25 abr. 2011

Energía en Estados Unidos 2035

Los Estados Unidos tienen, por un lado, el record mundial en consumo de energía per cápita, así como de emisiones de CO2 a la atmósfera debido a este consumo pero también, por el otro, tienen un excelente desempeño en consumir menos energía por dólar generado internamente. En general, dar seguimiento a las preocupaciones y esperanzas de su sector energético es de gran importancia para todos los países pero para México es fundamental por su dependencia económica y por los grandes volúmenes de petróleo que les exportamos y los grandes volúmenes de gas natural y gasolinas que les importamos.
La Agencia de Información de la Energía del gobierno de los Estados Unidos, publica cada año un reporte con una visión de 25 años sobre la situación energética de su país. Ésta es la instancia encargada de la información estadística del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Por ley, su información, análisis y predicciones son independientes de cualquier organismo gubernamental (www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/).
Señala que el mercado de la energía en Estados Unidos sigue deprimido de acuerdo con la crisis económica de 2007, 2008 y 2009. La generación de electricidad disminuyó 1 por ciento en 2008 y otro 3 por ciento en 2009. Aunque afectaron otros factores como un clima benigno, es la primera vez en 60 años que la generación de electricidad disminuyó dos años consecutivos.
Considera que los factores más influyentes en los mercados energéticos de los Estados Unidos serán el ritmo de la recuperación económica, los impactos remanentes en proyectos energéticos intensivos en capital y la posible aprobación de leyes ambientales que afecten el uso de la energía. La Agencia presenta principalmente un caso de referencia, donde las fuerzas predominantes en los últimos años continúan igual en el futuro cercano. Sin embargo, explora los impactos de incertidumbres económicas importantes en áreas de mercado, de tecnologías y de políticas.
Los resultados más importantes que presenta son un crecimiento moderado en el consumo de energía, un fuerte aumento en el uso de energías renovables, una disminución en el uso de combustibles líquidos de importación, un muy fuerte aumento en la producción nacional de gas seco y un lento crecimiento en las emisiones de CO2 por el consumo de hidrocarburos ante la ausencia de nuevas políticas específicas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, realiza un análisis de sensibilidad sobre el caso de referencia en temas de relevancia: continuo avance en las leyes y regulaciones federales y estatales, mejoras en la eficiencia del uso final de la energía, diferentes supuestos sobre el desarrollo de la producción nacional del gas natural seco, retiro de plantas nucleoeléctricas a los 60 años de operación, la relación entre los precios del gas natural y del petróleo en sus mercados locales, y las tendencias en los precios mundiales del petróleo.
Concluye que, según la tendencia, el consumo de energía primaria en los Estados Unidos se incrementará en 14 por ciento entre 2008 y 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 0.5 por ciento y equivale a sólo una quinta parte de la tasa de crecimiento económico anual esperada del 2.4 por ciento. La diferencia entre las dos tasas se debe a la esperada continua mejora en la intensidad energética, medida como el consumo de energía por unidad de producto interno bruto. También, proyecta que aumentará significativamente la producción de combustibles renovables para la generación de electricidad y para la producción de combustibles para el sector transporte, debido a los incentivos ya establecidos en programas federales y estatales y a los continuados altos precios de los combustibles fósiles. Sin embargo, indica que los combustibles fósiles seguirán abasteciendo la mayoría de los requerimientos en los Estados Unidos; su participación pasará del 84 por ciento en 2008 al 78 por ciento en 2035.
Señala que la participación de las energías renovables podría incrementar si continúa un decidido apoyo a su desarrollo y podría alcanzar entre 61 o 65 por ciento del aumento de la generación de energía entre 2008 y 2035, en lugar del tendencial 45 por ciento. El papel de los combustibles fósiles podría disminuir todavía más si los autos eléctricos o que utilizan gas natural penetran significativamente el mercado, si los precios del petróleo se incrementan aún más, y si se ponen en marcha acciones al crecer las preocupaciones sobre el cambio climático o sobre la seguridad energética.
El crecimiento en la producción doméstica de gas natural seco es uno de los más dinámicos en la historia de los mercados energéticos de los Estados Unidos, señala. La regasificación de gas natural licuado proveniente del exterior ha dejado de ser un tema de interés y de inversiones. Ahora, las incógnitas importantes son si las reservas nacionales de gas natural seco son grandes o muy grandes, si el nivel de precio requerido para sostener su desarrollo será mantenido, y si aparecerán factores técnicos o ambientales que frenen su desarrollo.
En el caso de referencia, las emisiones de CO2 por el consumo de energía aumentarán un 0.3 por ciento anual del 2008 al 2035, o un total de 9 por ciento.
En conclusión, los Estados Unidos han aumentado expectativa de crecimiento económico, al pasar de una tasa anual esperada del 2.0 por ciento para el PIB, al 2.4 por ciento. Confían que incrementarán su eficiencia en el consumo de energía y, así, el aumento en las emisiones de CO2 a la atmósfera será pequeño. Por lo tanto, anuncian su nulo interés en alcanzar un acuerdo vinculante para reducir los efectos del Cambio Climático.
Actuemos para que México no tome este camino y siga impulsando acciones contra este fenómeno catastrófico para la humanidad.

18 abr. 2011

Estrategias en Salud

Hace dos meses terminamos esta columna planteando interrogantes sobre la situación real de la cobertura universal de salud en México y Morelos. No se conoce públicamente y con amplitud el avance en tres dimensiones: ¿Quién está cubierto?, ¿qué servicios están cubiertos? y ¿cuál es la proporción de gastos cubiertos? Con relación a la cobertura, el Censo de Población y Vivienda 2010 nos informa sobre la condición de derechohabiencia a servicios de salud.
En total somos 112 millones 336 mil 538 personas en México, de los cuales el 65 por ciento es derechohabiente, el 33 por ciento no lo es y el 2 por ciento no especificó. De los derechohabientes, el 48 por ciento está en el IMSS, el 35 por ciento está en el Seguro Popular, en el Seguro para una Nueva Generación o en el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud, el 8 por ciento en el ISSSTE, el 3 por ciento en Pemex, Defensa o Marina, el 3 por ciento en Instituciones Privadas, el 2 por ciento en Otras Instituciones privadas o públicas, y el 1 por ciento en el ISSSTE Estatal. Las cifras son aproximadas ya que existe población con derecho de servicio en más de una institución.
En el caso de Morelos, residimos 1 millón 777 mil 227 personas, de los cuales el 63 por ciento es derechohabiente, el 35 por ciento no lo es y el 2 por ciento no especificó. De los derechohabientes, el 44 por ciento está en el Seguro Popular, en el Seguro para una Nueva Generación o en el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud, el 41 por ciento está en el IMSS, el 11 por ciento en el ISSSTE, el 2 por ciento en Instituciones Privadas, el 1 por ciento en Otras Instituciones privadas o públicas, el 0.7 por ciento en Pemex, Defensa o Marina, y el 0.3 por ciento en el ISSSTE Estatal. También, las cifras son aproximadas ya que existe población con derecho de servicio en más de una institución.
Además de la dificultad en entender las diferencias entre los tipos de instituciones, podemos concluir que en Morelos la calidad de la derechohabiencia es inferior al promedio nacional, ya que la mayoría de los morelenses dependen del Seguro Popular, el Seguro para una Nueva Generación o el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud; cuyos servicios y financiamiento son inferiores al IMSS o al ISSSTE.
Sin duda, uno de los retos fundamentales para el avance de la sociedad mexicana es comprender y mejorar al Sistema Nacional de Salud. Un esfuerzo significativo es el realizado por Enrique Ruelas Barajas y Antonio Alonso Concheiro, en su libro “Los Futuros de la Salud en México 2025”, publicado por el Consejo de Salubridad General en 2010. El contenido de este libro deriva, en gran parte, de los resultados de un proyecto que desarrolló la Subsecretaría de Innovación y Calidad, de la Secretaría de Salud, denominado “Prospectiva del Sistema Nacional de Salud al año 2050”. En dicho estudio participaron 900 expertos de diferentes profesiones relacionadas con la atención a la salud.
En una próxima entrega analizaremos el método utilizado y los escenarios obtenidos del estado de la salud en México del presente al año 2050. Hoy nos enfocaremos a las recomendaciones estratégicas que Ruelas y Alonso plantean para superar el presente y acercarnos a un mejor futuro en materia de salud para los mexicanos: tanto por razones económicas como por sentido común, el Sistema Nacional de Salud deberá transitar en el futuro de un sistema predominantemente curativo a otro esencialmente preventivo y enfocado en la promoción de la salud; alcanzar un sistema integrado “sin costuras”, donde los usuarios no se encuentren en cajones heterogéneos de los que difícilmente pueden escaparse; ser equitativo geográficamente, por niveles de ingreso, por condiciones laborales e institucionalmente; incrementar el financiamiento y al mismo tiempo contener los costos del sector salud, ya que los gastos en salud per cápita en México son relativamente bajos pero las necesidades sin duda aumentarán; contar con información veraz, confiable, oportuna y de fácil acceso para su operación en el futuro; rediseñar el sistema, a uno abierto y orientado a la innovación, para adaptarse a las futuras necesidades de atención y a la respuesta social; adaptar los modelos de prestación de salud a la descentralización de la atención hacia los estados e incluso hacia los municipios; contender con el envejecimiento de la población y garantizar un retiro digno; reorientar el sistema hacia los usuarios y no como ahora que está basado en las necesidades del personal de salud y de las instituciones; enfocar a servicios con calidad y efectividad más que a ampliar la cobertura; propiciar la investigación y el desarrollo de conocimientos y tecnologías propias para evitar la franca dependencia que se tiene del exterior; encontrar mecanismos ágiles que permitan adaptar con rapidez la legislación y las regulación vigentes a la era de los cambios acelerados en tecnologías de información y del propio sector, y convertir el actual sistema fundamentalmente reactivo a uno proactivo que esté acoplado a la sociedad del conocimiento.
Apliquemos estas trece estrategias en Morelos para aumentar la cobertura, mejorar los servicios y reducir los gastos en salud.

11 abr. 2011

Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos

Nunca tantas personas habíamos percibido una separación tan amplia entre el gobierno y los ciudadanos. El desarrollo económico lento, el incremento brutal de la violencia, la toma de decisiones públicas con visión exclusiva de partido político, la incipiente capacidad de gestión de nuestras instituciones y el bajo nivel educativo promedio, entre otros, no permiten que alcancemos una sociedad pacífica, solidaria, tolerante, digna y dialogante. Por eso el actual éxito en todo el país de la frase de Javier Sicilia: “…estamos hasta la madre…”
Considero que no existe otra salida en el presente que involucrar urgentemente a la sociedad toda en las acciones de gobierno. Debemos cambiar la gobernanza en Morelos y en México para que cada uno de los ciudadanos tengamos obligaciones y derechos para salir de la terrible crisis en que nos encontramos. Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos. El problema no es nuevo a nivel mundial y existen muchas propuestas, seleccionemos las acciones apropiadas para nuestras condiciones. Hoy analicemos una.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en agosto de 2010 una serie de monografías regionales sobre sus actividades en el área de administración pública y gobernanza local. Señalan que la calidad de la administración pública y la efectividad gubernamental varían significativamente en Latinoamérica y el Caribe. Brasil y Chile han podido institucionalizar una administración pública basada en méritos, transparencia y solvencia comprobada. Otros, como Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y la mayoría de los países del Caribe, sólo empiezan a aplicar reglas basadas en méritos, a implantar ciertas reformas en la administración pública y a enfocarse en incrementar su capacidad para alcanzar una gobernanza democrática. El resto continua trabajando para consolidar procesos de reforma.
El PNUD señala que los retos principales que enfrenta hoy la región son promover el crecimiento económico y el empleo y mejorar los servicios sociales y la seguridad pública. Nos plantea que éstos no pueden ser enfrentados solamente por reformas en la administración pública de los gobiernos centrales. Se requiere de una mejor gestión del sector público y de una participación más activa en la gobernanza democrática de ciudadanos que provengan de todos los confines de la sociedad. Algunas de las acciones principales son: situar los objetivos institucionales de desarrollo por arriba de los objetivos de los partidos políticos; aumentar la autoridad para la identificación y la recolección de impuestos a nivel local; alcanzar consensos en las reformas de las leyes para el servicio civil en los niveles estatal y municipal; mejorar ampliamente las capacidades de los gobiernos estatales en transparencia y gestión financiera eficiente, y facilitar y apoyar los procesos de decisión y de acción ciudadana para enfrentar el crecimiento económico y los retos sociales.
También, el PNUD presenta reportes anuales sobre “El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones”. En su reporte de 2008 señala que si el desarrollo humano es el qué de su mandato, el fomento de la capacidad es el cómo. Definen el fomento de la capacidad como el proceso por medio del cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo. El PNUD trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados en 166 países para fomentar el desarrollo humano ayudando a las personas a acceder a los conocimientos, la experiencia y los recursos que necesitan para forjar vidas mejores.
La gobernanza democrática está sustentada en, según el PNUD: apoyo normativo, desarrollo parlamentario, sistemas y procesos electorales, justicia y derechos humanos, gobernanza electrónica y acceso a la información, descentralización, gobernanza local y desarrollo urbano y rural, reforma de la administración pública, y lucha contra la corrupción. Además, desglosa los costos sociales y económicos que deben ser considerados: valor de los bienes y servicios utilizados para abordar o prevenir la violencia (médicos, policiales, sistema de justicia penal, vivienda y servicios sociales); costos no monetarios (penuria y sufrimiento, aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad causada por homicidios y suicidios, uso indebido de alcohol y drogas, y trastornos depresivos); efectos multiplicadores económicos (macroeconómicos, sobre el mercado de trabajo y sobre la productividad intergeneracional, menor participación en el mercado de trabajo, menor productividad en el empleo, menores remuneraciones, mayor ausentismo, efectos sobre la productividad intergeneracional por repetición de grados y bajos niveles de educación, reducción de las inversiones y el ahorro, y fuga de capitales), y efectos multiplicadores sociales (efectos sobre las relaciones interpersonales y la calidad de vida, transmisión de la violencia de generación en generación, peor calidad de vida, erosión del capital social y menor participación en el proceso democrático).
En Morelos y México podemos considerar, entre otros, el manual del PNUD para el empoderamiento de la sociedad civil en torno al desarrollo local incluyente, cuyo objetivo es identificar el aporte de los actores locales, estatales y nacionales, así como las herramientas necesarias para impulsar procesos sostenibles de desarrollo económico local con inclusión social. Las preguntas que debemos contestar son: ¿Cuáles son los factores desencadenantes de un proceso sostenible de desarrollo económico local en el estado, que respete las diferentes perspectivas étnicas que lo conforman? ¿Qué aporte deben realizar los diferentes actores (gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil) en el impulso a un proceso de desarrollo económico local incluyente? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación existentes entre el nivel estatal y nacional que permiten generar un desarrollo económico local incluyente y sostenible? ¿Cuáles son las herramientas y las alternativas a través de las cuales los sectores de población en situación de pobreza y desplazamiento puedan incluirse a los procesos de desarrollo económico local de manera integral? En el marco de la actual crisis mundial, ¿puede el gasto público (nacional y estatal) impulsar procesos de desarrollo local incluyente y sostenible? ¿Quiénes deben pagar el desarrollo económico local? ¿Cómo contribuyen al desarrollo económico local incluyente el tipo de políticas que se están impulsando?
El problema del país y del estado es un problema de gerencia pública, de cultura ciudadana y de falta de actitud de la gente, nos señalan: no podemos pensar que haciendo lo mismo obtengamos resultados diferentes; sólo con la tierra la gente no va a salir adelante; las cosas no son como las sueña el planificador, sino como la gente las quiera hacer; como los recursos son escasos, el dinero debe ser ajustado a esfuerzos y corresponsabilidad de la gente, y confianza con reconocimiento a los actores locales.
Los puntos de encuentro que sugiere el PNUD son: fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones sociales; participación real, democrática, profunda, efectiva, que sirva en la concertación de políticas; gestión del desarrollo, como capacidad de gobernabilidad y desde la capacidad instalada; proceso de empoderamiento desde la sociedad civil, desde la vinculación; robustecer, clarificar y validar por el gobierno la democratización de la inversión pública y la participación de los actores vinculados al proceso (que sean las propias comunidades organizadas que definan hacia donde se orientan los recursos para el desarrollo), e inclusión de los jóvenes en los planes de desarrollo.
Por el bien de Morelos y de México, construyamos nuestros puentes entre el gobierno y los ciudadanos.

4 abr. 2011

Política pública en salud.

La salud es elemento fundamental en el desarrollo de los individuos y de la sociedad. Implantar políticas públicas que permitan conocer el estado de salud de las personas y establecer programas, objetivos y metas para alcanzar una sociedad más saludable es una obligación gubernamental ineludible. Como ya hemos analizado en esta columna, el tema de salud es multifactorial y se debe actuar en paralelo en temas como cobertura, calidad, prevención, abasto de medicinas, educación y presupuesto suficiente, entre otros. Dichas políticas públicas no deben ser un ejercicio sólo del gobierno sino que deben ser elaboradas con la sociedad civil. Además, una mejora en la salud general de la población sólo se puede alcanzar en el mediano y largo plazos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSD por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos, durante las tres últimas décadas, ha publicado una agenda nacional para mejorar la salud de los estadounidenses en términos de 10 años. Hace un año, publicaron la propuesta llamada “Personas Saludables 2020” que establece una guía que permitirá: identificar las prioridades en salud a nivel nacional; aumentar el interés y la comprensión públicos de los determinantes de la salud, enfermedades, discapacidades y oportunidades de progreso; proveer de objetivos y metas medibles aplicables a niveles nacional, estatal y municipal; involucrar a múltiples sectores para tomar acciones que refuercen políticas y mejoren prácticas que estén soportadas en la mejor evidencia y conocimiento disponibles, e identificar las necesidades críticas de investigación y recolección de información. También, las metas generales incluyen alcanzar la equidad en salud y la eliminación de disparidades; crear ambientes sociales y físicos que promuevan la salud, y promover la calidad de vida, el desarrollo saludable y los hábitos saludables durante cada etapa de la vida.
Sin embargo, la agenda “Personas Saludables 2020” tenía 42 temas y cerca de 600 objetivos particulares, por lo que el HHSD le solicitó al Instituto de Medicina de los Estados Unidos (institución equivalente a la Academia Nacional de Medicina en México) que revisara los objetivos y recomendara indicadores líderes que focalizaran las acciones de dicha agenda. Así, el mes pasado, publicaron el reporte “Indicadores Principales de Salud para Personas Saludables 2020” que establece tan sólo 12 temas con 12 indicadores claves y selecciona exclusivamente 24 objetivos que son críticos para las necesidades en salud y permiten guiar a la política pública.
En el tema de acceso a la atención, el indicador es la proporción de la población con acceso a los servicios de salud y tiene tres objetivos: incrementar la proporción de personas con seguro, incrementar la proporción de personas con un proveedor de cuidado primario regular e incrementar la proporción de personas que reciben servicios preventivos de salud apropiados.
En el tema de comportamientos saludables, el indicador es la proporción de la población que está comprometida con comportamientos saludables y tiene cuatro objetivos: incrementar la proporción de adultos que cumplen con los lineamientos federales de actividad física, reducir la proporción de niños y adolescentes que son obesos, reducir el consumo de calorías de grasas sólidas y azúcares añadidos en la población de dos años y mayores e incrementar la proporción de adultos que duermen lo suficiente.
En el tema de enfermedades crónicas, el índice es la prevalencia y mortalidad de enfermedades crónicas y tiene tres objetivos: reducir el número de muertes por enfermedades coronarias, reducir la proporción de personas en la población con hipertensión y reducir la tasa general de muertes por cáncer.
En el tema de determinantes ambientales, el índice es la proporción de la población que disfruta de un ambiente físico saludable y tiene un objetivo: reducir el número de días que el índice de calidad del aire excede el valor satisfactorio.
En el tema de determinantes sociales, el índice es la proporción de la población que disfruta de un ambiente social sano y tiene tres objetivos: mejorar la cultura en salud de la población, incrementar la proporción de niños que tienen un desarrollo en salud apropiado para ir a la escuela e incrementar los logros educativos de adolescentes y adultos jóvenes.
En el tema de accidentes, el índice es la proporción de la población que sufre accidentes y tiene un objetivo: reducir el número de accidentes fatales y no fatales.
En el tema de salud mental, el índice es la proporción de la población que goza de salud mental positiva y tiene un objetivo: reducir la proporción de personas que sufren episodios depresivos mayores.
En el tema de salud infantil y materna, el índice es la proporción de nacimientos saludables y tiene un objetivo: reducir los nacimientos de niños con bajo y muy bajo peso.
En el tema de comportamiento sexual responsable, el índice es la proporción de la población involucrada en comportamiento sexual responsable y tiene dos objetivos: reducir la tasa de embarazo de adolescentes e incrementar la proporción de personas sexualmente activas que utilizan condón.
En el tema de abuso de sustancias tóxicas, el índice es la proporción de la población que consume sustancias tóxicas y tiene dos objetivos: reducir el uso en el mes anterior de sustancias ilícitas y reducir la proporción de personas que consumen bebidas alcohólicas.
En el tema del tabaco, el índice es la proporción de personas que consumen tabaco y tiene dos objetivos: reducir el consumo de tabaco por adultos y reducir el inicio del consumo de tabaco entre niños y jóvenes.
En el tema de calidad en la atención, el índice es la proporción de la población que recibe servicios de salud de calidad y tiene un objetivo: reducir el número de infecciones transmitidas en los servicios.
El HHSD concluyó que los indicadores y los objetivos seleccionados deben contribuir a despertar el interés y la atención del público en general; motivar a diversos grupos de la población a involucrarse en actividades que mejoren ciertos indicadores y, también, a mejorar la salud global de la nación, y proveer retroalimentación para mejorar el estado de los indicadores específicos.
En Morelos, debemos autoridades, academias y sociedad civil establecer nuestros temas, indicadores y objetivos para definir las políticas públicas en salud y determinar las prioridades que deben tener todos los programas y agencias de salud, y usarlas para recolectar la información y reportar las actividades realizadas. Sólo así sabremos realmente cómo estamos avanzando en el mejoramiento de la salud de la población.