiento de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias observado en las últimas décadas permite suponer, según el estudio, que su aporte al mayor crecimiento con igualdad será decisivo en el futuro. En particular, cuatro hechos justifican la necesidad de que la política macroeconómica asigne una atención prioritaria al impulso de la inversión en América Latina y el Caribe, y contribuya así a crear las condiciones para la diversificación de la estructura productiva. En primer lugar, es probable un escenario futuro en que el aporte al ingreso disponible derivado de los elevados precios de los productos básicos exportados por la región sea significativamente menor. En segundo lugar, la desaceleración del crecimiento del PIB en la región en los últimos años y su creciente dependencia de la expansión del consumo, en contraste con la decreciente contribución de la inversión y el aporte negativo de las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones), no contribuye a disminuir la vulnerabilidad externa y su sostenibilidad de largo plazo es dudosa. Por ello, es preciso dar prioridad al aumento de la inversión, en especial en los sectores transables productores de bienes y servicios y en aquellos sectores de infraestructura que contribuyen a la competitividad sistémica. En tercer lugar, la inversión es uno de los canales clave para el progreso tecnológico y el aumento de la productividad, condición necesaria para el crecimiento y la competitividad de largo plazo. Finalmente, en los últimos años la inversión en los sectores no transables (de menor productividad) ha aumentado más que en los sectores transables (de mayor productividad) en varios países y sería necesario revertir esta situación para impulsar un proceso más equilibrado y de mayor productividad en el futuro.
            Para favorecer la inversión, sobre todo en los sectores transables con mayores eslabonamientos, como parte de un proceso de crecimiento socialmente incluyente y ambientalmente sostenible, el reporte identifica lineamientos de estrategia macroeconómica.
Primero. La propuesta estratégica debe apoyarse en un entorno institucional que favorezca sinergias entre políticas macroeconómicas, industriales, ambientales y laborales para dar una orientación común y sostenida a la acción pública, y que incluya acuerdos o pactos tácitos o explícitos entre el Estado y diversos actores sociales para avanzar en una misma dirección. Segundo. La institucionalidad de las políticas monetaria y fiscal para asegurar el crecimiento estable de la demanda agregada se vuelve central ante la evidencia de su importancia como determinantes de la inversión y del crecimiento en América Latina y el Caribe. Desde la perspectiva macroeconómica, la relación positiva de la inversión con el grado de utilización de la capacidad instalada y, especialmente, la dependencia de la inversión a la trayectoria pasada de crecimiento del PIB, justifican la implementación de políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Tercero. Para estimular la inversión en el mediano y largo plazo se requiere eliminar el sesgo favorable a la inversión en los sectores no transables e impulsar políticas fiscales, financieras y de empleo que apoyen el cambio estructural. Desde la perspectiva productiva, el hecho de que el destino sectorial de la inversión incida en la productividad, así como la evidencia mostrada de que en varios países de la región ha habido un sesgo favorable a la inversión en sectores no transables durante la última década, destaca la necesidad de implementar políticas macroeconómicas para favorecer la inversión en los sectores transables y de complementarlas con políticas industriales y otras políticas microeconómicas y sectoriales.
            En Morelos, se debe apoyar al sector académico ya que es conocido que los proyectos de inversión se hacen rentables solamente en el grado en que se cuente con fuerza laboral adecuadamente calificada. Este aspecto es clave en el caso de inversiones que incorporan nuevas tecnologías que, para su pleno aprovechamiento, requieren habilidades y conocimientos nuevos y que serían especialmente importantes en procesos de cambio estructural que conllevan inversiones y mano de obra que se reasignan a sectores con mayores exigencias de productividad. Asumamos este gran reto, y concertemos a la educación universitaria con la técnica y con los sistemas de formación y capacitación profesional para crecer con equidad.

5 ago 2013

Transformación del transporte urbano

publicado en La Jornada Morelos el 5 de agosto de 2013

El transporte actualmente usa la mitad del petróleo consumido a nivel mundial y casi el 40 por ciento es sólo empleado en el transporte urbano. Es discutible si una mayor movilidad en las ciudades es benéfica, pero ésta se está incrementando muy rápidamente y crea grandes desafíos. Por un lado, es imperioso establecer políticas públicas para incrementar el uso eficiente de la energía y mitigar los problemas asociados; tales como, ruido, contaminación del aire, congestiones de tráfico e impactos climáticos. Por otro, necesitamos repensar qué ciudades queremos y cómo debe ser su urbanización. Cuando una ciudad crece más de un cierto tamaño, sus habitantes se mueven grandes distancias por motivos de trabajo, ya no por recreación.
            La IEA publicó el reporte “Una Historia de Ciudades Renovadas” (A Tale of Renewed Cities. A policy guide on how to transform cities by improving energy efficiency in urban transport systems.© OECD/IEA, 2013 International Energy Agency, 9 rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, France. www.iea.org), donde presentan ejemplos ilustrativos y casos de buenas prácticas desarrollados en diversos países que han implantado una amplia gama de medidas para mejorar la eficiencia energética de su sistema de transporte urbano y, además, ofrecen una guía metodológica para llevar a cabo los cambios necesarios.
            Entre 2000 y 2010, Naciones Unidas estimó que la población urbana mundial creció en 650 millones de personas, aproximadamente, y la IEA cuantificó que los viajes de pasajeros urbanos aumentaron cerca de 3,000 millones de pasajeros-kilómetros anualmente durante ese periodo. En 2050, se considera que 6,300 millones de personas vivirán en áreas urbanas, cerca del 70 por ciento de la población. La IEA espera que la movilidad de los pasajeros urbanos a nivel global, con relación al 2010, se duplique al 2050 en un escenario tendencial, aunque la movilidad pudiera incrementarse en un factor de diez en un escenario de rápida urbanización. En el escenario tendencial, se tendría un crecimiento anual promedio de energía superior al 80 por ciento, aun considerando las mejoras esperadas en la tecnología de los vehículos y en ahorro de combustibles.
            El reporte considera que la eficiencia energética en el transporte urbano puede ser definida como la maximización de los viajes realizados con un mínimo de energía consumida por medio de una combinación de planeación en el uso de la tierra, modalidades de transporte compartido, intensidad energética y tipo de combustible. Las políticas de eficiencia energética en el transporte urbano pueden ser agrupadas un paquete de políticas que se reconoce como “evitar, cambiar y mejorar”. Evitar, requiere de políticas que disminuyan el crecimiento en el número de viajes por medio de la planeación urbana y la administración de la demanda de movimiento; por ejemplo, trabajar en casa e implantación de tecnologías de logística. Cambiar, al motivar y establecer acciones que permitan dejar el coche en casa y cambiar a modalidades más eficientes como usar de transporte público masivo, bicicletas y caminar, dependiendo de la distancia del viaje, así como impulsar el transporte de carga ferroviario. Mejorar, al establecer políticas que reduzcan el consumo de combustibles y sus emisiones por medio del incremento en los estándares en el consumo de combustibles de cada modelo de vehículo y en la venta de vehículos con tecnología más avanzada. Esta metodología de “evitar, cambiar y mejorar” podría disminuir los gastos globales totales en vehículos, combustibles e infraestructura por 70 millones de millones de dólares, de ahora al 2050.
            La hoja de ruta propuesta en el reporte para mejorar la eficiencia energética en un sistema de transporte urbano es: planear, al identificar necesidades de transporte, actores involucrados, barreras potenciales y asegurar el financiamiento necesario; implantar, involucrar y motivar a los actores desde el inicio, comunicar metas y establecer procesos de administración; monitorear, al recopilar, revisar y diseminar información, y evaluar, al analizar lo realizado y conocer los efectos de la política de transporte y planear los pasos siguientes.
            La ciudad de Seúl es uno de los muchos casos con éxitos descritos en el reporte. La hoja de ruta de su sistema urbano de transporte incluyó: retos, pobre calidad en su servicio de autobuses, contaminación del aire y por ruido, crecimiento en la demanda de viajes y falta de financiamiento para continuar con su sistema de metro; plan, el Instituto para el Desarrollo de Seúl produjo una guía para modernizar su sistema al proponer la integración de los servicios de metro y autobuses, reestructuración el sistema de tarifas y readecuación del sistema de autobuses; implantación, al llevar a cabo la reorganización y regulación del sistema de autobuses, instalación de corredores exclusivos para ellos, coordinación de los servicios de metro y autobuses, integración de las tarifas del sector público, reformas al sistema de estacionamientos, aumento en el impuesto a combustibles, cerrar calles al tráfico vehicular, mejorar los servicios a los peatones y conversión de algunas flotillas al uso de gas natural comprimido; monitoreo, al recolectar información sobre número de pasajeros, frecuencia de transferencias, accidentes de tráfico y velocidad promedio de los autobuses, entre otros; y evaluación, al comparar las cifras de antes y después de los cambios realizados, consiguiendo mejoras sensibles en todos los rubros mencionados.
            En Morelos, el servicio de transporte colectivo urbano es muy malo, en general: sucio, caro, ruidoso, contaminante, sueldos a destajo, subsidios y prebendas desconocidas, falta de cortesía a usuarios y vehículos vecinos, y descoordinación entre modalidades, entre otras características. Utilicemos la transformación del transporte como elemento de cambio para reconstruir nuestras ciudades.