21 may. 2012

Políticas para Gobernar la Seguridad Ciudadana

publicado en La Jornada Morelos el 21 de mayo de 2012

La Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la definición de Naciones Unidas, “es una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas –su vida, su integridad, su patrimonio– contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma súbita y dolorosa la vida cotidiana de las víctimas”. La tendencia se orienta a desplazar el concepto de un mero enfoque de seguridad del Estado o seguridad nacional y llevarlo hacia terrenos más amplios de corresponsabilidad, que incluyen como conceptos vinculados el de seguridad comunitaria (con énfasis en la solidaridad), el de aseguramiento (basado en la prevención de riesgos frente a vulnerabilidades), y el de convivencia ciudadana (que apunta al civismo y a la cooperación más allá de lo prescripto por los códigos penales).

            Gustavo Beliz escribe un artículo sobre “Gobernar la Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe:

Amenazas, desafíos y nudos estratégicos de gestión”, que fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, como Documento de Debate # IDB-DP-215, en marzo de 2012. Establece que más allá de las características particulares de cada subregión, de cada país y aún de cada área geográfica dentro de cada ámbito nacional, puede señalarse que América Latina y el Caribe enfrentan un acentuado deterioro de la situación de seguridad ciudadana, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. La seguridad es claramente un problema de desarrollo.

            Tras repasar los múltiples costos (sociales, económicos, de confianza institucional) que las diferentes clases de violencia suponen para los países y habitantes de la región, Beliz analiza los nudos estratégicos desde la perspectiva de la gestión de calidad de las políticas de seguridad ciudadana.

Se necesita consolidar una doble transición: de políticas de gobierno a políticas de Estado, y de políticas unilaterales a políticas integrales. La seguridad no es una cuestión de más o menos fuerza sino de más o menos calidad democrática, que requiere expresarse a partir de la rescritura de un contrato de acuerdos básicos, sostenibles en el tiempo, con claros liderazgos de coordinación, respetuosos de los derechos humanos y sin suponer que existe una bala de plata para solucionar mágicamente los problemas.

La seguridad ciudadana requiere consolidar una identidad que integre saberes y acciones simultáneas de varias agencias, que para resultar sostenibles exigen la conformación de un servicio civil profesional que conduzca y coordine otras áreas del Estado desde la perspectiva específica y focalizada de la prevención de la violencia. Confundir la seguridad ciudadana con políticas sociales universales o hacerla depender exclusivamente de programas macroeconómicos entraña el riesgo no sólo de criminalizar la pobreza sino también de suponer que existe un piloto automático para resolver problemas complejos de violencia que requieren un abordaje específico de prevención.

Toda seguridad es “glocal” (global + local), y requiere la participación de instancias nacionales en apoyo de gobiernos estatales y municipales, que es donde en definitiva los programas se aterrizan y ejecutan. La corresponsabilidad, capacidad de asociación y construcción de un nuevo concepto de espacio público que este esfuerzo supone incluyen pensar modos de financiamiento de la seguridad que integren ambas perspectivas y fortalezcan las capacidades institucionales desde la base. Los presupuestos públicos necesitan al mismo tiempo reforzar áreas de prevención de la violencia y no que se los destine exclusivamente a áreas de control del delito.

La seguridad es un bien público que se coproduce con la participación de la sociedad civil y la responsabilidad de actores estatales. Superar los riesgos de la justicia por mano propia, la privatización sin control y la participación de grupos sociales suponen la existencia de marcos regulatorios claros, e instituciones transparentes y abiertas, así como también implican rescatar la importancia de la gestión público-privada en múltiples instancias de prevención. El establecimiento formal de iniciativas de gestión (antes que nada, dentro del propio Estado en sus múltiples agencias y niveles verticales y horizontales de integración) permite superar el riesgo de que la seguridad sea tarea de todos y responsabilidad de nadie.

La gobernabilidad electrónica de la seguridad implica la incorporación de nuevas tecnologías de gestión, con instancias institucionales más democráticas y eficaces, que requieren una condición básica para construir gobernabilidad: marcos estadísticos sólidos e información confiable –accesible en las redes sociales–, para la construcción de políticas públicas sostenidas con criterio científico. La información estadística sobre seguridad ciudadana adolece de falta de desarrollo y de secretismo, lo que resulta preciso superar apoyándose en innovaciones tecnológicas y un firme liderazgo institucional.

La gestión de la seguridad requiere construir evidencia científica sobre los programas que funcionan, por qué funcionan y cómo funcionan. Se trata de un esfuerzo multidisciplinario que convoca a la construcción de indicadores sólidos, de múltiples fuentes (presupuestarias, estadísticas, econométricas, judiciales, policiales, sociales, educativas, de salud pública) y que requiere tener en claro que no se trata de copiar modas ni modelos ajenos a la realidad de América Latina y el Caribe, sino de aprender metodologías científicas que permitan consolidar una cultura de cooperación y buenas prácticas.

Antes que grandes reformas legislativas y una inflación penal normativa, la región requiere la aplicación judicial concreta de la normativa existente para construir así una selectividad inteligente del sistema penal que permita superar la sensación de impunidad y desconfianza que hoy reinan sobre los sistemas judiciales. La innovación de mecanismos de justicia restaurativa y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación supranacional para enfrentar el crimen organizado constituyen un punto básico de la gestión de un nuevo modelo de seguridad ciudadana.

Los jóvenes, por ser las principales víctimas y victimarios de la violencia, y las mujeres, por expresar fenómenos de violencia silenciada en nuestras comunidades, son dos sujetos de primer orden de políticas de prevención de la violencia que sean socialmente intensivas. En términos de pensar acciones de focalización inteligente y temprana para prevenir la violencia, tanto la familia como la escuela constituyen una frontera esencial para la provisión de respuestas integrales del Estado.

Los medios de comunicación ejercen una gran influencia en la gestión de las políticas de seguridad, las cuales no pueden desentenderse de factores de percepción de temor que tienden a independizarse del territorio y extenderse en aspectos de victimización social con fuerte percepción subjetiva. Se requiere explorar sobre el particular estrategias de corresponsabilidad.

En Morelos debemos pasar del autogobierno policial al gobierno democrático de la policía, como establece Gustavo Beliz e implica la seguridad ciudadana, en un esfuerzo de liderazgo civil que incluyen cuestiones relativas a la transparencia y la lucha contra la corrupción, la eficacia presupuestaria, el control ciudadano de áreas neurálgicas de la institución y un rediseño de culturas organizacionales que favorezcan a la vez las capacidades de lucha contra el crimen y de una policía comunitaria orientada a la resolución de problemas.

7 may. 2012

Primera Infancia Iberoamericana en el Siglo XXI


publicado en La Jornada Morelos el 7 de mayo de 2012
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) publicó en este año el volumen “La primera infancia (0-6 años) y su futuro”, coordinado por Jesús Palacios y Elsa Castañeda, como parte de la “Serie INFANCIA”, correspondiente a la colección “METAS EDUCATIVAS 2021” (ISBN: 978-84-7666-196-3). En la introducción, Álvaro Marchesi, Secretario General de la OEI, escribe que la infancia es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, pues en los primeros años de vida se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo. Pocas dudas existen sobre la importancia del desarrollo infantil temprano en el aprendizaje y en el desarrollo social posterior. Las experiencias de los niños en sus primeros años son fundamentales para su progresión posterior. No es extraño por ello que los economistas y los científicos sociales aseguren que los programas que promueven el desarrollo de los niños pequeños son la mejor inversión para lograr el progreso del capital humano y el crecimiento económico. En consecuencia, es imprescindible que se garanticen las condiciones básicas de alimentación y de salud de los niños pequeños, la provisión de estimulación variada, el apoyo a las familias para que atiendan las necesidades, el desarrollo y la educación de sus hijos, y la incorporación progresiva de los niños en centros educativos que contribuyan a su maduración y a su aprendizaje.
            Gaby Fujimoto, en el artículo “El futuro de la educación iberoamericana: ¿es la no escolarización una alternativa?” del mismo volumen, citó a Fraser Mustard para establecer los fundamentos científicos de la importancia de la educación en la primera infancia: el desarrollo del cerebro es mas rápido durante los dos primeros años de vida en preparación del desarrollo significativo de las funciones físicas y relacionadas con la salud, intelectuales, emocionales y sociales que tendrá el ser humano en el futuro; el cerebro es un órgano maestro que marca el camino hacia la buena salud, el aprendizaje, las emociones, regula el temperamento, el desarrollo social, el lenguaje, las capacidades de alfabetización, las habilidades cognitivas, las perceptivas, la salud física, mental y las bases de las funciones y experiencias sensoriales; los años tempranos, incluido el periodo uterino, son muy críticos y sensibles para el desarrollo del cerebro y de los senderos neuronales relacionados con las emociones, conductas y lenguaje, entre otros.
            Tatiana Romero, en el artículo “   Primera infancia en Iberoamérica: avances y desafíos en el siglo XXI” del mismo volumen, nos recuerda que todos los países pertenecientes a la OEI suscribieron la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, establecida en la década de 1990. Dicha Convención se constituyó, sin lugar a dudas, en la carta de navegación para nuevas formulaciones en materia de políticas, planes y programas dirigidos a la población menor de 18 años. Al definir la Convención grupos de derechos supervivencia, desarrollo, protección y participación, permitió a los países abrir opciones para la preparación de planes y programas desde un enfoque poblacional por grupos de edades. Su contribución trata de las políticas públicas en Iberoamérica para la primera infancia.
            Tendencias y retos que se constituyen como orientadores de la situación de la primera infancia en Iberoamérica en el Siglo XXI son descritos por Romero: la educación preescolar formal para niños de 3 y 4 años es inequitativa; el liderazgo en torno a la gestación y los dos primeros años de vida de los niños lo tienen los sectores de salud, trabajo, seguridad y protección social; la fuerza de la intervención del sector educativo está en la organización del sistema formal de educación a la primera infancia, con énfasis en la mejora de la infraestructura educativa, la adecuación de currículos de acuerdo con las nuevas corrientes basadas en el desarrollo de competencias básicas y la formación de recursos humanos para el preescolar; la atención a la primera infancia cambia de institucionalidad donde parte del rol de las familias frente a la primera infancia se trasfiere a una escuela o a programas de atención comunitaria; los países que desarrollan programas con fuerte componente comunitario tienden a preguntarse por la calidad educativa de sus intervenciones; y los países iberoamericanos claman por más y mejor formación de sus agentes educativos y comunitarios encargados de la atención a la primera infancia.
En Morelos, debemos reflexionar sobre el significado que para las transformaciones de la sociedad pueden tener mayor equidad en los programas dirigidos a la primera infancia, mayor inversión, mejores sistemas de monitoreo y evaluación de impacto, estudios longitudinales, más investigación que permita favorecer la calidad e innovación, sistemas de información intersectorial armonizados, programas masivos de creatividad y juego para los niños, inclusión de otros sectores (por ejemplo, vivienda, comunicación, medio ambiente, cultura y arte). Las carencias que tengan en los primeros años serán inamovibles en el futuro. Diseñar políticas, desarrollarlas, medir su impacto, transformarlas, es tarea del día a día de quienes toman las decisiones en los distintos países, pero también es corresponsabilidad de todos los que interactúan y ven crecer a sus hijos, a los niños de su sociedad, de su municipio y de su estado.