29 ago. 2011

Fin de la pobreza extrema

publicado el 29 de agosto en la Jornada Morelos

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó en agosto de este año sobre la disminución de la pobreza en Morelos, al pasar del 7.9 por ciento de morelenses en pobreza extrema en 2008, a sólo 6.2 por ciento en 2010. De acuerdo a los resultados de su última encuesta, había 137 mil personas en condición de pobreza extrema en 2008 y el año pasado el número de pobres extremos era de 109 mil. Según esta tendencia, tardaríamos más de quince años en erradicar la pobreza extrema en Morelos. Por la crítica situación social, económica y ambiental en que está Morelos, estoy seguro de que no podemos esperar tanto tiempo.
Kofi Annan, siendo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, promovió que esta organización estableciera, en 2005, su Proyecto Milenio, cuyos objetivos, los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio son, entre otros, erradicar la extrema pobreza en el año 2015, asegurando la educación universal y el acceso a la salud básica. Para ello, organizó un panel de 250 expertos en desarrollo que deberían diseñar las estrategias que promoviesen un desarrollo rápido.
Jeffrey Sachs dirigió dicho Proyecto y simultáneamente el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, después de estudiar y trabajar durante 20 años en la Universidad de Harvard. En ese mismo año, Sachs publicó un libro titulado El fin de la pobreza: Cómo conseguirlo en nuestro tiempo, Editorial Debate. El propósito de este libro es presentar su estrategia para erradicar la pobreza extrema a nivel mundial en el año 2025. Debemos destacar que este libro también alcanzó fama mundial porque fue prologado y promovido por Bono, el líder de la famosa banda U2.
En el mundo había, en el 2005, 1,100 millones de personas en una situación de pobreza extrema, que viven con menos de un dólar diario y carecen de lo básico: comida, agua potable y atención médica, señala Sachs. A ellos hay que agregar otros 1,500 millones más que son considerados pobres y sobreviven con entre uno y dos dólares al día. En conjunto representan algo más del 40% de la población mundial. El autor se pregunta si tendremos el buen criterio de emplear sabiamente nuestra riqueza para sanear un planeta dividido, poner fin al sufrimiento de quienes todavía están atrapados por la pobreza y forjar un vínculo común de humanidad, seguridad y metas compartidas entre culturas y pueblos. Su idea es cómo facilitar que estas sociedades se sitúen en el primer escalón de la larga escalera hacia el desarrollo y considera que la ascensión posterior será más fácil.
Lo fundamental, según el autor, es evaluar todas las necesidades de esas economías y elaborar un plan integral de inversiones. La experiencia demuestra que un buen gobierno y unas reformas de mercado adecuadas no son suficientes para garantizar el crecimiento económico, si el país es presa de la trampa de la pobreza.
A diferencia de lo que antes se pensaba, Sachs opina que uno de los puntos débiles del pensamiento sobre el desarrollo es la incesante tendencia a creer en una solución mágica, en la que hay una única inversión decisiva que revierte la tendencia. Por desgracia, esto no es así. Todas y cada una de las necesidades de capital que define son necesarios para que la economía sea eficaz y funcione adecuadamente. Todas y cada una son necesarias para escapar de la trampa de la pobreza. Además, el éxito en materia de salud, educación o productividad agrícola, depende del conjunto de las inversiones realizadas. Sachs cree que las buenas inversiones van en paquetes.
Sus propuestas concretas para hacer frente estos planes se relacionan con los siguientes elementos: los países desarrollados deben elevar sus aportaciones en ayuda directa al 0.7 por ciento del PIB y adicionalmente los Estados Unidos deberían crear un impuesto del 5% sobre los ingresos de los contribuyentes con rentas superiores a los 200,000 dólares; habría que potenciar el desarrollo del comercio justo no sólo eliminando los subsidios, sino fomentando las infraestructuras de los países; es necesario que se condone la deuda externa de los países más atrasados, y se debería prestar atención a los problemas del cambio climático y al efecto invernadero.
Partiendo de las dificultades de estimar el monto total de las necesidades financieras que habría que satisfacer para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Sachs calculó que los recursos que habrían de necesitarse entre 2005 y 2015 se sitúan entre 135,000 y 190,000 millones de dólares, lo que, a su vez, representaría entre 0.4 y 0.5 por ciento del PIB anual del mundo industrializado, proporción bastante menor que la prometida desde hace más 30 años por los países industrializados. Asimismo, una verdadera estrategia de reducción de la pobreza basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio debería contar con cinco elementos: un diagnóstico específico, un plan de inversión, un plan económico, un plan de donantes, y un plan de gestión pública.
En Morelos, adaptando las estrategias y los cálculos anteriores, se necesitarían unos 2,000 millones de pesos o el 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de Morelos en 2010, aproximadamente, para erradicar la pobreza extrema de naturaleza multidimensional en el estado. Esta inversión debería canalizarse a actividades desempeñadas por el gobierno y el sector privado del estado. Así, las carencias de infraestructura, de capital natural (tierra cultivable, biodiversidad, ecosistemas, etc.) y de capital institucional público (instituciones, legislación, etc.) tendrán que ser atendidas por el estado; las de capital empresarial (maquinaria, instalaciones, redes de transportes, etc.) por la iniciativa privada, y las de capital humano (salud, educación y alimentación) y capital intelectual (saber práctico, científico, tecnológico, etc.) por ambos. Finalmente, nos recuerda Sachs, para que la ayuda llegue a su destino habrá que elaborar una estrategia de gestión pública que debería caracterizarse por: la descentralización de la inversión pública, el desarrollo de programas de formación o capacitación en todos los niveles del sector público, el uso de las tecnologías de la información, el establecimiento de puntos de referencia medibles, la elaboración de auditorías que permitan controlar el gasto, y la confección de planes de seguimiento y evaluación de las inversiones. ¿En cuántos años quiere el Gobierno Estatal erradicar la pobreza extrema en nuestro estado? No podemos esperar.

22 ago. 2011

Eficiente uso de recursos.

publicado en La Jornada Morelos el 22 de agosto de 2011
La falta de financiamiento ha sido y será en los próximos años una barrera al desarrollo sustentable de México y al bienestar social de los mexicanos. La renta de los ingresos del país, estados o municipios ha sido aplicada solo con consideraciones economicistas, en el mejor de los casos, o ha sido dilapidada en acciones de corto plazo que beneficiaron a una minoría de la sociedad. Algunas personas proponen paliar nuestros problemas por medio del ahorro, desafortunadamente la mayoría de los mexicanos no tienen y con sus magros ingresos no podrán apoyar al fortalecimiento del mercado interno nacional. En estas condiciones es crucial que todos seamos más eficientes en el uso de nuestros recursos, debemos aumentar nuestra producción con los mismos insumos o mantener la producción con menores insumos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la colaboración técnica de la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, publicó este año un Informe sobre “Eficiencia en el uso de recursos en América Latina: Perspectivas e implicaciones económicas”. Dicho informe se realizó desde una visión amplia que trasciende el análisis económico convencional para prestar debida atención al rol central que juegan los recursos en el desarrollo socioeconómico, el bienestar de la población y la inserción internacional de los países de la región.
Una de las preguntas clave en el Informe fue cómo puede contribuir a la mejora en la eficiencia de recursos la aplicación de herramientas de análisis y de recomendaciones de política realizadas desde una visión económica: análisis costo-beneficio, valoración económica de recursos e impactos ambientales, uso de incentivos y precios para reflejar la verdadera escasez y fomentar cambios de conducta.
Seleccionaron tres temáticas (cambios en el uso del suelo, energía y cambio climático y uso del agua); y seis países (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay) que fueron analizados en profundidad. A partir de un análisis de tendencias en materia económica y ambiental y de estudios de casos en estos seis países, construyeron escenarios posibles a futuro y se identificaron, lecciones, hallazgos y recomendaciones en relación al diseño de políticas orientadas a la eficiencia y sustentabilidad en el uso de los recursos en la región.
A efectos de identificar alternativas para el aprovechamiento del potencial de la región y en función de las tendencias observadas, construyeron escenarios prospectivos 2010-2030 para identificar estrategias y trayectorias que permitan pasar del escenario actual (“Statu quo: ni sustentabilidad ni eficiencia”) al escenario deseable (“Eficiencia, sustentabilidad y gobernabilidad para la inclusión”), e impedir el escenario menos deseable, que es que todo siga igual y la región no aproveche su potencial de forma eficiente y sustentable.
Los resultados generales obtenidos en el Informe son: el proceso de desarrollo de la economía de los países del Mercosur, Chile y México ha causado un creciente aumento de las presiones sobre algunos recursos (como agua y suelo); si bien ha mejorado la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos en ciertos sectores y países de América Latina, aún persiste un gran potencial de mejora sin aprovecharse; en algunos casos, el impacto ambiental de las actividades económicas es tan grande, que se requerirán mejoras sustantivas en la eficiencia en el uso de los recursos para lograr alcanzar la sustentabilidad; las políticas ambientales de América Latina tienen cierto retraso en adaptarse a su nueva realidad productiva y de integración al mundo, caracterizada por una alta intensidad en el uso de recursos naturales; la falta de iniciativas, políticas o programas orientados a prevenir los impactos ambientales del desarrollo productivo puede desincentivar la mejora ambiental con graves consecuencias económicas; el ahorro más la inversión física y en capital humano en los países de Mercosur, Chile y México no alcanzan a compensar la depreciación del capital físico y natural; la eficiencia en el uso de los recursos y la sustentabilidad pueden contribuir a la competitividad empresarial, y las regulaciones ambientales de los países desarrollados son un desafío para las políticas públicas de los países de América Latina.
Los resultados relativos a los temas específicos del Informe son: el principal problema en la región en lo que respecta al agua, es la presión sobre el recurso, tanto en términos de cantidad (extracción) como de calidad (contaminación); las emisiones del sector energía están fuertemente acopladas al crecimiento del PIB y de la población; los países de América Latina están sumándose a la tendencia mundial de promoción de la eficiencia energética y de las energías renovables modernas, y el uso del suelo y el impacto ambiental de la producción agropecuaria son un tema clave en los países de Mercosur, Chile y México.
Las recomendaciones del Informe en materia de políticas y fortalecimiento institucional son: el mayor desafío es adaptar la institucionalidad disponible para ampliar la escala de las experiencias locales exitosas de promoción de la eficiencia en el uso de los recursos (pasando de una lógica de casos o prácticas locales a un enfoque de políticas); un uso más eficiente de los recursos que sea sostenible e inclusivo, implica un rol de liderazgo, articulación, regulación y control por parte del estado; las políticas públicas por sí solas no alcanzan, deben de implementarse promoviendo espacios de cooperación público-privada y acuerdos con actores múltiples; para integrar el enfoque de eficiencia de los recursos en el diseño de las políticas públicas es imprescindible fortalecer capacidades de investigación y la disponibilidad de estadísticas ambientales; los sistemas de regulación nacional y las estrategias productivas deben de considerar el uso eficiente y sustentable del suelo y el impacto socioambiental de la producción agropecuaria; mejoras en la ingeniería institucional y regulatoria y la introducción de incentivos al uso racional del agua son herramientas exitosas para un uso eficiente del recurso; la incorporación de la eficiencia energética y el aprovechamiento energético de la biomasa requieren de esfuerzos específicos adicionales, y es necesario revisar las estrategias nacionales de desarrollo incluyendo iniciativas de respuesta al cambio climático en los escenarios futuros.
En Morelos, el camino para un eficiente uso de recursos es la innovación, ya sea de bajo o de alto contenido tecnológico. Es necesario establecer programas estatales con financiamiento público para encontrar en nuestras empresas e industrias los elementos de gestión o tecnológicos que aumenten la productividad. ¿Cuáles serán las innovaciones que presentará el gobierno en el Presupuesto de Egresos del 2012 para que se puedan realizar muchas más acciones de beneficio socioeconómico en el estado?

15 ago. 2011

Desigualdad y Poder

publicado en La Jornada Morelos el 15 de agosto de 2011

Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente se piensa en la desigualdad económica y, sobre todo, en la desigualdad en el ingreso. Sin embargo, existe un tipo de desigualdad fundamental –acumulativa de genera¬ción en generación– que se relaciona con la propiedad diferenciada de bienes y recur¬sos para la producción o para la obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, bienes de capital y recursos financieros. Finalmente, la desigualdad es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder, nos señala Clara Jusidman en su artículo sobre “Desigualdad y política social en México”, Nueva Sociedad N° 220, marzo-abril de 2009, ISSN: 0251-3552. Además, expone que la desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se manifies¬ta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias.
Los estudios sobre la desigualdad –y, se podría agregar, también las políticas sociales– han escogido alguna de esas tres opciones, señala Jusidman: los recursos y las capacidades de los individuos, las relaciones que se establecen entre ellos o las estructuras sociales. Las teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y recursos entre las personas, las teorías interaccionistas enfatizan las pautas de relaciones y los intercambios desiguales, y las teorías holísticas se han concentrado en las características asi¬métricas de las estructuras sociales. La desigualdad, ya muy alta en México, podría ser incluso más grave si se ajustaran las mediciones. En particular, la fuerte evasión en las declaraciones de ingresos de las grandes empresas y de la es¬peculación financiera, junto con la creciente participación de las actividades ilegales y criminales, hacen que los ingresos de los estratos más ricos de la población se encuentren subestimados.
La gran complejidad y el origen multifactorial de la desigualdad en México no pueden enfrentarse con programas públicos simples, unidireccionales y únicos; demandan voluntad política para superar el problema, además de una capacidad de diálogo con los grupos que formulan interpretaciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones, apunta Jusidman. Requieren una participación activa de la población, de modo que la intervención del Estado refleje sus de¬mandas, intereses e inquietudes y se convierta verdaderamente en una política pública, en lugar de limitarse a programas gubernamentales definidos solo por los grupos a cargo de los gobiernos de turno. Por su complejidad, el com¬bate a la desigualdad requiere articular varios instrumentos de política de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. En el fondo, significa transformar relaciones asimétricas de poder.
Plantea Jusidman que los programas sociales vigentes forman un complejo entramado cuyo origen se encuentra en las diferentes concepciones sobre la responsabilidad social del Estado desarrolladas a lo largo de diferentes momentos de la historia re¬ciente de México. Se trata de programas sociales de distintas generaciones que se han ido superponiendo, en algunos casos construidos a partir de pre¬misas que han experimentado grandes modificaciones. El análisis de la evolución de las prioridades y estrategias de política social permite observar el cambio de paradigma: la idea de la política social como el instrumento mediante el cual el Estado cumple sus obligaciones en ma¬teria de derechos sociales, redistribuye la riqueza y el ingreso por vía del gasto social e incluye a sectores de la población históricamente excluidos, fue reemplazada por un paradigma de regulación de las familias en situación de pobreza que descansa en una concepción asistencialista de los servicios sociales, vistos como un campo de negocios para las empresas privadas, aun cuando se trate de micronegocios.
Una política social para el siglo XXI que apunte a abatir la desigualdad debería comenzar por la recuperación del concepto de Estado: el Estado además de sancionar y respaldar los derechos de la ciudadanía en un régimen democrático, por medio de su sistema legal e instituciones, sanciona y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus habitantes. Propone Jusidman que esa política tendría que partir del reconocimiento de la universalidad efec¬tiva de los derechos a la alimentación, la seguridad social, la salud, la edu¬cación, la vivienda y los servicios básicos de saneamiento, los derechos al trabajo y del trabajo y a un ingreso básico. Significaría definir con claridad en la legislación las garantías sociales en las que se traducen esos derechos y los planes y programas, así como los estándares básicos que deberán ir cubriéndose, de manera progresiva, hasta alcanzar la protección universal, a partir de la utilización del máximo de recursos disponibles.
En Morelos las políticas públicas contra la desigualdad deben contemplar la participación de la población en su diseño, eje¬cución y evaluación, incluir una estrategia paralela de desa¬rrollo de oportunidades de tipo productivo, construir ciudadanía, y desarrollar participación, responsabilidad y solidaridad. Se debe fortalecer el tejido social en las comunidades.

8 ago. 2011

Entender los eventos extremos

publicado en La Jornada Morelos el 8 de agosto de 2011.
Todos los días estamos expuestos a sufrir un accidente, ya sea en la cocina, el coche, el trabajo, la escuela e incluso el hospital. Esperamos que éste sea menor y podamos continuar con nuestra rutina. Sin embargo, éste puede tan serio que cause una ruptura en nuestro patrón de vida y aún terminar con ella. Para disminuir la probabilidad de tenerlos hay que tomar precauciones bien conocidas; por ejemplo, fijarse antes de cruzar la calle, abrocharse el cinturón antes de que se mueva el vehículo o no dejar cuchillos desatendidos. Adicionalmente, existen eventos extremos que tienen dos características: son inusitados, fuera de nuestra experiencia diaria, y pueden cambiar drásticamente nuestra forma de vida. Ejemplos son, de origen natural, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas o asteroides chocando con la tierra, o de origen humano, pandemias, fugas de petróleo, ataques terroristas, crisis financieras o desabasto de alimentos.
John Casti, del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados, en Austria, escribió un documento sobre las “Cuatro Caras del Mañana”, como una contribución al proyecto que sobre “Futuros Shocks Globales” tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que fue publicado en febrero de este año. Presenta un panorama de los conceptos e ideas que definen a un evento extremo y explora varios métodos para anticipar y aún predecir algunas veces su ocurrencia. El énfasis en su documento es sobre eventos sociales más que sobre los naturales y la aportación principal es su método de análisis estructural para descomponer el problema en elementos que sí puedan ser atendidos.
Todo evento está caracterizado por dos periodos de tiempo, nos asegura Casti. El primero mide el tiempo en que se desarrolla, desde su inicio a su fin; por ejemplo, un terremoto pude durar segundos o minutos, y una crisis financiera puede durar meses o años. El segundo mide el tiempo en que se siente el impacto del evento; por ejemplo, en el choque de un asteroide su efecto puede sentirse por miles de años, y en un huracán puede sentirse por meses o años. También, el propio desarrollo de los eventos extremos tienen características para su seguimiento: estadísticas, cuando se tiene la suficiente información; dinámica, porque son procesos que siempre están fuera de equilibrio; evolución, ya que cambian drásticamente el sistema sobre el que actúan; más relevancia del efecto que de la causa, por la incidencia que tienen en el comportamiento de la vida humana; la sola posibilidad del evento, porque la magnitud y efecto del evento junto con la seguridad de no tener los elementos para solventar sus efectos puede impedir la acción, y los protocolos de reacción, que típicamente subestiman la posibilidad de su ocurrencia. Finalmente, los temas conceptuales que componen el esquema para analizar eventos extremos, listados por Casti, son: anticipación, predicción, tendencias, análisis de riesgos extremos y modelaje.
Entender cabalmente el concepto de riesgo es fundamental en este tema, señala Casti. Se define al riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento negativo y la severidad de las consecuencias si éste ocurre. En cada ocasión debemos definir con la mayor precisión posible los conceptos probabilidad, negativo y severidad.
Cualquier evento extremo, ya sea de tipo natural, económico o ambiental, influye negativamente en el comportamiento social de las personas. Casti define dos etapas fundamentales, se empieza con intranquilidad social y pueden seguir los disturbios sociales. Asimismo, los disturbios sociales tienen dos niveles estructurales: primero, la falta de confianza en la habilidad de las instituciones para resolver los problemas en cuestión y, segundo, el miedo a lo que depara el futuro. Por lo que cualquier método que pretenda proveer señales tempranas de posibles intranquilidades sociales debe considerar estos dos factores. Además, en la medida que crece la diferencia entre las expectativas de la sociedad y la realidad, el ánimo de la sociedad se deteriora hasta que brota la violencia e incluso las revoluciones. Cómo medir el crecimiento de esta diferencia es fundamental para evitar transitar de la intranquilidad a los disturbios civiles; en cada situación debemos encontrar un indicador que nos mida el deterioro social.
Considera Casti que, entonces, la pregunta fundamental es cómo identificar las señales tempranas de un evento catastrófico. Conceptualmente significa que es posible tener un procedimiento sistemático para predecir sorpresas, lo que es paradójico. Sin embargo, sabemos que muchas cosas pueden pasar en el futuro pero algunas son más posibles y distinguir sus diferencias es el trabajo a realizar.
El ánimo social es un indicador temprano de los eventos sociales de todo tipo, asevera Casti. Por lo que desarrollar herramientas para medir y calibrar el ánimo social es un área de investigación de gran importancia. Las encuestas son un primer esbozo del tipo de herramientas necesarias.
En Morelos es importante establecer un programa que considere los siguientes aspectos: identificar el ánimo social en función de indicadores sociales específicos, diseñar una base de datos de indicadores sociales a partir de la cultura popular y conocer si existe algún patrón fijo, conocer las condiciones que podrían iniciar un cambio en el ánimo social, y reconocer la importancia de la economía y de la inequidad en el ánimo social. De esta forma se puede disminuir la posibilidad de ocurrencia de un evento extremo en nuestra sociedad.

1 ago. 2011

Promover la demanda de innovación

publicado en La Jornada Morelos el 1 de agosto de 2008
Los gobiernos de los países industrializados han seguido políticas que predominantemente se centran en aspectos macroeconómicos, como políticas monetarias y fiscales, y condiciones estructurales, como competencia y exenciones fiscales, para apoyar la demanda del mercado y evitar distorsiones. En este contexto, la demanda de innovación proviene de impulsar la entrada de empresas con mejores productos o servicios que provean necesidades no satisfechas o latentes. Sin embargo, algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como Finlandia y Australia, y de economía emergente, como China y Brasil, están empleando políticas públicas enfocadas a promover la demanda de innovación, como compras públicas, regulación, estándares e incentivos al usuario.
La OCDE publicó en mayo de este año el libro titulado “Políticas para Promover la Demanda de Innovación” (Demand-side Innovation Policies, ISBN 978-92-64-09887-9) que presenta cómo el uso de ciertas políticas públicas puede aumentar la demanda de innovaciones por las empresas y las sociedades. El interés en el tema surge al reconocer la importancia de los vínculos de retroalimentación entre la oferta y la demanda en los procesos de mejora de productos y servicios. El enfoque tradicional de establecer políticas que impulsen la oferta de innovaciones no ha logrado los niveles requeridos de productividad y competitividad.
La evidencia recolectada por la OCDE en este libro sugiere que el éxito de las políticas para promover la demanda de innovación depende de dos factores principalmente: Primero, como el gobierno es sólo uno de los actores que influencian la demanda, la acción emprendida debe ser eficiente presupuestalmente y además mejorar el bienestar social; así como, considerar que la dinámica de la innovación depende directamente del sector económico considerado. Segundo, conocer las implicaciones que este tipo de políticas tienen en el sector público ya que se requieren las mejores prácticas gubernamentales y una coordinación ejemplar entre departamentos gubernamentales y organismos públicos. También, es esencial la alineación con las necesidades y prioridades de la industria y otros actores principales para compartir visiones y establecer planes de desarrollo comunes.
Implantar y operar estas políticas requiere que la administración pública asuma un rol primordial a través de las siguientes acciones, señala la OCDE:
La procuración de bienes y servicios innovadores por dependencias y organismos públicos es fundamental, ya que por su gran volumen de compras pueden jalar su demanda y dar una clara señal a otros usuarios y proveedores. Sin embargo, establecer adecuadamente esta acción es un gran reto por la actual fragmentación de las compras gubernamentales, por la falta de información sobre los mejores bienes y servicios innovadores y por la posible distorsión en la competencia entre empresas.
El establecimiento de una reglamentación apropiada favorecerá la emergencia de nuevas tecnologías que tendrán grandes consecuencias económicas, por lo que adicionalmente debe analizarse con cuidado los efectos, la oportunidad y la temporalidad de su puesta en marcha. También, requiere una coordinación adecuada entre los reguladores y los diferentes actores.
La puesta en operación de estándares puede ser utilizada para facilitar la entrada de una innovación en el mercado o la difusión de innovaciones en caso de fallas en el mercado. El establecimiento de estándares es principalmente la responsabilidad de organizaciones industriales y técnicas no lucrativas. Además, muchos estándares tecnológicos están impuestos a nivel internacional, lo que hace riesgoso fijarlos para facilitar compras nacionales dado el rápido cambio tecnológico y la dinámica del mercado global.
El precio es muy importante para la creación y para la difusión de innovaciones. El gobierno puede facilitar la difusión de innovaciones en los mercados a través de políticas específicas de competencia, reglamentos y estándares. También, el establecimiento de políticas en el consumo de innovaciones por los usuarios y en el desarrollo de innovaciones por los especialistas es de creciente importancia.
La OCDE recomienda las siguientes políticas para impulsar la demanda de innovación: conocer previamente las necesidades de los sectores económicos; determinar la escala, oportunidad y temporalidad de las intervenciones; combinar adecuadamente las políticas en la demanda y en la oferta de innovaciones; incrementar la capacidad de innovación para satisfacer demandas de la sociedad local y aún a nivel internacional; adecuar los incentivos y el marco regulatorio para fomentar la adquisición de innovaciones por el sector público, en línea con principios de buena gobernanza, transparencia y solvencia comprobada; evaluar la racionalidad y oportunidad de la intervención; movilizar a la administración pública a través de incentivos, reformas administrativas y capacitación y, finalmente, capacitar a los consumidores para involucrarlos en la creación y difusión de las innovaciones.
En Morelos es fundamental que el gobierno y la sociedad civil consideren con cuidado dichas políticas y promuevan la demanda de innovación para acceder a la sociedad del conocimiento.