21 ago. 2012

Desigualdad, empleo y protección social

publicado en La Jornada Morelos el 20 de agosto de 2012

Me encuentro en la corriente de pensamiento que considera las teorías de libre mercado y de planeación centralizada han fracaso para impulsar el desarrollo social y económico de los países. Debemos establecer un Estado con injerencia en la orientación del desarrollo y con real capacidad de asignar recursos y cumplir funciones de regulación. Esto debe ocurrir en el marco de nuevas relaciones con la sociedad, con el sistema de representación y con la base de constitución de la sociedad civil. Debemos ubicar al Estado en el centro de las estrategias para reducir, en el mediano y largo plazos, las desigualdades económicas, estructurales, laborales, sociales y territoriales, y avanzar hacia un mayor desarrollo con igualdad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó en julio de 2012 el documento titulado “Eslabones de la desigualdad: Heterogeneidad estructural, empleo y protección social”, bajo la coordinación general de Cecilia Rossel, de la División de Desarrollo Social (Publicación de las Naciones Unidas, LC/G.2539). El propósito es profundizar en el análisis de los vínculos entre el empleo y la protección social, así como en su rol en la generación y diseminación de desigualdades en América Latina. Con ello, busca ofrecer evidencia sobre la forma en que se originan y transmiten las desigualdades en la articulación entre el mercado de trabajo y la protección social, pero también se propone establecer un marco de políticas que permita mejorar las sinergias entre ambas esferas.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, reitera en el prólogo que los elementos rectores del desarrollo de cara al futuro son: crecer con menos heterogeneidad estructural y más desarrollo productivo, e igualar potenciando capacidades humanas y movilizando energías desde el Estado. Es necesario revertir las tremendas disparidades espaciales mediante sociedades más integradas en torno a dinámicas productivas, con sinergias sociales y territoriales positivas.
            El documento señala que los desafíos para el diseño de políticas son múltiples y trasladar un diagnóstico al ámbito de las políticas no es sencillo. Requiere integrar enfoques, alinear distintos instrumentos con una misma meta, introducir ciertos cambios de rumbo, fortalecer políticas prexistentes, desarticular viejos mecanismos y apostar a nuevas medidas, operando a la vez —y en forma coordinada y coherente— en los tres eslabones de la cadena: gobierno, empresas y trabajadores. Las principales alternativas de políticas que se presentan para avanzar —operando simultáneamente en el desarrollo productivo, el mercado laboral y la protección social— hacia un mayor desarrollo con igualdad son: impulsar un modelo económico verde e inclusivo; promover una inserción internacional más inclusiva de las empresas pequeñas y medianas; invertir en nuevos sectores sociales para la convergencia productiva y la inserción social; promover la mayor participación laboral, especialmente femenina; combatir el desempleo; superar las barreras al empleo productivo; avanzar hacia una institucionalidad laboral para el desarrollo inclusivo, que genere empleo con derechos y de calidad; fortalecer el pilar contributivo y reducir la desigualdad en los componentes de aseguramiento y protección; fortalecer las transferencias directas de ingresos a los más pobres y profundizar su orientación al empleo; redistribuir la provisión de cuidado fuera de la familia; redistribuir la provisión de cuidado apoyar el acceso a sistemas de seguridad social, salud y servicios básicos, y proteger la precariedad en la vejez.
            Las propuestas presentadas en párrafos anteriores configuran una hoja de ruta concreta sobre cómo avanzar en la reducción de las desigualdades que se originan y transmiten en la cadena de la heterogeneidad estructural, el mercado laboral y la protección social, indica el documento. Este marco de políticas se orienta a generar cambios estructurales importantes y, al mismo tiempo, avanzar en el cumplimiento de derechos y garantías básicas y universales que reduzcan la desigualdad en los mercados laborales y en el acceso a la protección social.
            La estabilidad macroeconómica y la viabilidad financiera no son suficientes para garantizar la efectividad de las políticas planteadas, recuerda el documento. Impulsar las políticas propuestas implica necesariamente enfrentar desafíos de orden sociopolítico e institucional de carácter global, ya que por su importancia y articulación con situaciones y procesos estructurales, no se reducen a una esfera aislada. Llevar adelante una estrategia como la descrita supone impulsar transformaciones sustantivas, que implican desafíos económicos, políticos y sociales de gran envergadura.
            En Morelos y en toda América Latina, proponer reformas estructurales requiere construir, en tiempos razonables, al menos de tres tipos de consensos básicos de contexto sociopolítico general: promover la disposición a impulsar agendas reformistas entre los diversos actores políticos y sociales estratégicamente situados; lograr consenso en el sentido de que los avances sustantivos en las políticas de desarrollo requieren elevar la capacidad institucional de formular, aplicar, seguir y evaluar políticas públicas de mediano
y largo plazos y de alcance estratégico, y reconocer que una agenda de reformas y un diseño institucional apropiado para su ejecución requieren financiamiento que incluya tanto la inversión en capacidades y competencias necesarias del servicio público, como la inversión en materia de políticas sociales, especialmente aquellas de orientación universalista y con enfoque de derechos.