Hacia una Gobernanza Verde

La crisis financiera mundial que comenzó en 2007, y sigue resonando hoy en día, es considerada por muchos economistas como la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de la década de 1930. Una de las principales lecciones que podemos extraer de esta experiencia es que el funcionamiento de las economías en la forma en que lo hemos hecho siempre, haciendo lo de siempre, claramente no es una opción. Debemos cambiar de paradigma en nuestro desarrollo económico y una opción viable es la economía verde, que es una propuesta alternativa y mucho más sostenible de hacer negocios. Una economía verde se describe como una economía que tiene como resultado mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales e incrementando la eficiencia de los recursos y, al mismo tiempo, que sea socialmente inclusiva.

El dilema al que nos enfrentamos entre la actual economía convencional y una nueva propuesta de economía verde se ilustra mejor a través de un influyente artículo escrito por Garrett Hardin, La Tragedia de los Comunes, en 1968. Él describe un pastizal común en la que varios agricultores permiten a su ganado pastar. Con el fin de aumentar la riqueza individual, está en el interés de cada agricultor ampliar su rebaño y continuar en el mismo pedazo de tierra. Pero después de que el umbral de un cierto número de ganado se supera, la calidad de la tierra comienza a disminuir con cada vaca añadida. Dado que nadie es individualmente responsable de la tierra y no se cobra cuota para el pastoreo, cada agricultor sigue maximizando las ganancias al aumentar el tamaño de su rebaño. El problema, sin embargo se mantiene en que la calidad de la tierra se sigue degradando con la creciente presión de los rebaños creciendo y pronto no hay suficiente pasto para alimentar a las vacas. Los agricultores aumentaron su ganado y todos se beneficiaron al principio, pero, al final, los medios de vida se acaban y todo el mundo pierde en este escenario (http://www.unep.org/spanish/wed/greeneconomy).

            La Coalición para la Economía Verde (GEC, por sus siglas en inglés) se conforma por un conjunto diverso de instituciones y sectores, tales como: organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, organizaciones de Naciones Unidas, empresas y sindicatos que se han unido porque la economía no está entregando un ambiente limpio, ni una sociedad equitativa. La visión de la Coalición es alcanzar una economía resiliente que provee una mejor calidad de vida para todos dentro de los límites ecológicos del planeta y su misión es acelerar la transición hacia una nueva economía verde.

            Rula Qalyoubi escribió el pasado junio un artículo para esta Coalición sobre “Los Siete Pasos hacia una Gobernanza Verde” (The seven steps towards green governance, http://greeneconomycoalition.org/know-how/seven-steps-towards-green-governance) donde explica que lograr esta transformación sin tener sobresaltos en el camino depende de condiciones vinculadas que son tanto necesarias como suficientes. Éstas incluyen compromiso político, sustento legal y regulatorio, implantación de instrumentos financieros, viabilidad tecnológica, formación de personas, establecimiento de instituciones apropiadas y lenguaje común.

            El compromiso político presupone, según Qalyoubi, que las herramientas fiscales y monetarias se están usando para alejar la economía del proceso de “negocios como siempre”. Esto incluye invertir en investigación, desarrollo, demostración, implantación y comercialización de diferentes tecnologías renovables tanto en actividades de producción como de consumo.

            Si las políticas públicas y la toma de decisiones no están sustentadas en un sólido marco de referencia legal, entonces sólo son de naturaleza ornamental, asegura el autor. Las reformas legales requieren la revisión de las leyes presentes y ajustar su jurisprudencia a través de directivas y correcciones.  En algunas áreas será necesario fortalecer el sistema legal, tal vez comparando con las mejores prácticas internacionales.

            Las autoridades pueden, si existe un cuerpo regulador, iniciar un cambio en el paradigma de las políticas públicas a través de tres acciones simultáneas, indica el autor: establecer mecanismos para prevenir el uso y el abuso de recursos naturales; revaluar los incentivos y redirigir algunos fondos hacia proyectos que provean de soluciones permanentes a los asuntos de seguridad energética, y reducir el riesgo financiero asociado con las inversiones privadas verdes mediante el apoyo gubernamental creciente a la investigación y el desarrollo que incremente la eficiencia de los sistemas que se utilizan en la actualidad y que apoye el desarrollo y la demostración de dispositivos, equipos y sistemas que aprovechen a las energías renovables.

            Aún con suficientes instrumentos financieros funcionando, la selección de las tecnologías renovables puede ser un reto. El autor propone tres pasos para probar la selección de una tecnología por parte del gobierno: apoyar con fondos a grupos de trabajo que debatan sobre el tipo de tecnología más adecuada a las actuales condiciones geopolíticas y climáticas, invertir en la elaboración de análisis de sensibilidad del funcionamiento de todas las tecnologías, y evaluar de manera continua la competitividad de las tecnologías más prometedoras.

            La inversión para capacitar y formar personal es crucial y debe enfocarse al saber-qué, saber-cómo y saber-por qué, señala el autor. Durante épocas de crisis es especialmente importante que el gobierno financie la formación de los cuadros expertos necesarios para poder salir de esta situación.

            Los ajustes institucionales son indispensables para adoptar y adaptar las soluciones innovadoras, recuerda el autor. No sólo se debe fomentar e impulsar a que otras instituciones aprovechen los sistemas eficientes y las energías renovables, la administración pública central requiere incorporarse también al cambio, tanto usando menos recursos naturales como siendo más eficientes o incluso satisfaciendo parte de sus propias necesidades.

            El lenguaje común implica, de acuerdo al autor, la estandarización de metas, indicadores y unidades de medida, así como un código unificado de prácticas, acreditación de productos y servicios, y procesos consolidados y acordados en todos los niveles de gobierno para impulsar los asuntos verdes.

            En Morelos, confiamos que el nuevo gobierno facilitará la puesta en marcha de la economía verde por medio del diálogo con los sectores privados y sociales; ya que es la forma más directa de impulsar un desarrollo económico sólido que respete al ambiente e incremente el bienestar de nuestra sociedad.