31 oct. 2011

Cultura Iberoamericana al 2021

publicado en la Jornada Morelos el 31 de octubre de 2010

Se ha definido a la cultura como la vida misma, ya que acondiciona la manera de actuar de las personas: cómo dan sentido a esta vida, cómo la valoran o cómo la detestan. Además, es el contexto en el cual construimos nuestra  identidad. Formamos parte de una sociedad plural y multicultural con muchos puntos de vista. En la actualidad, la cuestión no es si desempeña o no un papel central en la sociedad y la vida individual, sino de qué manera la cultura importa y cómo se constituye en una de las experiencias fundamentales para el desarrollo tanto personal como colectivo.
La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) publicó en mayo de 2011 un estudio para debatir intitulado “Un proyecto cultural para la década de los Bicentenarios. El desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana”. Esta Carta asegura que la cultura debe ser entendida como la base indispensable para el desarrollo integral del ser humano, y propone hacer de la cultura un espacio que debe de ser desarrollado en sí mismo y, a la vez, un instrumento para abordar de forma transversal el conjunto de problemas actuales que afectan a la sociedad iberoamericana. Establece el estudio cinco principios fundamentales de actuación: de reconocimiento y protección de los derechos culturales; de participación; de apertura y equidad; de transversalidad y complementariedad, y de solidaridad y cooperación.
Los derechos humanos constituyen un instrumento jurídico fundamental que se ha dado la comunidad internacional para avanzar en la realización de sus ideales de libertad y de dignidad. Los derechos culturales no han formado siempre parte de los derechos humanos. Apenas en las últimas décadas comenzaron a ser tenidos en consideración por las constituciones y legislaciones de los países iberoamericanos. Los derechos culturales apuntan de forma específica a identidades, lenguas, modos de vida, valores, tradiciones orales, conocimientos, prácticas culturales, diversidades y libertades culturales.
La participación en la vida pública, el espacio social, comunicacional y cultural por parte de la ciudadanía constituye un factor decisivo en la creación de sociedades inclusivas. El acceso a la cultura por parte de todas las personas constituye un derecho y una responsabilidad de las instituciones públicas, un compromiso por parte de la sociedad civil y una forma de contribuir a evitar la discriminación y la exclusión social. Participar en la vida cultural significa mucho más que consumir bienes o servicios culturales. Significa que las personas, sin discriminación de ningún tipo, puedan incidir en la definición, diseño y ejecución de políticas y programaciones culturales nacionales y locales; expresar libremente sus propias identidades, tanto en la vida cotidiana como en cualquier tipo de creación artística, y asociarse libremente en colectivos y agrupaciones para expresar de manera también libre sus propias identidades y así ofrecer su aporte en la construcción y el enriquecimiento de la diversidad cultural.
El principio de apertura y equidad debe ser entendido al menos en dos variantes. Una, la de la circulación y el intercambio de los bienes culturales en un escenario de equidad dentro de nuestros países y otra, la de fomentar y facilitar la circulación de bienes culturales más allá de las fronteras, entre nuestros países y con los países de otras regiones del mundo. Hay que reconocer que la cultura no es por sí misma equitativa. Ni en términos de acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios culturales disponibles, ni en términos de la posibilidad de desarrollar con absoluta libertad y en las mejores condiciones posibles la propia cultura, ni en construir fluidamente sus identidades, propias o elegidas. Se debe evitar que la cultura pueda ser ella misma fuente de discriminación, rechazo y exclusión.
La cultura es transversal y complementaria a todos los procesos sociales. Se expresa en la intersectorialidad y se desenvuelve en distintos campos de la sociedad, manifestándose a través de la interdependencia de los fenómenos, decisiones y actuaciones de la vida social. Dado que, en lo fundamental, se mueve en el terreno de lo simbólico, su silenciosa influencia interactúa con todas las conductas sociales. Esta asociación de transversalidad se produce de forma especial con las industrias culturales, el turismo, el aporte a la innovación, el empleo en actividades culturales y el desarrollo socioeconómico. También existen profundas relaciones con la educación, a través de la recuperación de la cultura por las nuevas generaciones, la incorporación de las artes a los procesos formativos, la educación multicultural y la relación entre creatividad, educación y nuevas tecnologías. Los vínculos se extienden a la comunicación, la salud, el medio ambiente, la ciencia y la mayoría de las actividades de una sociedad.
En el plano del intercambio de manifestaciones culturales entre naciones y regiones, la cooperación se concibe como un trabajo conjunto, compartido y de largo plazo para construir juntos, en igualdad de condiciones, pero con mayor compromiso e implicación por parte de los países con mayores recursos, estrategias y líneas de acción para promover el desarrollo económico, social y cultural. La cooperación cultural y la solidaridad deben estar sustentadas en la colaboración de los gobiernos y de la sociedad civil de cada uno de los países.
Para alcanzar las metas culturales planteadas por la OEI para el 2021, los programas que se establezcan deben tener las siguientes orientaciones: avanzar hacia una percepción compartida por todos de pertenencia a una comunidad cultural; impulsar la cultura de cada país y dar visibilidad a sus señas de identidad; reforzar el concepto de diversidad cultural como elemento estructural de la democracia, garantía de los derechos humanos y fuente de creatividad para la creación de riqueza y de cohesión social;  favorecer al acceso generalizado de la población a los bienes y servicios culturales, especialmente de aquellos sectores que han tenido menos posibilidades; definir el significado de las industrias culturales para su crecimiento ordenado en cada país, teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen para el desarrollo económico y cultural de la región; comprometer a los poderes públicos y al sector privado para lograr financiación compartida de los proyectos culturales; mejorar la educación de las nuevas generaciones para que participen y disfruten de la cultura y del arte, y ampliar y enriquecer la formación de los futuros profesionales, de los maestros y de los gestores y agentes culturales.
En Morelos, se debe contar con un instrumento que contribuya a la consolidación de la cultura y al desarrollo integral del ser humano. La tarea es identificar y acordar aquellos objetivos y proyectos que establezcan las líneas de acción transformadoras. Esto depende de nosotros, del convencimiento de nuestra diversidad y de nuestra riqueza cultural, de nuestra capacidad de iniciativa y de cooperación, y de nuestra voluntad y compromiso de integración.

24 oct. 2011

Agricultura y políticas públicas

publicado en La Jornada Morelos el 24 de octubre


El desarrollo del sector agropecuario ha sido y será afectado en el corto plazo por diversos problemas de origen internacional: la volatilidad de los precios de las materias primas, la nueva crisis económica mundial debido a las adversidades macroeconómicas que experimentan los Estados Unidos y Europa, y la crisis alimentaria en África, que nos recuerda la gran vulnerabilidad en que todavía viven amplios segmentos de la población mundial. A nivel nacional, los problemas en el campo se incrementan por la falta de tecnología, que mantiene una baja productividad, y de regulación de los mercados de productos básicos, que incrementa el efecto de la especulación sobre el alza de precios de los alimentos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentaron, el 21 de octubre de 2011, un estudio intitulado “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2011 – 2012” (ISBN13: 978-92-9248-364-7), donde se enfatiza la importancia de que los países cuenten con instrumentos de política diferenciados para atenuar los efectos de una mayor volatilidad de los precios (incluido el tipo de cambio) en los ámbitos social, productivo y macroeconómico. Se postula también la necesidad de contar con políticas integrales para abordar los efectos de una mayor variabilidad climática en la agricultura, pues un contexto de cambio climático es un factor adicional que contribuye a incrementar la volatilidad de dichos precios.
La tendencia de largo plazo al alza de los precios de las materias primas agrícolas brinda una oportunidad para la agricultura de América Latina y el Caribe, señala el estudio, porque en la región hay tierra disponible que puede incorporarse al esfuerzo productivo, así como una abundancia relativa de agua, biodiversidad y recursos humanos que es posible capitalizar. Recomienda aprovechar este potencial con políticas de desarrollo productivo dirigidas a fomentar la producción de alimentos, promover una mayor participación de la agricultura familiar en el proceso e incentivar un uso sustentable de los recursos naturales. El objetivo debe ser mejorar los aportes de la agricultura y las actividades relacionadas a la generación de ingresos y empleos. Asimismo, el estudio recomienda potenciar la ganadería, la acuicultura y el desarrollo forestal comunitario en el ámbito de la agricultura familiar campesina, diseñando esquemas alternativos que garanticen la producción sostenible de alimentos y contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional.
            Las políticas públicas de los países de América Latina y el Caribe, según el estudio, han perseguido  diferentes objetivos: (i) incrementar la producción, con medidas tendientes a disminuir los costos de los insumos importados, suministrar semillas y otorgar créditos en condiciones más blandas; (ii) garantizar ingresos a los productores, por medio de compras estatales, coberturas de riesgos, precios garantizados, pagos directos, arreglos entre los actores de las cadenas y fondos de estabilización; (iii) asegurar el consumo interno, con medidas dirigidas a establecer restricciones para la exportación y a proteger los ingresos de los consumidores, buscando con ello evitar la contracción de la demanda, y (iv) proteger a poblaciones vulnerables, al promover las transferencias condicionadas, el acceso a servicios públicos, las bolsas de alimentos y el fortalecimiento de redes sociales.
            En cuanto a las políticas para la agricultura, el estudio estima que prevalecerán aquellas de naturaleza cortoplacista, formuladas en gran parte de los países de la región para ser aplicadas sólo en periodos gubernamentales. En algunas naciones, sin embargo, se otorgará importancia a las políticas con una visión de largo plazo. Por ejemplo, en Costa Rica, Perú, Panamá y Argentina, entre otros países, ya se están llevando a cabo procesos dirigidos a la formulación de la política de Estado para la agricultura o de planes estratégicos en esta área, inspirados en la experiencia chilena o en programas específicos de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que se han considerado exitosos.
Para enfrentar la volatilidad de los precios, reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria en los próximos años, el estudio indica que se requieren políticas que vayan más allá del sector agrícola. Dichos retos demandan políticas de un espectro más amplio y exigen que las políticas macroeconómicas y sectoriales estén articuladas. Para lograr lo anterior, se debe considerar la aplicación de políticas de Estado para la agricultura, que permitan atender temas transversales y multisectoriales. Por otro lado, es necesario que los gobiernos vuelvan a considerar a la agricultura como un sector prioritario para el logro de la seguridad alimentaria. Para ello se debe aumentar la inversión dirigida a la agricultura, y se le deben asignar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para su desarrollo. También resulta relevante generalizar prácticas para evaluar el resultado de las políticas aplicadas y desarrollar los mecanismos de seguimiento y evaluación requeridos, además de aprender de las buenas prácticas que estén ejecutando otros países.
En Morelos, como propone el estudio, el gobierno y las organizaciones financieras deben invertir inteligentemente sus recursos para impulsar el manejo responsable de los recursos naturales, favorecer la inclusión social y promover la producción competitiva de alimentos de calidad. Paralelamente a ello, se deben desarrollar y fortalecer las capacidades locales para fomentar los agronegocios competitivos, conducir procesos participativos para formular políticas, ejecutar proyectos y programas a partir de una planificación estratégica y brindar servicios de manera efectiva.

17 oct. 2011

Evaluaciones y políticas educativas

publicado en La Jornada Morelos el 17 de octubre de 2011


Existe un conflicto entre los objetivos de la educación y su evaluación, que afecta a la mayoría de los debates que se manifiestan en este campo. ¿Se están evaluando las principales metas de la educación (conocer, convivir, hacer, ser) y determinadas competencias y valores asociados a ellas (innovación, creatividad, compasión, sensibilidad, justicia)? ¿Se están transmitiendo apropiadamente los resultados a la opinión pública? También, se está asumiendo que la calificación obtenida por un alumno en un examen puede ser la síntesis de la evaluación de un sistema educativo. Además, aún en estudios como el PISA, que establecen no sólo el lugar que cada país alcanza en los logros académicos de sus alumnos, sino también la equidad de su sistema escolar, prácticamente sólo se ha destacado la primera de estas informaciones y se ha relegado a la segunda.
            La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) publicó este año un documento titulado “Avances y desafíos en la evaluación educativa” (ISBN: 978-84-7666-194-9), cuyos coordinadores fueron Elena Martín y Felipe Martínez Rizo. Se establece que los sistemas escolares tienen que dotarse de procedimientos que les permitan conocer en qué grado se van logrando las metas educativas que la sociedad les ha encargado y, sobre todo, las causas que se vinculan al grado de éxito. Parece legítimo, por tanto, afirmar que la evaluación es un factor fundamental e irrenunciable de la calidad de la enseñanza. Este libro pretende presentar una visión global de los distintos niveles, ámbitos y dimensiones que se incluyen dentro del amplio campo de la evaluación educativa. Sin embargo, la reflexión se centra en el contexto iberoamericano y se analizan los modelos y actividades que tienen mayor presencia en la región.
            Álvaro Marchesi presenta en este libro su artículo “Los resultados de las evaluaciones y su papel en las políticas educativas”, donde analiza el significado de la educación y los objetivos de la evaluación. Señala que las funciones de la educación escolar se fueron ampliando en la medida en que se incrementaban las exigencias sociales. Ya no se trata sólo de aprender determinados conocimientos, sino que es preciso “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”, de acuerdo con la propuesta del informe Délors. Y para ello es preciso que los profesores adquieran las competencias necesarias y que las escuelas se organicen de tal manera que estos objetivos formen parte indisociable del trabajo educativo.
Existe un acuerdo inicial entre la gran mayoría de los estudiosos del tema sobre el significado de la evaluación, según Marchesi: obtener información a través del conocimiento de la realidad y de procedimientos científicos contrastados. A partir de ahí aparecen las diferencias más notables. Un primer tipo de propuestas son las que ponen el acento principal en la valoración del proyecto: evaluar es determinar el mérito o el valor de algo. Otro conjunto de orientaciones insiste más bien en la adopción de decisiones y en el cambio de los programas como objeto de la evaluación. Finalmente, existe un tercer grupo de aproximaciones a la función de la evaluación referidas al desarrollo del conocimiento y a la sensibilización de los sectores interesados en la educación, donde el acento se sitúa en la participación, en el diálogo y en el cambio educativo.
Las relaciones entre la evaluación y la política educativa pueden comprenderse mejor al considerar simultáneamente las tres finalidades principales de la evaluación, considera Marchesi: información, valoración y orientación para la adopción de decisiones. A partir de la información obtenida por medio de los procedimientos técnicos adecuados, es preciso valorar cómo está funcionando aquello que se evalúa, si cumple los objetivos previstos, sus logros y sus carencias principales y, en la medida de lo posible, las causas o, si esto no fuera posible, los relatos asociados a esta situación. La determinación del mérito supone un juicio de valor en el que entran en juego factores educativos, políticos y éticos. Las decisiones que se asumen en la evaluación, como en la educación en su conjunto, no son neutras, sino que reflejan una determinada concepción del papel de la educación en la sociedad, de los objetivos educativos que deben destacarse y de los modelos de cambio que se consideran más pertinentes. No es extraño por ello que sea en el campo de la valoración del mérito de la realidad evaluada en donde las relaciones entre la evaluación y la política se hacen presentes de forma más nítida.
En Morelos, como en toda Latinoamérica según Marchesi, los programas y proyectos de reformas que han de ser evaluados proceden de decisiones políticas, los juicios de valor en los informes de evaluación reflejan aquellos presentes en la arena política y las orientaciones que se derivan de las evaluaciones se incorporan también al debate político. La comprensión de las diferencias entre la esfera de la política y la esfera de la evaluación, así como de sus continuas interacciones, junto con una actitud que fomente el diálogo y la participación, contribuyen a garantizar el logro de las finalidades de la evaluación. El apoyo en redes diversas, para que se debatan los resultados de las evaluaciones, en las que se recojan propuestas y sugerencias y en las que sea posible la crítica y las posiciones alternativas, es un respaldo al proceso de evaluación y una forma de contribuir a su utilización y a su impacto.

10 oct. 2011

Ingenieros y Arquitectos del 2020

Publicado en La Jornada Morelos el 10 de octubre de 2011







Uno de los errores más comunes en el mundo de los negocios es no comprender lo rápido que está cambiando la sociedad moderna. La cantidad de conocimiento generado por la humanidad se duplica cada vez en menos tiempo. Los contenidos de los cursos en las ingenierías se hacen obsoletos en pocos años. Las computadoras son cada vez más rápidas y con mayor capacidad. La televisión ya es en alta definición. Las tabletas electrónicas han cambiado las comunicaciones. Las redes sociales como, youtube, twitter, wikipedia o facebook tienen cada vez más personas asociadas. El mundo del diseño industrial, enfocado a las áreas de la arquitectura y la ingeniería, debe responder por adelantado a las posibles necesidades de los consumidores o, tal vez, debe crear las necesidades de los compradores potenciales.
¿Cómo se verá el mundo y el diseño industrial en el año 2020? Esta pregunta se la hace y contesta Frank A. Stasiowski, presidente y fundador de PSMJ Resources, en su artículo IMPACT 2020: Predictions for the Next 10 Years of the Design Industry … And What to Do About It, publicado en la revista World Future Review, Spring 2011. Empieza recordándonos que en 1990 hizo predicciones importantes que se han cumplido en el ámbito del diseño industrial, tales como:  la globalización significará que los negocios tendrán que estar conscientes de los consumidores, competidores y abastecedores foráneos; la mayoría de las actividades rutinarias serán manejadas por una computadora; los gerentes tendrán una computadora en casa para trabajar, y las firmas de diseño industrial tendrán toda su información en bases de datos electrónicos y utilizarán un software especializado para hacer sus diseños específicos.
Stasiowski predice que en el año 2020 todavía seguiremos esperando que los automóviles vuelen pero sí tendremos a Iraq como un centro turístico de fama (como lo es ahora Vietnam), el dólar de Singapur será el estándar internacional, el petróleo ya no será imprescindible como fuente de energía, la guerra de Afganistán puede haber terminado, y Estados Unidos estará involucrado en otra guerra global, tal vez en África. También, el autor nos presenta seis tendencias que definirán la próxima década y que tendrán un impacto directo en las empresas de diseño industrial:
Primera. El crecimiento económico será lento. Los emprendedores estarán abrumados por un sistema de impuestos que obligará a que el gobierno sea un socio y éste disminuirá su velocidad de crecimiento. Señala el autor que probablemente las economías se expandirán en África, donde la demanda de infraestructura es enorme y los poderosos gobiernos centrales podrán dictar que industrias crecerán.
Segunda. Se retirarán los llamados Baby Boomers. Los nacidos después de la segunda guerra mundial que tuvieron una vida mucho más relajada que sus padres con mayores comodidades, se empiezan a retirar de la vida laboral pero ya no será como antes, a los 65 años y con un reloj regalado por la empresa.
Tercera. Surgimiento de una transición generacional en los dueños de las empresas. Este paso generacional tendrá un impacto profundo en los objetivos, las metas y la gestión de las empresas de diseño industrial. Se romperá en poco tiempo la manera usual de hacer negocios ya que serán profesionales de treinta años los que definirán a la industria, aquéllos que siempre han vivido con una computadora y un teléfono inteligente.
Cuarta. Cambio demográfico mundial. La población mundial crecerá alrededor de 1 por ciento anual, causando problemas mayores en el equilibrio social y ambiental del planeta. Los inmigrantes continuarán teniendo una porción nada despreciable de los pequeños negocios.
            Quinta. El agua será el nuevo petróleo. Las guerras que existen para controlar el petróleo serán enfocadas a controlar el agua. Se estima que tres mil millones de personas tendrán serios problemas de abastecimiento de agua en el año 2030 y la mayoría vivirán en países en desarrollo. Tendrá que cambiar conceptualmente el drenaje, al reciclar el agua en la propia vivienda.
Sexta. Una nueva visión en África. La explosión poblacional, un esperado mejor nivel de vida, reservas naturales no explotadas y requerimientos de infraestructura enormes harán que los países desarrollados vuelvan a volcar su mirada a este continente.
            Estas seis tendencias generarán diez fuerzas que cimbrarán a los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, según Stasiowski: no más empleados de tiempo completo, reducción enorme del uso del papel, acreditación profesional irrelevante, colaboración a larga distancia, capacitación permanente, entrega acelerada de productos, marca reconocida por su capital intelectual, comunicación por mensajes de texto telefónicos, desaparición de las compañías medianas y relación intelectual con el cliente.
            En Morelos, es necesario que implantemos acciones empresariales que Stasiowski considera urgentes: adaptarnos a una cultura de cambio permanente, utilizar nuevas tecnologías antes que nuestros competidores, compartir libremente nuestro capital intelectual, estar en una red de conocimiento apropiada, cobrar por soluciones no por hora, definir los valores del negocio e incorporar la planeación de largo plazo.

3 oct. 2011

Nueva Revolución Verde

publicado en la Jornada Morelos el 3 de octubre

Diferentes estudios señalan que para el año 2050 habrá alrededor de 9,000 millones personas poblando el planeta. Si consideramos que hoy hay más de 7,000 millones y que la comida no alcanza plenamente para todos, los problemas aumentarán en las décadas que vienen si seguimos haciendo lo acostumbrado. En los últimos sesenta años ha aumentado la eficiencia en la producción de alimentos: se tienen mejores semillas, sistemas de irrigación, fertilizantes, protección de las cosechas, manejo de suelos y maquinaria más eficiente. Sin embargo, es urgente elevar todavía más el rendimiento agrícola, tanto en la cosecha como en la distribución, en todas las regiones del mundo. Debemos hacer otra Revolución Verde, como la de Norman Borlaug, cuando transmitió su conocimiento sobre cómo hacer más productivas las cosechas de trigo y otros granos, de México a todo el Mundo. Empleemos ahora a la innovación tecnológica como herramienta para aliviar la hambruna, pero siempre cuidando el ambiente.


La Academia Nacional de Ingeniería, de Estados Unidos, dedicó el último número de su revista The Bridge al tema de la “Agricultura y la Tecnología de la Información” (Volumen 41, Número 3, Otoño 2011). Andrew Alleyne, editor de este número, establece que el aumento en la necesidad de proteínas en la sociedad, causada por la combinación de mayor población y asentada principalmente en ciudades, requiere una mayor cantidad de terreno, de agua y de cosechas para alimentar animales. También son necesarios mejores sistemas para procesar y conservar los alimentos y para transportarlos, lo que requiere a su vez más energía y de una complicada infraestructura. Propone Alleyne que se empleen mucho más las tecnologías de la información y comunicación en la agricultura, llevar su uso al mismo nivel que en el transporte, las comunicaciones, la seguridad nacional y los sistemas de salud.

Mike Baroni, Vicepresidente de Política Económica en la Archer Daniels Midland Company, presenta en este mismo número que para poder alimentar a la humanidad en el año 2050, el mundo tendrá que reducir enormemente las pérdidas post-cosecha debidas a animales, enfermedades y pésimos sistemas de almacenamiento; hacer un mejor uso del agua y otros insumos en las cosechas y la biomasa existente; y aumentar los rendimientos en los terrenos existentes para minimizar la necesidad de incrementar la frontera agrícola. La cantidad de agua que se usa para alimentarnos es enorme, también nos advierte Baroni. Por ejemplo, se estima que producir un kilo de trigo requiere más de 500 litros de agua o que producir un kilo de carne requiere más de 5,000 litros de agua.

Matthew Denesuk, gerente de Natural Resources Modeling and Social Analytics, IBM Research, y Susan J. Wilkinson, experta en seguridad alimentaria, IBM Global Business Services, presentan en este mismo número las ventajas de incorporar decididamente a la tecnología de la información para alcanzar sistemas alimentarios inteligentes que mejoren la productividad de los negocios agrícolas, reduzcan los costos y aseguren buena calidad de los alimentos. Los elementos claves son, según ellos:

Captura de datos y políticas de gestión. Los datos necesarios cada vez están más disponibles pero es necesario asegurar que estén accesibles de manera electrónica y que sean confiables e integrables a una red mundial.

Compartir plenamente. Los modelos para apoyar las decisiones de negocios agrícolas necesitan cada vez de una mayor cantidad de datos sobre diferentes productos y procesos en el contexto de su uso específico. Es imprescindible encontrar mecanismos y normas para asegurar confianza y proveer seguridad en la transmisión de la información proporcionada por todos los actores involucrados en la producción, conservación, procesamiento, distribución y venta de alimentos.

Pensamiento eco-sistémico. Los actores involucrados deberán colaborar más estrechamente para el beneficio mutuo basados en un sentimiento de compartir el mismo destino, lo que no ha ocurrido entre los agricultores y la industria alimentaria.

Adaptación a la globalidad. Las tecnologías y sus procesos deben ser adaptados a las muy diversas situaciones ambientales, sociopolíticas y económicas que existen alrededor del mundo.

Estructuras y modelos de negocios. Nuevos mecanismos serán necesarios para asegurar la adopción generalizada por las empresas agrícolas de los nuevos procesos y tecnologías; por ejemplo, vendedores que puedan ofrecer mejorar las capacidades a menor costo, basados en grandes volúmenes y especialización.

En Morelos, la población crecerá y la superficie de terrenos agrícolas disminuirá de aquí al año 2050. Debemos pensar en la cantidad y calidad de los alimentos que tendrán los morelenses y también de donde provendrán. Es necesario identificar la cadena de valor en nuestro sector de alimentos y financiar las investigaciones, innovaciones y planes de negocio necesarios para ser actores de la siguiente Revolución Verde.