El 11 de marzo de 2011 ocurrieron los devastadores
terremoto y tsunami que causaron la pérdida de miles de vidas y afectaron a la
sociedad, la economía y el ambiente en Japón. En particular, los gravísimos accidentes
en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos forzaron a revisar nuestras
hipótesis y criterios para el desarrollo del sector energético en México y en
el Mundo. No estamos en contra de la investigación, el desarrollo y la
innovación de la ciencia y la ingeniería nuclear, ya que son de gran beneficio
para conocer el mundo que habitamos y de gran utilidad para aplicaciones en
salud o geociencias. De lo que estamos seguros es que para México la generación
de electricidad por métodos nucleares es un riesgo inaceptable, tanto
económico, como ambiental, político y social. La industria nucleoeléctrica
internacional (ya que no hay nacional), la Comisión Reguladora de Energía, la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y la Secretaría de
Energía tendrán que responder a muchas dudas y cuestionamientos de la sociedad civil
antes de aprobar un programa de expansión de generación eléctrica con centrales
nucleares, como se esboza la posibilidad en la Estrategia Nacional de Energía
2012 – 2027.
Junichi Sato, ED Greenpeace Japan, escribió
en su blog (March 11, 2013 at 0:17) sobre la “Esperanza en Fukushima”. Describe
que muchas de las personas que tuvieron que evacuar zonas de desastre por el
terremoto y tsunami ya han regresado a sus comunidades y están reconstruyendo
sus vidas y sus localidades lo mejor que pueden. Sin embargo, la tragedia
continúa para aquellos que sufrieron el impacto de la contaminación radioactiva
por el accidente en Fukushima. Muchas áreas permanecen inhabitables y estima
que alrededor de 160,000 personas siguen imposibilitadas de regresar a casa y
sin poder reconstruir sus vidas por falta de apoyo y de compensación
apropiados.
Sato
describe que el costo del desastre de Fukushima se ha estimado en 250,000
millones de dólares, llevando a la bancarrota a la compañía TEPCO y forzando a
que el gobierno japonés la nacionalizara y así pasara la cuenta a las japonesas
y a los japoneses que pagan impuestos. Peor todavía, indica, es la protección
gubernamental a compañías como General Electric, Hitachi y Toshiba que
construyeron esta central nucleoeléctrica basada en diseños equivocados; las
regulaciones les permiten no pagar nada a las víctimas y tampoco han mostrado
arrepentimientos morales por sus responsabilidades.
Antony Froggatt,
David McNeill, Stephen Thomas y Rianne Teule escribieron un reporte (Fukushima Fallout. Nuclear
business makes people pay and suffer. Greenpeace. International.
February 2013) sobre el estado actual de las compensaciones a
las víctimas del desastre de Fukushima, presentándolo como un problema muy serio por la
falta solvencia institucional frente a accidentes nucleares. Señalan que la
industria nuclear y los gobiernos han diseñado un sistema de responsabilidades
que protege a la industria y fuerza a las personas a pagar la cuenta de sus
errores y desastres. Para salvaguardar al público de riesgos nucleares, el
sistema necesita de una reforma fundamental que haga completamente responsable
a toda la industria nuclear de sus acciones y fallas.
El
esquema de compensaciones, apuntan los autores, establece que los primeros
pagos en un accidente nuclear serán con financiamiento de la empresa pero respaldado
por el gobierno. Sin embargo, la nacionalización de TEPCO, en junio de 2012,
deja en claro que la cuenta del desastre en Fukushima será pagada por el
japonés promedio. Al fin de 2012, el gobierno japonés había transferido a esta
compañía un monto aproximado de 40,000 millones de dólares. El reporte de la
comisión de investigación independiente del Congreso Nacional de Japón
establece que el reactor de la Unidad 1 de la planta de Fukushima fue comprada
por TEPCO bajo un acuerdo de construcción tipo “llave en mano”, donde General
Electric se encargaba totalmente de los trabajos y era responsable de los
mismos. En los años de 1970, este reactor fue el primero del tipo Mark I que se
puso en operación y que experimentó numerosas dificultades. El reporte del
Congreso añade que el edificio de contención de radiación de este reactor fue
reforzado en los 1980, pero que General Electric no se hacía responsable si
ocurría un accidente de la magnitud del sufrido en 2011. Este reporte concluye
que durante el accidente la presión dentro de este edificio de contención de
radiación llegó a dos veces la presión de diseño. También, en septiembre de
1989, la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos recomendó a los
propietarios de reactores del tipo Mark I que instalaran ventilas mejoradas
para prevenir fallas catastróficas en el edificio de contención en caso de un
accidente. Durante el accidente de Fukushima estas ventilas mejoradas no fueron
efectivas y la ausencia de filtros exacerbó la salida de radioactividad.
Para
crear un sistema que considera primero a las personas que a las empresas en un
accidente nuclear, los autores proponen que: no debe haber límites al monto
total de la compensación; se debe hacer responsable a toda la industria
nuclear, incluyendo a las empresas abastecedoras; las compañías eléctricas
garanticen una cobertura financiera adecuada; las personas se puedan recuperar
plenamente de los daños causados por cualquier accidente, y se informe de
manera puntual y transparente de los costos en la industria nuclear, incluyendo
las primas de los seguros por responsabilidad en caso de accidente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario